MADRE DE DIOS. Identifican más de mil corredores de conectividad ecológica por donde se desplazan especies amenazadas o en peligro de extinción entre tres áreas naturales protegidas (ANP) de Madre de Dios. Este es el resultado de un estudio hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y Usaid, a través del proyecto Prevenir.
El equipo científico (+40 coinvestigadores) encontró que entre el 2011 y el 2019 se han perdido casi 52 878 hectáreas de bosque. Este hallazgo se dio tras analizar más de 3 700 000 hectáreas en Madre de Dios. Las principales causas de la degradación y pérdida de coberturas naturales son la expansión agrícola y la minería ilegal.
Cabe citar que la conectividad se refiere al movimiento sin obstáculos de las especies y el flujo de los procesos naturales que sustentan la vida y de los que dependen todas las poblaciones y actividades económicas. Por ello, la disminución del área boscosa impacta directamente en la disponibilidad de recursos para las especies y agrava la amenaza de extinción que enfrentan muchas de ellas.
Foto: FCDS
Especies en riesgo en los corredores
El equipo técnico pudo confirmar más de 1000 registros de 185 especies de fauna que transitan por estos corredores de conectividad. Entre ellas el lobo de río, el maquisapa y el mono choro que están en peligro de extinción. Esto se registró combinando el uso de tecnologías (cámaras trampa e imágenes satelitales) con la observación directa y entrevistas a pobladores.
Además, dentro de los corredores se identificaron 147 especies de flora. Entre ellas especies maderables como el Misa amarillo y el Tahuari, catalogadas como Vulnerables. A ello se añade el Cumala de bajío, clasificado como En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El investigador principal y parte del equipo técnico de la FCDS, Samuel Otavo, dijo que identificar los corredores de conectividad ecológica contribuirá a la toma de decisiones de las autoridades para un uso más sostenible del territorio. Esto a través de estrategias de recuperación de áreas degradadas y de acciones restauración para mantener la conectividad.
Foto: FCDS
Los resultados del estudio fueron plasmados en el libro “Hacia un futuro sostenible en Madre de Dios: conectando bosques, ríos y comunidades”. Este fue presentado el 14 de septiembre en presencia de autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil.
El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah), erradicó 16 049.93 hectáreas de sembríos ilegales de hoja de coca. Los trabajos se realizaron en las regiones Ucayali, Loreto, San Martín, Pasco y Huánuco.
Actualmente, la erradicación se hace en tres ejes operativos: Constitución, Santa Lucía y Caballococha. El personal del Proyecto Especial Corah alcanzó estas cifras durante la labor ejecutada en 8421 parcelas. También se eliminaron 155 m2 de almácigos.
Las acciones cuentan con el apoyo de efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro – PNP). El trabajo conjunto permitió destruir ocho laboratorios rústicos clandestinos de elaboración de drogas cocaínas. Siete de ellos se ubicaron en la región Huánuco, mientras que el otro en la región Ucayali.
Foto: Inforegión
En tanto, Ucayali (5096.64 ha) encabeza la lista de regiones en donde se erradicaron más hectáreas de sembríos ilegales de hoja de coca. Le siguen San Martin (4257.30 ha), Huánuco (3726.13 ha), Pasco (2109.16 ha) y Loreto (860.70 ha).
Hasta el momento se ha trabajado en cinco ejes operacionales. La mayor erradicación de produjo en el de Santa Lucía (5438.47 ha). Le siguen Callería (5201.38 ha), Constitución (4549.38 ha), Putumayo (754.36 ha) y Caballococha (106.34 ha).
Más datos sobre las hectáreas erradicadas
La erradicación realizada (16 049.93 hectáreas) representa el 80% de la meta proyectada para el presente año. A raíz de esta labor se evitó la producción de 150 toneladas de clorhidrato de cocaína.
TINGO MARÍA. Un grupo de jóvenes líderes indígenas de la Amazonía peruana expresaron sus preocupaciones y presentaron diversas propuestas para el futuro de sus comunidades. Estas inquietudes y planteamientos, que se resumen en cinco puntos que abarcan desde el fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la protección inmediata de los bosques y la seguridad jurídica de sus territorios, fueron compartidos durante el foro ‘Jóvenes por el Desarrollo de la Amazonía, en el marco de la Expoamazónica 2023, celebrada del 21 al 24 de setiembre, en la ciudad de Tingo María, región Huánuco.
Dentro de las propuestas planteadas, se incluye la consolidación de la Educación Intercultural Bilingüe con el objetivo de preservar la cosmovisión, tradiciones y prácticas ancestrales de los pueblos originarios, promoviendo una convivencia armoniosa con el entorno natural. Además, se busca fortalecer las habilidades sociales de quienes habitan en las zonas forestales, especialmente las mujeres, fomentando la igualdad de oportunidades.
Otras propuestas son la promoción de actividades económicas sostenibles y un estilo de vida en sintonía con la naturaleza, así como la seguridad jurídica de los territorios indígenas para preservar las tradiciones, buenas prácticas y calidad de vida de los pueblos amazónicos. Por último, el fortalecimiento de la gobernabilidad de las naciones indígenas, para que articuladamente con el Estado en sus diferentes niveles y sectores se promueva el desarrollo integral de las poblaciones y el buen uso del territorio.
