El 8 de mayo, en una nueva emisión del programa de la Red de Medios Regionales del Perú, se analizó la escalada de violencia vinculada a la minería ilegal en la provincia de Pataz, La Libertad. Conducido por Alejandra Thais de Inforegión y Paul Acevedo de Investiga, el programa contó con la participación de José De Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental, y Dante Vera, analista de riesgos y director de V&C Analistas. Ambos ofrecieron un diagnóstico crítico sobre el avance del crimen organizado en torno a la minería ilegal y la falta de respuesta del Estado peruano.
Una emergencia prolongada sin resultados
La provincia de Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada al menos diez veces, desplegando a las fuerzas armadas y policiales. A pesar de ello, la violencia se ha intensificado. El episodio más reciente ocurrió a inicios de mayo, cuando trece trabajadores fueron asesinados en un socavón.
Este hecho se suma a una serie de ataques y enfrentamientos vinculados a la minera Poderosa, que ya han dejado un saldo de 39 víctimas fatales en la región. Según diversos reportes, muchos de estos crímenes están relacionados con disputas por el control de galerías subterráneas invadidas por mineros ilegales, respaldados por bandas criminales fuertemente armadas.
“La situación es cada vez más grave. El estado de emergencia no ha funcionado porque no está acompañado de inteligencia ni de una estrategia operativa real”, advirtió De Echave. “Los enfrentamientos no ocurren en la superficie, sino en los socavones, donde se lucha por el control de las galerías y labores mineras”. El especialista agregó que incluso la propia policía ha admitido su falta de preparación para intervenir en túneles. Aunque fuerzas especiales como la DINOES están desplegadas en la zona, su actuación es limitada, y las comisarías locales carecen de equipamiento básico.
“El Estado peruano no está demostrando capacidad para entender lo que ocurre en este territorio ni para diseñar una estrategia mínima de respuesta», señaló. Y añadió: “Nos enfocamos en Pataz, pero lo cierto es que este tipo de minería ilegal ha crecido y se ha expandido por casi todo el país. En muchos territorios se ha perdido todo control, y en zonas como la Amazonía, las operaciones están en manos de bandas criminales que incluso tienen capacidad operativa en países vecinos”.
La minería ilegal como economía criminal transnacional
La minería ilegal se ha convertido en la economía ilícita más lucrativa del Perú. El exviceministro señaló algunos datos. Solo en Pataz, se estima que han salido sin control más de 674 mil toneladas de mineral aurífero, valorizadas en más de 3500 millones de dólares. Asimismo, en el mercado internacional, una onza de oro supera actualmente los 3300 dólares.
De Echave agregó que el panorama es aún más preocupante si se considera el contexto internacional. “En un escenario de crisis global, guerras comerciales y conflictos armados, el oro se consolida como un valor refugio. Todo indica que los precios seguirán altos, lo que incrementará la presión sobre los territorios y hará que lo que ocurre en Pataz se replique en otras regiones”, advirtió.
El experto también subrayó que el presupuesto aprobado este año para enfrentar la minería ilegal se ha reducido: “En 2024 se asignaron cerca de S/90 millones a la partida de reducción de la minería ilegal, y para 2025 esta se ha reducido a aproximadamente S/70 millones”. Para él, esta disminución refleja la ausencia de voluntad política para abordar el problema.
Dante Vera, por su parte, advirtió que la minería ilegal ya no puede ser comprendida como un fenómeno económico informal, sino como una expresión avanzada del crimen organizado transnacional: “Lo que hoy tenemos en Pataz es una convergencia entre minería ilegal y organizaciones criminales. Primero ofrecían protección, ahora despojan a pequeños mineros de sus socavones, cobran cupos y atacan directamente a la empresa formal. Buscan apropiarse de toda la cadena productiva”.
