Desde hace unas semanas, la ciudad de Huaraz viene sufriendo extraños cortes de luz justo cuando se empieza a propalar un programa de investigación periodística que ha puesto en evidencia la total debilidad del Ministerio Público para investigar los hechos de corrupción en que está involucrado el presidente Regional de Ancash, César Álvarez, debilidad que lamentablemente no se reduce al entorno de aquél sino que se extiende también a la investigación y persecución de otros casos emblemáticos de la grave corrupción institucional que hoy corroe a esta región.
Y es que la presencia mediática de Álvarez ha llevado a “invisibilizar” otros hechos que deberían merecer también la atención de la prensa y de las autoridades del Estado, como es el extraño juicio penal que se viene realizando en contra del ex jefe de la División Regional Antidrogas de Huaraz, Víctor Canto Corrales, y otros efectivos de dicha unidad desde mediados del 2007, luego de ser acusados por Juan Carlos Castañeda Sosa de formar parte de una red policial corrupta que favorecía y protegía la comercialización de droga en dicha ciudad.
A pesar de esta grave denuncia, paradójicamente hoy Castañeda Sosa se encuentra en prisión mientras que Canto Corrales fue nombrado en el 2012 Coronel de la Policía Nacional del Perú, dirigiendo nada menos que la Unidad Regional Anticorrupción de Ancash.
Dentro de esta paradoja, existe una verdad que no puede ser ocultada. El presente informe busca precisamente dar cuenta de esta verdad, verdad que hoy trata de ser acallada mediante el encarcelamiento del hombre que la sostuvo durante estos años.
La captura
El 10 de marzo del 2007, en horas de la noche, personal de la Comisaría de Huaraz llevó a cabo un operativo para capturar a micro comercializadores de droga que, de acuerdo a su personal de inteligencia, se dedicaban a la venta de cocaína, PBC y otras sustancias mediante la modalidad de delivery. Para ello, el personal policial estuvo acompañado de la entonces fiscal provincial adjunta de Huaraz, Silvia Paredes Goicochea, encargada de la Tercera Fiscalía Penal de este distrito judicial.
En este operativo, uno de los capturados fue Juan Agustín Portilla Ugaz, quien al momento de su intervención portaba una cartuchera azul con ketes de PBC y marihuana, siendo llevado de inmediato a la sede de la comisaría. Allí, Portilla empezó a recibir algunas llamadas de una persona que le preguntaba cómo le había ido con la venta de la droga, el cual resultó ser Juan Carlos Castañeda Sosa, quien en ese momento se encontraba en la ciudad de Lima.
Para entonces, Castañeda Sosa no era un desconocido para la policía ancashina. Conocido por su alias de “Lagarto”, éste era considerado uno de los principales comercializadores de droga de la ciudad desde algunos años atrás, pesando sobre él una serie de requisitorias y procesos de investigación que, extrañamente, habían sido generalmente archivados, permitiéndole continuar sus actividades sin mayores problemas.
Sin embargo, gracias a las llamadas realizadas a Portilla la fiscal Paredes ordenó su inmediata detención, la que se produjo en el terminal de la empresa “Julio César” al día siguiente, cuando Castañeda regresaba a Huaraz.
Paralelamente a estas capturas, el personal policial encargado de la investigación intervino también las casas de Portilla Ugaz y Castañeda Sosa, así como la de Flaviano Osías Cano Huamán, sindicado por ambos detenidos como la persona encargada de almacenar, preparar y distribuir la droga que le era entregada por el segundo.
En estos domicilios la policía encontró importantes cantidades de droga, deteniendo también en dicho operativo a Herlinda Vargas Ramírez y Malco Lincol Cano Vargas, esposa e hijo de Cano Huamán respectivamente, quienes fueron también incluidos en las indagaciones preliminares.
Una confesión explosiva
Hasta allí, el operativo realizado parecía uno más de los que se llevaban a cabo en Huaraz en esos tiempos, cuando la droga empezó a apoderarse de la ciudad sin que la Policía o el Ministerio Público pudieran hacer mucho para detener su expansión.
Por ello, algunas autoridades pensaban que detrás de todo ello existía una “mano negra” pero poderosa que protegía a los comercializadores de droga y permitía que se dedicaran a sus actividades ilícitas con la mayor impunidad.