Jóvenes líderes indígenas expusieron propuestas para conservar los bosques y el desarrollo de sus comunidades (foto: FCDS-Facebook).
Pérdida de la identidad cultural
Danitza Cenepo Tapullima, de 23 años, perteneciente al pueblo Kichwa, en la región San Martín, expresó su preocupación acerca de cómo el Estado parece haber abandonado a los pueblos originarios, al no proporcionar apoyo para garantizar la seguridad jurídica de sus territorios.
“Nuestros territorios son invadidos por empresas ilegales y también por el Estado, que no nos facilita tener una seguridad jurídica”, acotó. Enfatizó que las comunidades nativas tienen la capacidad de conservar y vigilar sus territorios de manera sostenible. Cenepo es secretaria de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (Fepikbhsam).
Por su parte, Lissy Mendoza Sandy, de 20 años, del pueblo kukama kukamiria, en la región Loreto, destacó que su proyecto es revitalizar las lenguas originarias como parte de la identidad cultural, “que se está perdiendo entre los jóvenes”.
“Los habitantes de las comunidades también tenemos que ver con la problemática de la pérdida de los bosques y esto tiene que ver con la pérdida de nuestra identidad, pues se dejan de practicar prácticas culturales, la reciprocidad que se transmite de generación en generación y el respeto por los bosques, porque son nuestra sostenibilidad». Mendoza Sandy es estudiante del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (Formabiap).
A la izquierda, Lissy Mendoza Sandy. A la derecha, Danitza Cenepo Tapullima (foto: Inforegión).
Protección de las mujeres indígenas
«Debido a la discriminación que sufrimos como pueblos indígenas, muchos niños se avergüenzan de su cultura y ya no quieren identificarse con ella. Como jóvenes indígenas de nueva generación queremos recuperar nuestra identidad cultural, promover la cosmovisión indígena y seguir viviendo bajo nuestros valores. Sin embargo, también estamos luchando por los derechos de las mujeres, que muchas veces son vulneradas», añadió Mendoza.
Al respecto, Cenepo comentó que las mujeres indígenas kichwa, en la región San Martín, elaboraron un protocolo intercultural “para prevenir, atender y coordinar la atención contra la violencia hacia las mujeres o grupos familiares” en diferentes comunidades nativas.
Intercambio cultural
Tanto Danitza como Lissy viajaron recientemente a Estados Unidos como parte de un intercambio cultural con comunidades indígenas de ese país, promovido por el programa Conectando Culturas, iniciativa impulsada por la Embajada de los Estados Unidos, el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la universidad Wake Forest, Usaid, entre otros.
Junto con otros cinco jóvenes de las etnias yagua, wampís, harakbut y asháninka, asistieron a conversatorios en la universidad Wake Forest, en el estado de Carolina del Norte, con estudiantes de la escuela de Divinidad, y con el pueblo originario cherokee.
El objetivo es promover a los universitarios de Loreto, Lima, Ucayali, Madre de Dios y Cusco, quienes abordarán casos de delitos ambientales y líderes indígenas (defensores del territorio) de la Amazonía peruana, bajo un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
Plataforma de capacitación integral
Esta competencia ofrece una plataforma de capacitación integral para el desarrollo académico de futuros/as profesionales en materia ambiental, a través del aprendizaje basado en la evidencia. El programa de capacitación busca que los/as estudiantes fortalezcan sus conocimientos en temas sobre derecho ambiental, derecho penal, y derechos humanos.
Se busca que el 70% de los estudiantes sean de regiones, mientras que el 30% de Lima
Luego de las capacitaciones, los/as estudiantes universitarios deberán prepararse para resolver un caso hipotético relacionado con delitos ambientales, como la tala y minería ilegal, y líderes indígenas (defensores del territorio) de la Amazonía peruana, y defenderlo ante un tribunal compuesto por expertos nacionales e internacionales.
Es importante destacar que se promoverá especialmente la participación de mujeres y jóvenes indígenas; por ello, se incentivará que el 70% de estudiantes sean de regiones y el 30% de Lima. Además, los/as jóvenes de la Amazonía peruana podrán participar en su lengua originaria, ya que se contará con traductores e intérpretes certificados por el Ministerio de Cultura para promover el uso de las lenguas originarias amazónicas.
Asimismo, se promoverá la participación de estudiantes mujeres de forma equitativa, con el fin de incentivar la paridad de género. Los y las ganadores y finalistas recibirán premios como un viaje académico a Colombia para participar de eventos y reuniones sobre delitos y defensores ambientales, pasantías de estudios, cursos de especialización en materia ambiental, publicaciones, entre otros reconocimientos.
¿Cómo inscribirse?
Los/as interesados/as podrán revisar las bases e inscribirse desde el 14 de septiembre hasta el 14 de octubre a través de la página web: www.contienda legal.pucp.edu.pe
Para más información, comunicarse al correo: contiendalegal2023@pucp.edu.pe
Sobre la contienda legal para estudiantes
Los delitos ambientales afectan a la Amazonía peruana y a sus habitantes. Alrededor de 37% de la madera producida en el Perú es de origen ilegal y más de 340 especies de animales silvestres son traficados cada año. Además, entre el 2002 y 2020, el Perú figura entre los 20 países con más asesinatos a las personas defensoras ambientales con 96 casos.