Estas redes no son improvisadas. Vera explicó que se trata de estructuras sofisticadas, conectadas globalmente: “No son los viejos cárteles. Usan inteligencia artificial, manejan altos volúmenes financieros, y operan como franquicias: si un agente cae, tienen reemplazo. Estudian a los países antes de entrar, y en el Perú han encontrado instituciones porosas, corrupción endémica y vacíos territoriales”.
Además de La Libertad, hay reportes de minería ilegal con vínculos criminales en diversos territorios como la selva norte (Cenepa, Santiago), en la Amazonía sur (Madre de Dios) y hasta en zonas fronterizas. En algunos casos, se ha detectado la participación de grupos armados colombianos que antes se dedicaban exclusivamente al narcotráfico y que hoy también están involucrados en minería ilegal.
José De Echave señaló: “Esta economía ya tiene poder político. Empezó con alcaldes y luego gobernadores. Hoy hay una bancada multipartidaria en el Congreso. Y el actual presidente del Congreso (Eduardo Salhuana), está vinculado a este tipo de minería”. Para el especialista esto implica que el poder minero informal e ilegal tiene hoy una fuerte influencia legislativa y capacidad de bloquear reformas. “Eso pone en riesgo la gobernabilidad democrática del país”.
¿Qué hacer? Replantear la estrategia y recuperar el control territorial
Frente al avance de la minería ilegal y su vínculo con organizaciones criminales, tanto José De Echave como Dante Vera coincidieron en que el Estado no solo carece de una estrategia efectiva, sino que está actuando con medidas que agravan el problema. Ambos propusieron una serie de acciones urgentes para replantear el enfoque.
Para el director de V&C Analistas, lo primero es dejar de apostar por una guerra frontal en los socavones, donde el Estado no tiene ni capacidad ni conocimiento del terreno. En lugar de eso, propone cambiar el eje de intervención hacia el control logístico:
“El centro de la estrategia debe estar en la carretera Pataz–Huamachuco”, señaló. En esa vía se puede frenar el ingreso de insumos clave, así como interceptar la salida de camiones cargados con mineral ilegal. “Si controlamos esa carretera, los ahogamos financieramente”, afirmó.
Otra medida clave que Vera planteó es la fiscalización intensa de las plantas de procesamiento: “La OEFA y todos los organismos encargados del control ambiental deben fiscalizar con toda su regla a las plantas de procesamiento que están en Pataz, que deben ser muy precarias, pequeñas y muy contaminantes, y también ir a las plantas de Trujillo”. Según señaló, muchas de estas plantas operarían con total impunidad, procesando oro de origen ilegal o robado sin ningún tipo de control técnico ni ambiental.
Además, criticó que el gobierno haya decidido la exclusión inmediata de mineros en condición de «suspendido» en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en Pataz. “Si se considera ilegales a 750 mineros, ¿quién los va a sacar de sus socavones? ¿Los van a detener a todos?”. Para el experto, esto solo generará más enfrentamientos y descontento social. En cambio, propone suspender temporalmente el beneficio de la exención penal del Reinfo solo en Pataz, como medida excepcional por el estado de emergencia.
De Echave, por su parte, destacó la necesidad de entender la magnitud del fenómeno minero y diferenciar con claridad entre minería formal, informal e ilegal. También propuso trabajar con las poblaciones que están resistiendo al avance de las economías ilegales. “Hay zonas donde las rondas y los gobiernos autónomos, como los Wampís, están tratando de defender sus territorios y claman ayuda del Estado. Pero el Estado no responde”, advirtió. “Hay que construir una estrategia nacional, que articule respuestas diferenciadas y territoriales”.
Al cierre de la mesa, ambos expertos coincidieron en que enfrentar la minería ilegal exige un enfoque estratégico que combine inteligencia, control logístico, vigilancia ambiental, coordinación con actores locales y una diferenciación clara entre tipos de minería. El reto es aislar a las mafias y fortalecer a quienes apuestan por la legalidad. “O reaccionamos como sociedad, o nos arrebatan el país”, concluyó Vera.
