El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, declaró que los consejeros y consejeras regionales tienen el gran reto de revertir el escenario actual en el cual el alto número de casos de corrupción en diferentes gobiernos regionales y locales, han agotado la paciencia ciudadana y puesto en serio cuestionamiento el proceso de descentralización, así como la capacidad de las autoridades regionales para llevarlo a buen puerto.
Fue durante la jornada inicial del taller presencial del Programa de Entrenamiento para el Fortalecimiento de las Capacidades de dichas autoridades regionales en el ejercicio de sus funciones de representación, producción normativa y fiscalización, que se realiza desde hoy y hasta el 26 de febrero del presente, organizado por dicha institución.
Ante uno total de 160 consejeros y consejeras regionales representantes de 18 gobiernos regionales, Vega Luna destacó la importancia del rol que cumple el Consejo Regional en la propuesta, deliberación y aprobación de las políticas públicas regionales y de los planes y estrategia de desarrollo de sus localidades y beneficio de la población a la que representan, principalmente las más pobres y vulnerables.
En ese sentido, recomendó a las autoridades “promover mayores espacios de coordinación y concertación intergubernamental para la articulación del desarrollo local, regional y nacional”. Asimismo, impulsar espacios de diálogo con la sociedad civil, a fin de recoger sus prioridades, intereses y expectativas respecto de la gestión regional y, a partir de ello, diseñar políticas públicas que atiendas a sus demandas.
En su discurso En esa línea recordó que es importante vigilar y promover que se implementen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública regional, vitales para combatir la corrupción, devolver la confianza a la ciudadanía y prevenir la conflictividad social en el país, informó la Defensoría del Pueblo a INFOREGIÓN.
El titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo que este Programa de Entrenamiento se pudo realizar por el esfuerzo conjunto de la Defensoría del Pueblo, el Servir, el Programa Usaid/Perú ProDescentralización, el Proyecto ProGobernabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, Unicef, GIZ y las ONGs Prisam e Islas de Paz, con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de capacidades de las nuevas autoridades regionales para garantizar una gestión regional eficaz, eficiente y al servicio de las personas, lo cual, a su vez, permitirá alcanzar los objetivos que orientan el proceso de descentralización: desarrollo integral y sostenido del país, la mejora de la calidad de vida de las personas y la plena vigencia de sus derechos.