Por ello, desde el 2021, se desarrollan las Contiendas Legales Ambientales, con el fin de promover interés y mejorar las capacidades de estudiantes del país para la defensa de la Amazonía y la protección de las personas defensoras ambientales.
La Contienda Legal Especializada en Delitos Ambientales y Desarrollo Sostenible en la Amazonía es una iniciativa académica promovida por el proyecto Prevenir de Usaid. Su tercera edición es implementada con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y de American Bar Association, Rule of Law Initiative (Abaroli).
Yhonni Arce, exalcalde de Vizcatán del Ene, fue intervenido por autoridades de Brasil cuando intentaba surcar con una pequeña embarcación el río Yurúa, cerca de la comunidad del Profeta, estado brasileño de Acre. Este iba acompañado de dos sujetos. A ellos se les incautó 37 kilos de drogas.
Estas personas estaban a bordo de la embarcación cuando fueron intervenidos por una patrulla del Grupo Especial de Frontera (Gefron), un equipo de policías y militares de Brasil. Esto sucedió en la madrugada del pasado 7 de setiembre.
Difusión
Uno de los detenidos fue identificado como Yhonni Arce Pacheco, exalcalde Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín. Esto se logró gracias a un trabajo conjunto entre agentes federales de Acre con la Policía Nacional del Perú (PNP).
El exalcalde no tiene antecedentes que lo vinculen con el narcotráfico, según informó la PNP. Además, en la intervención se incautaron más de 20 kilos de clorhidrato de cocaína; y 17 paquetes rojos de pasta básica de cocaína (PBC) que pesaban 17 kilos. En total se hallaron 37 kilos de droga.
Participación en las manifestaciones de diciembre del 2022
Según una publicación del diario El País, Yhonni Arce fue parte de las manifestaciones de diciembre del 2022. Inés Santaeulalia, periodista de dicho medio, afirma: «Arce ha viajado desde Vizcatán del Ene, en el oriente de Junín, para participar en las protestas en Lima. El viaje duró 20 horas, pero él y sus amigos pensaron que si no se iban nadie sabría lo que ‘quiere el interior del Perú'»
El texto continúa: «Dejó atrás a su esposa y a sus tres hijos, pero dice que se quedará el tiempo que sea necesario. Cuando se le pregunta cuánto tiempo es eso, responde: ‘Hasta la batalla final. Hasta el final de este Congreso vendedor de países. La gente la jodió, nos han descuidado toda la vida'».
Dato del exalcalde
Al terminar su periodo como alcalde, Arce Pacheco fue nombrado secretario general de Perú Libre en Vizcatán del Ene por el Comité Político de esa agrupación.
SELVA CENTRAL. En el límite entre el distrito de Pichari, en la región Cusco, y el distrito de Río Tambo, en Junín, se ubica la comunidad asháninka Catungo Quimpiri. Lugar del país donde existe una fuerte presencia del narcotráfico, la tala ilegal e invasión de tierras; economías ilegales que constituyen un alto peligro para estos ciudadanos.
Desde 2019, la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 19 comunidades y 33 anexos de la cuenca del río Ene, viene trabajando para garantizar la protección de todos los miembros de esta comunidad nativa que solicita con urgencia al Gobierno poner en marcha la georreferenciación de su territorio.
Esto con el objetivo de reafirmar su seguridad jurídica para que las personas que realizan invasiones a sus tierras ancestrales tengan pleno conocimiento que su accionar constituye un delito. Pues, a pesar que la comunidad nativa cuenta con un título de propiedad inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) su territorio es constantemente vulnerado.
Sobre ello, la abogada de CARE, Irupé Cañari y el presidente de la organización indígena, Ángel Pedro Valerio, y Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad Catungo Quimpiri, conversaron con Inforegión. “Catungo Quimpiri tiene serios problemas en cuanto a invasiones de colonos cocaleros dentro de su territorio y la mayoría de ellos son migrantes. Hay una deforestación masiva del bosque para realizar el cultivo ilícito de hoja de coca, incluso, se ha encontrado ya pozos de maceración en la zona”, advierte Cañari.
Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad Catungo Quimpiri, durante diligencia con miembros del Ejército en el Vraem. Foto: CARE
En esa línea, la defensa de CARE recordó que, desde hace varios años, la jefa de la comunidad asháninka, Clementina Shinquireri Quispe, se encuentra amenazada de muerte por los grupos ilegales dedicados a estas actividades. La lideresa indígena, en octubre de 2021, solicitó protección al Estado por medio delMecanismo Intersectorial, que brinda el Ministerio de Justicia para asegurar la vida de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, Shinquireri no ha tenido acceso a ninguna de las medidas preventivas hasta el momento.
“La jefa en la actualidad está siendo amenazada y hemos pedido la intervención del Ministerio de Justicia para que pueda estar inscrita en el Registro de Personas de Alto Riesgo. Ya hemos interpuesto muchas veces diversas denuncias ante el FEMA [La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA]”, indica la abogada.
“Ella no puede estar tranquila, tiene temor de que la puedan encontrar por ahí y la puedan desaparecer”, agrega Pedro Valerio acerca de la situación actual de la jefa de la comunidad nativa Catungo Quimpiri.
