El domingo 4 de mayo, a cientos de metros bajo el suelo, en un socavón en Pataz, La Libertad, fueron hallados los cuerpos sin vida de trece trabajadores mineros. Estaban maniatados, con los ojos vendados y cada uno presentaba disparos en la nuca. Una semana antes, se había reportado su secuestro por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.
No obstante, aún con el estado de emergencia decretado en la zona, y del despliegue de fuerzas del orden, nadie pudo evitar la masacre. Ni la policía, ni el Ejército, ni el gobierno. Uno a uno fueron ejecutados. Trece vidas fueron arrebatadas bajo las narices del Estado, que sigue sin poder contener el avance de estas redes criminales que han hecho de las zonas auríferas del Perú su territorio.
Esta noticia ha conmocionado al país y ha revelado, una vez más, la creciente fuerza del crimen organizado. La reacción a este acto de violencia ha sido unánime: indignación, duelo colectivo y un pedido urgente por justicia, presencia estatal real y por reformas que frenen el avance de la minería ilegal.
Crimen organizado con rostro de minería ilegal
Poderosa, una de las principales productoras de oro del Perú, ya había advertido sobre el aumento de las amenazas en la zona. Pero ni la presencia militar desplegada desde febrero del 2024 logró evitar el ataque. Recordemos que Pataz se encuentra en «estado de emergencia» desde esta fecha debido a los constantes atentados por parte de mineros ilegales y grupos vinculados a la extorsión que quieren tomar el control total del territorio. Mediante un comunicado, la empresa responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte y a las fuerzas del orden por una serie de omisiones que, aseguran, facilitaron este crimen.
«El espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona», señalan. «No será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actuan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada», añaden.
Lo sucedido en Pataz no es un caso aislado. En los últimos años, la empresa minera ha sido blanco de varios ataques, como sabotajes a torres de alta tensión, emboscadas a vehículos y asesinatos selectivos de su personal. Es importante entender que estos actos forman parte de un patrón más amplio, donde redes criminales han logrado operar con impunidad, utilizando el Registro Integral de Formalización Minera, conocido también como Reinfo, como un instrumento para encubrir sus actos ilegales bajo la apariencia de «minería informal».
¿Por qué se cuestiona al Reinfo? Porque, aunque este sistema se creó hace 8 años para ayudar a los pequeños mineros a formalizarse, en la práctica el Reinfo ha terminado siendo aprovechado por grupos criminales que se dedican a la minería ilegal. ¿Cómo lo hacen? Al inscribirse en este registro, obtienen permisos temporales que les permiten acceder a insumos, maquinaria y otros beneficios legales, aunque no hayan completado el proceso de formalización. Esto les da una «fachada de legalidad».
A ello se suma que, desde 2017, una norma (el Decreto Legislativo 1351) protege a quienes están inscritos en el Reinfo. Esta señala que no pueden ser procesados penalmente por el delito de minería ilegal mientras estén en proceso de formalización. Es decir, tienen una especie de escudo legal. Y como las ampliaciones del Reinfo se han venido extendiendo una y otra vez (estamos en la sexta prórroga), el sistema ha terminado facilitando que operaciones ilegales se mantengan activas durante años sin ser intervenidas.
Es así como estas organizaciones criminales han logrado expandirse con fuerza en lugares como Pataz o regiones como Madre de Dios, donde la minería ilegal viene destruyendo los bosques, envenenando los ríos, afectando a comunidades que terminan consumiendo peces con mercurio, y sembrando el terror con violencia, amenazas y otros delitos que surgen como la trata de personas, explotación sexual y el tráfico de tierras. En estos territorios, el control real no lo tiene el Estado, sino las redes ilegales. Esa es la verdadera dimensión de este problema.
Minería ilegal con respaldo legal: 87 votos a favor de la ampliación del Reinfo
El 29 de noviembre de 2024, el Congreso de la República aprobó, con 87 votos a favor, la sexta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendiendo su vigencia hasta el 30 de junio de 2025. La decisión generó un inmediato rechazo por parte de organizaciones ambientales y especialistas, quienes durante años han pedido detener las ampliaciones y cambiar la estrategia por los nulos resultados. ¿Por qué? Menos del 3% de los más de 84 000 inscritos han logrado formalizarse.
Asimismo, semanas antes, el 5 de noviembre, el Tribunal Constitucional evaluó una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ley que amplía el Reinfo. En esa audiencia, el relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, calificó este mecanismo como “inadecuado e ineficiente”, y advirtió sobre los impactos devastadores que la minería ilegal viene dejando en la salud de las personas, el ambiente y la capacidad del Estado para imponer la ley en los territorios.