Lo que nadie esperaba, sin embargo, es que esta protección podía provenir del propio corazón de la institución encargada de combatir este flagelo, como era la Dirección Regional Antidrogas de Huaraz (en adelante Divandro-Huaraz).
El hilo de este hallazgo fue la extracción de un conjunto de audios de uno de los celulares incautados a Portilla Ugaz, audios que de acuerdo a lo manifestado por éste correspondían a conversaciones sostenidas entre él y un efectivo policial de apellido Sánchez, que trabajaba en las oficinas de la Divandro-Huaraz.
En dichos audios, quedaba claramente que esta persona no solo conocía de las actividades del “Lagarto” y su gente, sino que participaba también de dichas actividades. Preguntados tanto Portilla como Castañeda Sosa sobre el contenido de estos audios, ambos señalaron que podían brindar información al respecto siempre que se pudieran acoger a las figuras de “colaboración eficaz” y “confesión sincera”, y con ello reducir las penas que se les impondría por su ilícita actividad.
En este marco, la fiscal Paredes Goicochea, el procurador adjunto de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos de TID del Ministerio del Interior y ambos procesados iniciaron una serie de negociaciones a fin de que se apruebe su solicitud, en el marco de las cuales Portilla y Castañeda Sosa rindieron manifestaciones ampliatorias que resultaban, por decir lo menos, francamente explosivas: esto es, que la droga que ambos comercializaban les era entregada, en realidad, por efectivos de la Divandro-Huaraz que formaban parte de una red de policías corruptos que dominaba desde tiempo atrás la venta de droga en la ciudad de Huaraz.
De acuerdo a lo manifestado por Castañeda Sosa, desde el año 2002 éste contaba con la protección y el aval de la Divandro-Huaraz para desarrollar sus actividades, actuando como su informante y colaborando con esta entidad en la “captura” de otros comercializadores de droga, a fin de chantajearlos y presionarlos para que se unan a ellos en calidad de informantes o vendedores.
Asimismo, Castañeda agregó que estos malos policías se abastecían de droga apropiándose de parte de las incautaciones hechas a narcotraficantes para venderla por su cuenta a través de terceros. En su caso, la droga le era entregada por el SOT2 PNP Alejandro Bulmaro Sánchez Ramírez, quién además le había presentado a Cano Huamán en octubre del 2006 como persona “de su entera confianza” para que se encargue de administrar la droga que le entregaban.
Junto con este policía, Castañeda Sosa señaló como integrantes de esta red de corrupción interna a los suboficiales Javier Luis Dextre Figueroa y Felipe Segundo Timana López, al Capitán PNP Mauro Zegarra Bravo y, en especial, al propio Jefe de la Divandro-Huaraz, Comandante PNP Víctor Demetrio Canto Corrales, a quienes les habría pagado dinero y comercializado “su” droga a cambio de impunidad.
Más aún, Castañeda Sosa agregó en sus declaraciones que, cuando intentó dejar sus actividades ilícitas a inicios del 2007, estos policías lo chantajearon con denunciarlo y “sembrarlo” de droga, lo que llevó a que el “Lagarto” continúe en la venta de droga contra su voluntad.
Cabe señalar que, de acuerdo a lo que recoge el expediente judicial, las declaraciones de ambos implicados fueron debidamente corroboradas con las manifestaciones de otros comercializadores que habían sido detenidos o afectados por el personal de la Divandro–como José Luis Dongo Núñez- las cuales confirmaron las afirmaciones de Castañeda.
Por otro lado, se tenía lo consignado en el audio del celular de Portilla Ugaz, todo lo cual mostraba la veracidad de lo declarado. Sobre esta base, la fiscal Paredes Goicochea solicitó se proceda a la detención preliminar de dichos efectivos, solicitud que fue aceptada por el Tercer Juzgado Penal de Huaraz y que fue llevada a cabo por personal de la Comisaría de Huaraz, a cargo del Mayor PNP César Horna Odar.
Posteriormente, el Ministerio Público de Huaraz denunció a estos efectivos por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, por encubrimiento personal y por tráfico ilícito de drogas ante el Tercer Juzgado Penal de Huaraz.
Asimismo, la fiscal Paredes incriminó a los suboficiales incluyéndose además a los efectivos Eloy Carrasco Mena, Demetrio Luis Oropeza, Huber Huamán Reyes y Waldemar Robinson Tarazona Cadillo, por haber participado en un operativo realizado en la localidad de Huacchis (provincia de Huari), donde se entregó una bolsa con droga incautada a Teofanes Martel Betancurt, a Castañeda Sosa para que la comercializara, razón por la cual no apareció en el pesaje de la droga decomisada.