En total, desde el 2017, la comunidad nativa Catungo Quimpiri ha interpuesto 12 denuncias por delitos ambientales ante el FEMA del distrito de Ayna San Francisco, región Ayacucho. Como respuesta a ello, los grupos ilegales han presentado denuncias contra los miembros de la comunidad indígena luego que estos, como parte de sus actividades de patrullaje y vigilancia, incautaran algunos de sus objetos utilizados para talar sus bosques.
“Catungo Quimpiri ha hecho la incautación de motosierras y diversas herramientas que le sirven a los colonos para la tala ilegal, pero, incluso, las personas que han hecho el patrullaje han sido denunciadas por hurto”, señala Cañari.
Ante la compleja situación y el abandono del Estado, la autogestión y organización de CARE ha sido clave para proteger a esta y otras comunidades nativas del río Ene que se encuentran en riesgo permanente.
Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka de Río Ene (CARE). Foto: Cool Eart
“Si bien existen nuestros comités de autodefensa, estos no están equipados y no tienen preparación en el tema de estrategias de poder enfrentar este tipo de problemas, pero estamos organizados y lo importante que tenemos es que aún existe el principio de solidaridad asháninka. Cualquier problema que haya nos convocamos y todos tenemos que ir a defender nuestros hermanos que están en peligro”, remarcó el presidente de CARE, Ángel Pedro Valerio.
Por todo ello, conseguir la georreferenciación de su territorio se ha convertido en una demanda urgente para garantizar su seguridad jurídica, reducir los conflictos territoriales y realizar la actualización de su plano con las coordenadas exactas. No obstante, hoy, existe la posibilidad que Catungo Quimpiri no pueda acceder al otorgamiento de este plano de propiedad localizado.
El órgano rector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que contribuye a facilitar los deslindes y titulación de predios individuales a comunidades nativas y campesinas, además de establecer las reglas para la adecuada administración de los bienes territoriales o llamados catastros a través del Sistema Catastral Rural (SCR).
El año pasado, CARE participó en distintas reuniones con representantes de la Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Geragri) y la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ). En una de ellas, la organización indígena trató de poner sobre la mesa, en un nuevo intento, su reclamo de georreferenciar la comunidad nativa Catungo Quimpiri, amenazada por el rápido avance del narcotráfico y la tala ilegal.
“La Gerencia Regional de Agricultura Cusco dijo que no tenía presupuesto y le daba la facultad a CARE de que busque ese financiamiento para que se otorgue, ya sea a la Dirección Regional de Agricultura Junín(DRAJ)o la Gerencia Regional de Agricultura Cusco a fin que se haga la georreferenciación, que ellos [Gerencia Regional de Agricultura Cusco] no tenían ningún inconveniente de quién haga el trabajo, siempre y cuando haya el financiamiento respectivo”, relata la abogada de CARE.
Devida asumió compromiso extraordinario de transferir presupuesto para garantizar georreferenciación a Catungo Quimpiri, sin embargo, esta continúa sin realizarse. Foto: Gob.pe
Tras casi un año de búsqueda del financiamiento, a inicios de este año, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el que CARE tiene un convenio, asumió el compromiso extraordinario de transferir un presupuesto para que finalmente se ejecute el trabajo de georreferenciación.
Posterior a ello, Devida se reunió en primera instancia con la Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Gregari) para dialogar sobre la realización del trabajo, pero esta habría comunicado que, por decisión unánime, dejaba en manos de la Dirección Regional de Agricultura Junín (DRAJ)su implementación. Por tal razón, el organismo antidrogas terminó transfiriendo dicho fondo a la Dirección Regional de Agricultura de Junín.
Según la Digespacr, Catungo Quimpiri, por constituirse como una comunidad nativa ubicada territorialmente en dos regiones, las dos Direcciones Regionales de Agricultura, tanto de Cusco y Junín, son competentes de realizar la georreferenciación, desde el punto donde inicia y terminan sus lados territoriales correspondientes.
Algo que para la abogada de CARE representa un grave vacío legal, ya que, a la fecha, ninguna de las instancias competentes de agricultura de las regiones involucradas se han puesto de acuerdo para evaluar cuál de las dos dependencias llevará a cabo el trabajo a favor de la comunidad nativa.
“Cuando la Digespacrha hecho la norma se han olvidado de este tipo de casos, porque Catungo no es el único, hay muchas comunidades que territorialmente pertenecen a dos regiones”, comenta Cañari.
Ejecución de georreferenciación es fundamental para reducir más riesgos de deforestación en las tierras de la comunidad nativa. Foto: Juan Zapata Sanchez
¿Qué opina el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego?
Durante la realización de este informe, Inforegión consultó acerca de esta controversia con Midagri. La cartera de Agricultura dijo que si bien los límites departamentales los deberán asumir ambos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa de demarcación, la georreferenciación solo podría ser hecha por Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Gregari), debido a que gran parte del territorio de Catungo Quimpiri (90% aproximadamente, asegura Midagri) se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito cusqueño de Pichari.
Sin embargo, autoridades locales cusqueñas se han opuesto públicamente a la georreferenciación a favor de la comunidad nativa, aduciendo que el Gobierno Regional de Junín intenta invadir parte del territorio que también pertenece a la región de Cusco. Entre los opositores se encuentran Hernán Palacios Tinoco; alcalde del distrito de Pichari y Alex Curi Leon; burgomaestre de la provincia de La Convención.
