En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra bajo el lema “El acceso a la información y a las libertades fundamentales: ¡Es tu derecho!”, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, dio a conocer la situación que afronta la política de transparencia y la cultura de apertura en distintos países del mundo.
Según el presidente de la SIP, la política de transparencia es necesaria para que la población pueda realizar un seguimiento de las acciones que realizan las autoridades, representando un requisito indispensable para la democracia. No obstante, afirmó que países como Venezuela, Argentina, Bolivia y Costa Rica carecen de la Ley de acceso a la información.
Asimismo, Pierre Manigault también informó la situación de Ecuador, donde el derecho de todo ciudadano a acceder a la información fue bloqueado por el gobierno a través de la aprobación de la ley mordaza en el 2013. Del mismo modo, declaró que en Nicaragua el gobierno no respeta la Ley de acceso vigente desde el 2008, debido a que la distribución discriminada de publicidad oficial impide la libertad de expresión de los periodistas.
Por otro lado, el presidente de la SIP manifestó que en Honduras tanto el Gobierno, la policía y la fiscalía bloquean el acceso a la información de los ciudadanos, mientras que en Puerto Rico las autoridades sólo entregan parte de la información que no afecte sus intereses.
Igual de preocupante es la situación de Estados Unidos donde la Ley de Acceso está en permanente tensión. Por ello, Pierre Manigault indicó que la SIP estará atenta a la decisión de la legislatura del estado de Virginia frente a las iniciativas que buscan restringir el acceso de los periodista a la información de los funcionarios públicos.
Finalmente, el dirigente reveló que esta situación revela los esfuerzos que se deben realizar por promover la aplicación de la ley de acceso a la información pública como un derecho de todo ciudadano que vive en un país democrático. Asimismo, contempló la necesidad de que se establezcan sanciones a los funcionarios que hagan caso omiso a la política de transparencia que los obliga a dar cuenta de las acciones que realizan durante su gestión.