Un lagarto atrapado
Gracias a la colaboración eficaz que brindó en este caso, el juez a cargo del Segundo Juzgado Penal de Huaraz, Jesús Ricardo Hinostroza Duque, dictó el 30 de abril del 2008 una sentencia benigna a favor de Castañeda Sosa, condenándolo a una pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, con el carácter de suspendida en su ejecución por el período de tres años, y al pago de cuatro mil nuevos soles por concepto de reparación civil. En base a esta decisión, el 5 de mayo del 2008 el juzgado solicitó la excarcelación del “Lagarto” del Penal de Huaraz, donde se encontraba recluido, lo que obtuvo días después.
Sin embargo, de acuerdo a lo que señala el propio Castañeda, cometió el error de quedarse a vivir en Huaraz con la finalidad de culminar sus estudios universitarios en vez de retornar con su familia a Lima, lo que le hubiera permitido verse libre de la influencia de la red policial que había denunciado.
Y es que hasta entonces, tanto Castañeda como otros involucrados en el caso –como el personal de la comisaría de Huaraz y la fiscal Paredes Goicochea- no conocían los alcances del poder de esta red, poder que los llevaría finalmente a vengarse de quienes se habían enfrentado a la misma.
Un primer indicio de ello fue la detención sufrida por Castañeda Sosa el 12 de marzo del 2009, en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos, detención que se debió a que tanto en las bases de datos de la PNP como en la Oficina de Requisitorias no se habían eliminado las requisitorias referentes al proceso por el que se le había condenado en Huaraz, privándolo de su libertad de manera ilegal.
Finalmente, estas requisitorias fueron eliminadas, pero no así su mala suerte. Y es que en agosto del 2009, y a pedido del nuevo Jefe de la Divandro-Huaraz, Castañeda participó como agente encubierto para la captura de traficantes de látex de opio en la ciudad de Huaraz, operativo que sin saberlo se convertiría en su espada de Damocles.
Un factor para ello fue la presencia inesperada de un amigo de Castañeda Sosa, Yusef Saldir Sotomayor Foronda, quien al enterarse del pedido de la Divandro le pidió ayudarlo en dicha captura. Lo que no esperaba Castañeda es que esta persona se apoderaría de parte de la droga que les entregó el vendedor para luego intentar venderla por su cuenta en Lima, resultando ser su “comprador” un verdadero agente encubierto de la Dinandro, siendo detenido in fraganti y acusando a Castañeda de ser su cómplice en dicha venta.
En estas circunstancias, el “Lagarto” tomó conciencia que todo el operativo no había sido más que una trampa en su contra: cuando se intentó comunicar con el jefe de la Divandro-Huaraz para que lo avale e informe cómo participó en los hechos, ello no solo fue negado por esta entidad sino que incluso dijeron no conocerlo.
Por su parte, su presunto amigo presentó un certificado alegando que se encontraba bajo observación psiquiátrica, por lo que no era responsable de sus acciones, declarando más bien haber actuado bajo órdenes de Castañeda.
De esta manera, el “Lagarto” se vio involucrado en un hecho del que no tenía conocimiento alguno, siendo acusado por una persona que alegaba estar loca pero cuyo testimonio sí fue declarado como válido.
Para entonces, Castañeda se encontraba detenido en Huaraz merced a una requisitoria que tenía pendiente en Huari, a raíz de la denuncia formulada por la apropiación de droga en la localidad de Huacchis. Justo cuando estaba a punto de salir luego de aclarar que ya había sido juzgado por dicho caso, la Corte Superior de Huaraz ordenó su detención por intentar comercializar látex de opio, sentenciándolo a fines del 2009 a ocho años de pena privativa de la libertad por un delito que no cometió, pena que viene cumpliendo hasta el día de hoy.
Por lo contrario, el ex personal de la Divandro-Huaraz corrió con mucha mejor suerte que la de “Lagarto”, gracias a un proceso repleto de irregularidades y que se ha venido extendiendo indebidamente gracias a las idas y venidas que se produjo entre la Sala Penal Nacional Anticorrupción y la Corte Superior de Huaraz, entre otros problemas.