A fines de marzo de este año, durante una entrevista con Radio Tropikana 102.5 FM centro Vraem, el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi León, en compañía de los regidores municipales provinciales Jaime Navarro, Saul Godoy y Percy Perales, declaró que:
Alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi León. Foto: ProActivo
“No pueden hacer ningún trabajo técnico de georreferenciación cualquiera sea el objetivo y lamento decir que Devida ha financiado este trabajo, y por lo tanto, llegaremos hasta la PCM. Contundente mi posición, primero, para defender nuestro territorio, nuestra soberanía y exigir al Gobierno nacional, porque esto es un tema de competencia de la Secretaría de Demarcación Territorial”.
Sobre estas declaraciones, Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE señaló: “Nos hemos reunido en Catungo Quimpiri con la presencia del alcalde provincial de La Convención, pero ha rechazado la actividad de georeferenciación por parte de la región Junín y se ha quedado paralizado este tema. Lastimosamente, también Pichari se ha levantado en contra, aduciendo que la región Junín quiere invadir su territorio.Nosotros hemos decidido estratégicamente que el trabajo lo haga [la Dirección Regional de Agricultura de] Junín por una cuestión de viabilidad”, manifestó a este medio el presidente de CARE, Ángel Pedro Valerio.
Por su lado, la abogada de CARE, Irupé Cañari opinó que: “[La gestión provincial de La Convención y el distrito de Pichari] están politizando la georeferenciación de Catungo [Quimpiri], confundiendo el conflicto limítrofe entre Junín y Cusco, con georreferenciación, perjudicando a la comunidad, que nada tiene que ver con el conflicto entre ambas regiones”.
En esa línea, Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad nativa Catungo Quimpiri expresó su descontento, puesto que afirma que no reciben apoyo por parte de la administración local de Pichari en respuesta a sus demandas. Además, enfatizó que la georreferenciación es necesaria para evitar el avance de los invasores de tierras y personas foráneas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad Catungo Quimpiri. Foto: CARE
«Las invasiones no se van a detener si no hacemos la georreferenciación. En mi posición, yo le dije al señor [Hernán] Palacios [alcalde distrital de Pichari] ‘nosotros le hemos pedido varias veces que nos apoye, pero no hay resultado’. Nosotros, como organización, hemos tenido que ir a buscar presupuesto a otras instituciones, pero tienen que trabajar los dos juntos [los gobiernos regionales de Junín y Cusco]», indicó Shinquireri.
Debido a este complejo panorama, tal como mencionó anteriormente el representante principal de CARE Ángel Pedro Valerio, ahora el trabajo de georreferenciación en favor de la comunidad nativa Catungo Quimpiri se encuentra paralizado. Mientras tanto, la espera y las amenazas persisten y crecen las trabas para brindar protección legal al territorio de la comunidad indígena.
Hasta el cierre de esta edición, Inforegión solicitó pedidos de consultas al alcalde del distrito de Pichari; Hernán Palacios Tinoco y el alcalde de la provincia de La Convención; Alex Curi Leon, además de la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM a fin de conocer sus versiones oficiales acerca de la situación actual de la comunidad asháninka afectada y los descargos de sus autoridades. Sin embargo, no se obtuvo respuestas.
LIMA. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a través del Ministerio del Ambiente (Minam), ha anunciado la apertura de un período de consulta pública (10 días hábiles) para el proyecto de Decreto Supremo que busca establecer la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau.
Proteger el Mar Tropical de Grau
Ubicada entre Piura y Tumbes, son cuatro áreas geográficas: los arrecifes de Punta Sal, Cabo Blanco – El Ñuro y la isla Foca; y el banco de Máncora. Cabe recalcar que la propuesta del Mar Tropical de Grau abarca menos del 0,1% del mar territorial peruano.
A pesar que la propuesta para la creación del Mar Tropical de Grau lleva más de 10 años, esta cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Piura y Tumbes. Además del apoyo del Sernanp y Minam; y diferentes entidades como Oceana y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, entre otras.
La iniciativa busca preservar 116 139 hectáreas. (Foto: Ojo Público / Álvaro Franco)
Mal precedente con la RN Dorsal de Nasca
Cabe recordar que en el 2021, el Gobierno creó la Reserva Nacional Dorsal de Nasca como Área Nacional Protegida. Sin embargo, se publicó permitiendo la pesca industrial y la pesca de mayor escala dentro de la reserva. Entre ellos, se encuentra el desarrollo de la pesca del bacalao de profundidad en la Zona de Protección Estricta (montes submarinos).
Esta situación se cuestiona frente al artículo 112, numeral 5, del reglamento de la Leyde Áreas Naturales Protegidas que estipula que su condición es patrimonio de la Nación y por tanto, debe protegerse. La vicepresidenta de Oceana en ese momento, Patricia Majluf, afirmó que «el Perú tiene algunos de los ecosistemas más productivos y diversos del planeta, pero vamos muy atrás del resto del mundo en su conservación. Esta decisión no hace nada por mejorar nuestra pésima reputación en el mundo de la conservación y hace poco por proteger nuestros recursos para generaciones futuras de peruanos».
¿Cómo participar en la consulta?
Según el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, se estipula que los proyectos de normas relacionadas con asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales, deben ser puestos a disposición del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados.