En su pronunciamiento ante lo ocurrido en Pataz, la minera Poderosa, también advirtió que “las reiteradas ampliaciones del Reinfo han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso (…) la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del Perú, con un rastro de violencia, contaminación y muerte”.
Además responsabilizó directamente a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas por no atender los pedidos de exclusión de mineros informales que operan dentro de sus concesiones. “A pesar de los requerimientos planteados, siguen sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción”, señala el comunicado.
Rechazo contundente y exigencias desde la sociedad civil
Frente a esta masacre, diversos colectivos y organizaciones han emitido pronunciamientos. Desde V&C Analistas, se advirtió que este crimen refleja la consolidación del poder criminal en territorios donde el Estado ha perdido soberanía. Para este colectivo de expertos en desarrollo, minería y seguridad, lo ocurrido en Pataz no es un episodio aislado, sino una expresión de una guerra no declarada por el control del oro, en un contexto marcado por la informalidad, la violencia sistemática y el abandono institucional.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por su parte, denunció la inacción del gobierno ante un escenario de emergencia. “La criminalidad avanza ante la inacción del Gobierno, que no respondió con la urgencia que la situación exigía, incluso en pleno estado de emergencia. Este hecho también evidencia la falta de garantías de seguridad por parte de la empresa para quienes laboran en sus operaciones”, señaló en su pronunciamiento.
Otras organizaciones como Capitalismo Consciente Perú, L+1 y el Consejo Privado Anticorrupción (CPA) se sumaron al rechazo, alertando sobre una crisis estructural más profunda. “El asesinato de 13 trabajadores en Pataz no es solo una tragedia: es el síntoma brutal de un país que se descompone entre la indiferencia ciudadana, la inacción del Estado y la captura criminal de territorios. Mientras el Congreso desmonta instituciones y normaliza la impunidad, y el Ejecutivo permanece pasivo y sin rumbo, el crimen organizado avanza, la democracia retrocede y la vida humana pierde valor”, advirtieron.
Entre la impunidad y la formalización fallida
Uno de los puntos más críticos señalados por V&C Analistas es la disposición transitoria del Decreto Legislativo 1351, que otorga exención penal a los mineros inscritos en el Reinfo. En zonas como La Libertad, esta norma se ha convertido, según el pronunciamiento, en una protección legal que impide a las autoridades incautar oro de origen ilegal y actuar contra operadores informales o ilegales.
Es por ello que el colectivo de analistas propone suspender esta disposición legal específicamente en La Libertad, donde se ha declarado una emergencia por violencia criminal. El pronunciamiento también plantea una hoja de ruta concreta para recuperar el control territorial y garantizar justicia para las víctimas:
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Medidas legales urgentes: suspender la exención penal del DL 1351 en La Libertad para permitir acciones contra operadores ilegales del oro.
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Puestos de control estratégicos: establecer vigilancia en las principales rutas hacia la sierra con participación de la SUNAT, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para interceptar insumos químicos y explosivos.
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Presencia real del Estado: desplegar destacamentos policiales (DINOES), comisarías, y representantes de ministerios clave (Agricultura, Educación, Vivienda, Ambiente, Desarrollo e Inclusión Social) para implementar una estrategia territorial de seguridad y desarrollo.
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Construcción de un frente social: convocar a empresas mineras, comunidades campesinas, rondas, organizaciones de mujeres, juventudes y sociedad civil a una coalición nacional por la paz y el desarrollo con justicia.
Gobierno suspende minería por 30 días en Pataz
La presidenta Dina Boluarte anunció la suspensión de todas las actividades mineras en esta provincia por 30 días, prorrogables. Además, señaló que se procederá a excluir del Reinfo a quienes figuren como suspendidos, como parte de una estrategia para recuperar el control de la zona y enfrentar la minería ilegal.
La mandataria también decretó toque de queda en el distrito de Pataz, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y anunció la creación de una base permanente con presencia militar y policial especializada. Esta base, asegura, buscará combatir al crimen organizado que opera en la zona minera, especialmente en el entorno de la minera La Poderosa, donde las Fuerzas Armadas asumirán el control total.
Pataz y la necesidad de recuperar el control estatal
La masacre en Pataz es también una muestra clara de la fragilidad del Estado frente a un problema estructural y complejo. A pesar de las declaraciones de emergencia y el despliegue de fuerzas de seguridad, el crimen organizado sigue extendiendo su poder en el país, amparado por la debilidad de las instituciones encargadas de formalizar la minería y garantizar la seguridad.
Desde Inforegión expresamos nuestra solidaridad y profundo pesar a los familiares de los 13 trabajadores que perdieron la vida.