Por ejemplo, a inicios del proceso la Fiscalía Superior en lo Penal de Huaraz desestimó la denuncia de la fiscal provincial, disponiendo en su informe no formular acusación contra los denunciados “por existir duda razonable respecto a la responsabilidad penal de los procesados”, aduciendo que los testimonios incriminadores no habían logrado alcanzar la calidad de medios probatorios.
Sin embargo, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal desaprobó dicho dictamen fiscal, alegando que no se podía desconocer el acuerdo de colaboración eficaz y que por tanto debía procederse a la acusación respectiva.
Posteriormente, se produjeron una serie de idas y venidas entre la Sala Nacional Anticorrupción y la Corte Superior de Huaraz sobre cuál era la instancia competente para realizar el juicio, llevando a una dilación indebida del proceso. Incluso en agosto del 2011, los integrantes de la Primera Sala Penal de Huaraz se inhibieron sin justificación alguna para ver el caso a pesar de que la Sala Penal Nacional había ordenado que sea aquella la encargada de seguir el proceso.
Posteriormente, los magistrados que integraron dicha Sala y trataron de sacar adelante el caso fueron cuestionados, terminando por renunciar dos de ellos. Otro intento posterior de sacar adelante el proceso se truncó también porque el Presidente designado para la Sala resultó haber sido abogado de uno de los efectivos implicados.
Gracias a esta serie de irregularidades, los efectivos que fueron denunciados por Castañeda fueron saliendo poco a poco de prisión, siendo reintegrados todos ellos en la Policía Nacional. Incluso algunos han tenido una suerte extraordinaria, como el hoy Coronel PNP Víctor Canto Corrales.
Luego de su excarcelación, Canto logró no solo ser repuesto en la PNP, sino que incluso fue nuevamente destacado a Huaraz como Jefe de la Dirección Regional contra el Crimen (Divincri), alcanzado el grado de coronel en el 2012 a pesar de tener pendiente el mencionado juicio en su contra.
Hoy, Canto Corrales dirige la Dirección Regional Anticorrupción, todo un “mérito” para quien se encuentra involucrado en un caso de este tipo.
Por su parte, los policías liberados iniciaron una campaña de desprestigio contra la fiscal Silvia Paredes la que fue denunciada por los presunto delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Protección y Consumo de Drogas, Ocultamiento de Documento Público, Abuso de autoridad, Incumplimiento de Funciones, Allanamiento Ilegal de Domicilio, Secuestro, Denuncia Calumniosa, Encubrimiento Personal y Delito de Función Penal Vigente, en agravio del Estado y de las personas de Javier Dextre Figueroa, Alejandro Sánchez Ramírez y otros.
Por su parte, el Mayor Comisario Horna y el resto del personal que intervino en la captura de los efectivos corruptos fueron igualmente denunciados por inconducta funcional, logrando que todos ellos fueran cesados de la PNP en represalia por su correcto actuar.
¿Y qué hace el Poder Judicial?
Como podemos apreciar, hasta hoy todo parece estar a favor de la corrupción: mientras los implicados en estos casos se encuentran libres y han sido favorecidos en sus carreras en los últimos años, sus acusadores se encuentran presos, denunciados o cesados de sus cargos, gracias en gran parte a que el Poder Judicial y el Ministerio Público no supieron afrontar debidamente el juicio que debía llevarse a cabo desde el 2007.
En la actualidad, el expediente del caso (377-2007) se encuentra en manos de la Sala Penal Transitoria Liquidadora de Huaraz, acumulado con otros cinco procesos, situación producida por la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en este distrito judicial. En las semanas que vienen, se espera que el caso pase a la nueva Sala Penal Liquidadora que será instalada con magistrados provenientes de Huánuco, con lo que se espera contar con jueces más imparciales y menos “contaminados” por toda la exposición mediática que ha tenido el caso y las presiones que han sufrido otros jueces.
La pregunta, sin embargo, es si el resultado que finalmente logre esta Sala será ejemplar respecto a la lucha contra la corrupción en la que se encuentra inmerso el gobierno actual, debido a la gravedad de las denuncias que pesan sobre el ex personal de la Divandro-Huaraz. En todo caso, sería conveniente que el actual ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, tome cartas en el asunto y adopte las medidas del caso para que las investigaciones y audiencias no se vean obstaculizadas de manera alguna, considerando que su jefe anticorrupción es, paradójicamente, uno de los principales involucrados. Porque siendo sinceros, esa no es una buena señal en ninguna parte del mundo.