El proyecto de Decreto Supremo que establece la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, su Exposición de Motivos y Expediente Técnico, se encuentra disponible en la sede digital del Ministerio del Ambiente, a la que se puede acceder a través de este enlace. Además, las opiniones y/o sugerencias pueden ser enviadas a la dirección electrónica propuestamartropicaldegrau@sernanp.gob.pe, o por escrito al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ubicado en la Calle Diecisiete 355, Urb. El Palomar San Isidro, Lima.
MADRE DE DIOS. Una trocha carrozable rodeada de abundantes llanuras verdes, ubicada a dos horas en moto de Puerto Maldonado, conduce a la localidad Botijón Grande, en el distrito Las Piedras, lugar donde viven los hermanos Díaz Pacherrez. Una familia madrediosense dedicada, desde la década del 60, a la producción de la castaña. Los árboles de más de 40 metros de altura que solo crecen en la congruencia de Bolivia, Brasil y el sur del Perú.
Edith es la mayor con 53 años y cuenta que fue a partir de la muerte de su madre, Águeda Pacherrez Salazar, que sus hermanos; María, Francisco y ella, decidieron asumir la responsabilidad de continuar administrando la concesión de castaña que permitió que completaran sus estudios en el colegio e hiciera posible la construcción de una casa propia para los tres y sus familias.
Edith Pacherrez, productora castañera de Madre de Dios. Foto: Inforegión
Si bien hoy la concesión solo está a nombre de uno de ellos, los tres están involucrados con los castañales, que vienen atravesando graves impactos ambientales debido a distintos factores como la creciente invasión de taladores ilegales en sus tierras y la alteración del clima, producto del cambio climático. Una situación que estaría golpeando directamente en su economía familiar y bienestar, según relata Edith aInforegión.
“Todo ha cambiado mucho, los árboles ya no dan las mismas producciones [de castaña] que antes, ha bajado bastante. Yo veo a los árboles caídos; por el suelo, con las hojas secas, incluso, ahora los árboles se llegan a secar en plena producción. ¿Qué será? Tampoco sabemos si es la contaminación. A mí hermana María yo le digo que ya no se ve nada de castaña o muy poco, de 20 árboles, hay diez o ocho que ya no producen bien”, afirma.
Efectos del cambio climático han impactando de manera notable en producción de árboles de castaña en Perú. Foto: Inforegión
Hasta hace tres años, cada árbol daba entre dos o tres sacos de castaña, llamados también ‘barricas’, las cuales alcanzaban una cosecha total de 300 sacos de castaña, de acuerdo al volumen de recolección de la concesión de los hermanos Pacherrez. Tras la pandemia, esta cantidad se redujo a 100, es decir más de la mitad de su producción habitual.
“No me explico por qué los árboles se llegan a secar así, se van amarillando, a veces pienso que están cambiando de hoja, pero es que el árbol se está secando totalmente, ya no se regeneran y no vuelven a crecer. Los vientos están cambiando, ahora son huracanados y se vuelan los árboles, y los gusanos, como la bayuca, se están comiendo sus hojas. Es necesario que el Estado nos dé apoyo económico para poder conservar el bosque, y si no hay ese apoyo no se puede hacer nada, ni reducir la contaminación, y a eso se le suman los invasores, que ya nos han quitado como 30 hectáreas, de las 180 que tenemos”, expresa con preocupación Edith.
“Yo escucho hablar a otras personas que dicen que los árboles están así, porque tienen años y ya están viejos, pero yo no creo en eso, esos árboles han vivido miles de años, es otra cosa lo que está provocando esto”, agrega.
Francisco Pacherrez, hermano de Edith, contemplando sus castañales. Foto: Inforegión
Ante ello, Edith y sus hermanos, con el propósito de cubrir sus necesidades, han optado por trabajar con otros recursos que también produce su concesión, tales como el fruto amazónico Caimito y el Azúcar Huayo. Este último es un tipo de árbol de la familia de las fabáceas con el que se obtiene madera pesada.
Además, tienen una alianza con la empresa Bosques Amazónicos – BAM, a través delProyecto REDD+ Castañeros, un acuerdo que su madre estableció, en 2012, cuyo servicio es ofrecer soporte técnico y legal a 585 concesionarios socios de la Federación de Productores de Castaña de Madre de Dios (Feprocamd).
Por medio de capacitaciones fortalecen sus habilidades productivas, tienen la posibilidad de generar mayores ingresos económicos, bajo un manejo forestal sostenible y, a la vez, con el respaldo de un sistema de monitoreo, control y vigilancia integral para frenar las amenazas de deforestación en las concesiones.
Producción de castaña de familia Pacherrez. Foto: Inforegión
Hoy, la cantidad de gases contaminantes que los productores, como Edith, María y Franciso, evitan emitir a la atmósfera al realizar sus actividades se han convertido en un incentivo económico para mitigar los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, en una oportunidad para aumentar sus ganancias anuales.
Dichas cantidades de CO2 ahora son equivalentes a créditos de carbono, comúnmente llamados “bonos de carbono”, que se ponen a la venta en el mercado voluntario para ser adquiridos por compañías en todo el mundo que buscan compensar su huella de gases de efecto invernadero a cambio de solventar la conservación del bosque.
Un mecanismo que, en este caso en particular, funciona a través de la compañía BAM, quienes se encargan de demostrar, ante los estándares internacionales, que las acciones de conservación realizadas por los concesionarios socios deProyecto REDD+ Castañeros están generando un impacto positivo en el bosque y el ambiente.
