DUBÁI. La transición energética justa de un sistema impulsado por combustibles fósiles a uno basado en fuentes y tecnologías renovables es uno de los temas imprescindibles en las negociaciones de la COP28. Acaba de iniciar la segunda semana de la conferencia climática, que se desarrolla en Dubái, y habrá que esperar hasta el final a ver si hay buenas noticias.
Por lo pronto, pareciera que hubiera acuerdo de las partes en triplicar la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables para 2030.
El sistema actual de energía representa alrededor del 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de ser perjudicial para el medio ambiente, produce importantes consecuencias en la salud, sobre todo a aquellos grupos humanos más pobres y marginados.
Hacia un sistema energético sostenible
«La transición energética justa es el proceso de transición hacia un sistema energético sostenible y descarbonizado, que garantice la equidad y la justicia social para todas las personas y comunidades afectadas», dice Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
La transición energética justa tiene como objetivos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático; garantizar el acceso a energía limpia, asequible y segura para todas las personas; así como crear empleos verdes y de calidad, entre otros.
Esto pasa también por apoyar a las comunidades que dependen de las industrias extractivas, como la minería y la producción de combustibles fósiles, a que se reconviertan a actividades económicas más sostenibles.
La transición energética justa es un proceso global que requiere la colaboración de todos los actores implicados, desde los gobiernos y las empresas hasta las organizaciones sociales y las personas individuales.
Comunidades indígenas históricamente afectados
Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana han sido históricamente afectados por la explotación de los recursos naturales. El uso extremo del petróleo y el diesel para diferentes actividades cotidianas y económicas pone en riesgo los bosques tropicales, los recursos naturales y las comunidades indígenas.
Tras el Acuerdo de París alcanzado en la COP21, los pueblos indígenas han comenzado a organizarse para exigir una transición energética justa, sin que se pongan en riesgo sus derechos, sus territorios o sus formas de vida.
La Amazonía es una región clave para la lucha contra el cambio climático. Los bosques tropicales absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, por lo que su conservación es esencial para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los pueblos indígenas han desarrollado sistemas de gestión sostenible de los recursos naturales que han permitido conservarla durante siglos.
Participación activa en el proceso de transición energética
La transición energética justa debe respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos, incluido su derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, así como el derecho al territorio. Además, debe contribuir a la conservación de los bosques tropicales. Y, sobre todo, los pueblos indígenas tienen que participar de manera activa en el proceso de transición energética.
«Para nosotras es muy importante aportar y opinar acerca de la transición justa. Los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, y el extractivismo han causado y continúan causando un gran daño en nuestros territorios, perjudicando a nuestra madre naturaleza. Hemos visto comunidades que han sufrido durante 30 o 40 años la extracción de petróleo, sin que se haya distribuido equitativamente este recurso. Si hablamos de justicia, no se ha aplicado de manera fiscal» explica la lideresa indígena que participa en la COP28.
Agrega, «no obstante, consideramos que esta transición justa debe reconocer a la madre naturaleza como sujeto de derecho, así como a las vidas que habitan en nuestros territorios. También debe contemplar la libre determinación de nuestros pueblos. Al hablar de energía renovable, creemos que nuestros pueblos deben ser consultados y se debe obtener su consentimiento».
Soberanía de los pueblos sobre su territorio
Es crucial -agrega- que en la transición hacia una sociedad justa se tenga en cuenta el aporte, el consentimiento, la opinión y las voces de las mujeres y de los pueblos indígenas. Participar en la COP 28 es muy importante para nosotros, y llevamos el mensaje de considerar el enfoque de derechos humanos en esta propuesta de transición justa.
«También es esencial tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, incluido el derecho a la libre determinación de nuestros pueblos», subraya.
Además, Onamiap pide que se considere a los pueblos indígenas como sujetos de derecho dentro de los territorios y se reconozca su ciencia, sabiduría y tecnología ancestral en esta transición justa. “Los pueblos indígenas consideramos a la madre naturaleza como sujeto de derecho, quien nos acoge y tiene vida. Aquí se presenta el desafío de entender que defendemos las vidas que habitan en la madre naturaleza y que ella está viva, siendo necesario protegerla”.
Ketty Marcelo y otras lideresas amazónicas y andinas se encuentran en Dubái y participan en diferentes eventos relacionados con los pueblos originarios. Hablan de cambio climático y cómo afecta su soberanía alimentaria y su identidad con la pérdida de semillas, y otros aspectos como la transmisión de conocimientos, salud y educación. «Para nosotras, todas estas áreas están interconectadas, y miramos el territorio de manera integral, defendiendo todas las vidas que nos rodean», señala.
En busca de una transición energética justa
Durante la Semana Climática de América Latina y el Caribe que se llevó a cabo en octubre en Panamá, los ministros de Ambiente señalaron que uno de sus puntos de agenda en la COP28 era buscar una transición energética justa.
En la COP28 se han hecho ofrecimientos de USD 2.5 mil millones para el desarrollo de energías renovables, USD 1.2 mil millones en reducción de emisiones de metano. Asimismo, más de 50 compañías fósiles se comprometieron a alcanzar cero emisiones y más de 100 países firmaron un compromiso de triplicar la capacidad instalada de energías renovables al 2030. Aplausos, pero todo es relativo.
Por su parte, Perú no cuenta con una normativa que marque una ruta clara sobre las reglas de juego para el camino de la transición energética, que establezca metas, plazos y tareas, que propicien, por ejemplo, proyectos de energía renovable.
*Escribe Alberto Ñiquen desde Dubái