El beneficio representa un ingreso directo por su trabajo de conservación. Una labor que ha sido reconocida a nivel mediático a lo largo de los años por el Estado peruano, pero que todavía pasa por agua tibia al momento de establecer medidas concretas para frenar los delitos ambientales y gestionar planes integrales de reparación a causa de los daños provocados por el avance de las economías ilícitas, como la minería y tala ilegal. Una realidad a la que hizo frente Águeda, madre de Edith, María y Francisco, hasta su último día.
“Mi mamá nunca fue dirigente, pero igual luchó años por el bosque y apenas pudo recibir algo por eso. Cuando ella se inscribió al proyecto, hace más de 10 años, aún no llegaban los bonos, y justo faltando un mes para que fallezca llegó el primero. Mi mamá contenta agarró sus 1000 soles, recuerdo que nos llevó a comer, y ahí no más habrán pasado diez días y falleció. Ahora, los tres cuidamos el bosque, compartimos las ganancias de la castaña y con el bono sustentamos la conservación de nuestros castañales”, agregó al cierre de esta entrevista Francisco, el último de los hermanos Pacherrez, mientras se dirigía en paso firme a su concesión.
Francisco Pacherrez caminando hacia sus castañales. Foto: Inforegión
Pasó en el Perú | Arequipa. Durante su participación en el Perumin 2023, el presidente Ejecutivo de la empresa Southern Perú, Oscar González, reveló que el gobernador regional, Rohel Sánchez, respalda la ejecución del proyecto Tía María, pese a que anteriormente Sánchez dijo que la población debería ser quien decida.
El representante de Southern luego aseguró que la población de Arequipa sí está en favor del proyecto y que sus detractores son pocos, minimizando a los pobladores del Valle de Tambo que protestan contra Tía María.
Se refirió también a las declaraciones de Alberto Otárola sobre no tener al proyecto en agenda. Oscar González dijo que el Ejecutivo no quiere meterse en problemas y que, de ser necesario, tendrán que esperar el cambio de gobierno, informó El Búho.
La Libertad: Congresista señala que Dina Boluarte debe decir la verdad sobre muertes en protestas
Pasó en el Perú | La Libertad. El congresista liberteño Juan Burgos Oliveros exhortó a la presidenta Dina Boluarte a ser transparente con el país sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno. Boluarte es investigada por la presunta comisión de delitos graves, como genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad.
«Todo el Perú espera que la señora presidenta diga la verdad y, sobre todo, que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación eficiente y realice las preguntas necesarias para que ella pueda responder al pueblo», afirmó el congresista, según informó Noticias Trujillo.
#ICA | La delincuencia ha tomado la ciudad y desatado una ola de crímenes. Una mujer fue víctima de otro asalto en pleno centro urbano. ✍🏼 @lalupa_pehttps://t.co/WwEPcDlIn3
Ica: Alcalde pide declaratoria de emergencia ante ola de crímenes en la ciudad
Pasó en el Perú | Ica. El alcalde Carlos Reyes pidió al Ministerio del Interior una declaratoria de estado de emergencia en Ica, ante una ola de crímenes en la provincia.
Reyes expuso al ministro Vicente Romero que el crecimiento del sector de la agroexportación generó más oferta laboral y esto atrajo en gran medida a un gran número de extranjeros.
Uno de los eventos más recientes y atroces ocurrió el viernes 22 de septiembre, cuando el cuerpo sin vida de Ericka Elizabeth Hernández Olivares, de 28 años, fue encontrado cerca del exfundo Arrabales de Subtanjalla, con un impacto de bala en la cabeza, informó La Lupa.
Cusco: Obreros de construcción civil marchan contra el gobierno y declaran persona no grata a Alejandro Soto
Pasó en el Perú | Cusco. Obreros de construcción civil reiniciaron las jornadas de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte. Rechazaron el proyecto de ley que limita el gasto de los gobiernos locales en obras públicas a 50 UIT porque, según ellos, limitará la ejecución de grandes proyectos, lo que finalmente reducirá los puestos de empleo en el sector.
Los trabajadores cargaron una cruz con la fotografía de los congresistas Alejandro Soto, Guido Bellido y Hernando Guerra García, a quienes calificaron de «traidores del pueblo». La policía intentó evitar que los manifestantes quemen una rata negra gigante de cartón, porque tenía la foto del presidente del Congreso. Sin embargo, el clamor popular pudo más, informó CuscoPost.
Puno: Walter Aduviri considera injusta la revocatoria de la prisión suspendida en su contra
Pasó en el Perú | Puno. Tras la revocatoria de la pena suspendida en su contra, el exgobernador regional Walter Aduviri reapareció para señalar que la decisión del Poder Judicial es injusta.
Aduviri consideró que no tendría por qué volver a la cárcel, ya que el 26 de septiembre de este año cumplió los 4 años de la pena suspendida impuesta por la Corte Suprema tras el recurso de casación excepcional que interpuso su defensa contra la sentencia de 6 años de prisión efectiva por el delito de disturbio en el caso Aymarazo.
Respecto al pago de los 2 millones de soles por concepto de reparación civil, Walter Aduviri reconoció que hasta el momento solo ha pagado 50 mil, informó El Objetivo.pe.
Huancavelica: incendios forestales afectan flora y fauna en Churcampa
Pasó en el Perú | Huancavelica. Desde las cinco de la mañana del martes, cuatro incendios forestales afectan la flora y fauna de tres distritos de la provincia de Churcampa, por el fuego que se extendió con ayuda del viento.
Defensa Civil aún no realiza la evaluación de daños, pero no hay afectación a personas. El fuego afecta los sectores de Torora-Huallccay y Ccarapata-Ccónocc; además de Esmeralda, en Locroja; y Chanchará, en la parte alta del distrito de El Carmen, informó Huanca York Times.
Ayacucho: El 70% del centro histórico de Huamanga se encuentra en riesgo frente a un sismo de 7 grados
Pasó en el Perú | Ayacucho. “El 70 % del centro histórico se encuentra en peligro de ocurrir un sismo de 7 grados en la región por la vulnerabilidad del estado de las casonas”, manifestó Wilber Martínez Huamán, responsable del Área de Estimación y Prevención de Riesgos de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho.
Martínez exhortó a la población a mantenerse alerta y preparada para cualquier movimiento telúrico en la región en las próximas fechas teniendo a la mano la mochila de emergencia e identificando los lugares seguros de sus hogares, centro de estudios y trabajos.
“Lo más probable es que las viviendas en el centro histórico colapsaran con un sismo de epicentro cercano y superficial por la informalidad de las construcciones”, consideró el funcionario, según informó Jornada.
Loreto: Obras inconclusas generan malestar en la población
Pasó en el Perú | Loreto. Un grupo de pobladores realizó una protesta en el puente Glenda Freitas, pidiendo el cambio del subgerente de obras del Gobierno Regional de Loreto.
Nair Ramírez López, presidenta de la junta vecinal, señaló que falta material para el reinicio de la obra de levantamiento de rasante. El presupuesto anterior era de 500 mil soles y el plazo vence a fin de mes.
Indicó que el subgerente de obras, tiene la intención de culminar la obra de mala manera y con material que no sería el adecuados, dijo a ProyContra.
«Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas las plataformas de la Red de Medios Regionales del Perú.
Agricultores de la región Madre de Dios demandan la implementación de un sistema de riego para optimizar sus labores. Este pedido se difundió durante una reunión de trabajo denominada “Agricultura y desarrollo sostenible en Madre de Dios”.
«Solicitamos un proyecto de sistema de riego en la región, que Agrobanco otorgue créditos de manera especial y exclusiva para agricultores de Madre de Dios, con cargo a los fondos de Agroperu para la instalación de riego mediante pozos tubulares con panes solares en las chacras de miles de hombres y mujeres del campo». Así se expresó Rafael Condo Wilca, presidente de la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (Fademad).
Unos 200 agricultores de las tres provincias y 11 distritos se manifestaron por el desarrollo del sector en la región. A la cita también acudió la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras. Además, se hicieron presentes alcaldes provinciales y distritales. El encuentro fue convocado por el congresista madrediosense, Eduardo Salhuana.
Las demandas de los agricultores
Los representantes de los agricultores piden, en primer lugar, el respeto de las parcelas agrícolas cuando existan derechos superpuestos con actividades como la minería. Piden que se instale el Consejo de Desarrollo Agrario que permita un espacio de dialogo sobre los problemas del sector en cada región. “Hoy no se tiene un espacio nacional ni regional. Solo cuando viene una autoridad nos convocan”, se quejaron los representantes.
Representantes de los agricultores madrediosenses se manifestaron por el desarrollo del sector agrario de la región.
También solicitan que se implemente un programa regional planificado de modernización y tecnificación agrícola. Esto mediante la mecanización y tecnificación de la sistematización de riego. A ello se añade declarar al agro como actividad principal y exclusiva en los espacios donde ocupan, especialmente cuando exista superposición de derechos.
“Que se respete el derecho de cada agricultor y que no pueda ser invadido por otros derechos”, demandó Rafael Condo. Asimismo, solicitaron que se otorguen créditos mediante Agrobanco, de los fondos Agroperú. Esto con un periodo de gracia de un año y con plazos de 5 años.
No existe un sistema de riego en Madre de Dios, según lo representantes de los agricultores. “No podemos hablar de mejoramiento genético de ganado vacuno y otras crianzas. No podemos hablar de producción, incrementos, rendimientos de los cultivos si no tenemos riego. Sin esto es en vano hablar de proyectos, de inversión pública, porque no va a tener resultados positivos”, dijo Carlos Ortega, director regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de Dios. “Esto se podría completar en otros distritos con riego a través de pozos tubulares, con energía convencional, paneles solares”, agregó.
Apoyo a proyecto
Los dirigentes también manifestaron su respaldo al “Proyecto de conducción y captación de recursos hídricos, abarcando los tramos Bocatoma Río Araza (Departamento de Cusco), Mazuko, Santa Rosa, hasta Puerto Maldonado (Departamento de Madre de Dios)”. Este busca el abastecimiento doméstico, agro-forestal, agro-industrial y ganadero, y como recurso para la generación de energía, promoción de actividades turísticas, deportivas, y potencial herramienta de desarrollo sostenible para la región.
“Este proyecto de ley nos va a ayudar para que las entidades del Estado formulen el expediente técnico y hagamos un proyecto de riego en Madre de Dios que nunca lo hemos tenido”, dijo Salhuana, autor de la iniciativa.
