La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) desempeña un papel importante en la economía peruana, aunque enfrenta desafíos relacionados con su regulación y sostenibilidad. La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta junio de 2025, ha reavivado el debate sobre los límites y retos de la formalización. Es importante diferenciar entre minería informal e ilegal, ya que estas actividades, aunque frecuentemente confundidas, tienen implicancias normativas y operativas distintas que afectan su impacto y regulación en el país.
Minería ilegal: delito ambiental y económico en expansión
La minería ilegal opera al margen de la ley en zonas restringidas como áreas naturales protegidas, riberas de ríos y cabeceras de cuenca, utilizando maquinaria e insumos prohibidos, como dragas y mercurio. Este delito genera severos impactos ambientales, destruye ecosistemas, contamina fuentes de agua y está estrechamente vinculado al crimen organizado, financiando actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), “la minería ilegal es el delito que más dinero genera en el Perú actualmente, con una ganancia estimada mayor a los USD 8200 millones anuales, superando al narcotráfico”. Esta actividad ilícita se encuentra prácticamente en todas las regiones del país, con mayor presencia en Cusco, Madre de Dios y Puno. El último boletín RAMI, de octubre de 2024, reporta miles de alertas que evidencian su expansión en comunidades nativas, concesiones de reforestación y zonas protegidas, incluso identificando infraestructuras mineras en el río Nanay, en Loreto.
En Madre de Dios, la minería ilegal se concentra principalmente en las provincias de Manu y Tambopata, como detalla la socióloga Marina Irigoyen en su estudio Minería ilegal, pueblos indígenas e inequidades de género en Madre de Dios. “Se explotan terrazas al pie de los montes con maquinaria pesada como cargadores, retroexcavadoras y volquetes para remover el material que contiene oro, empleando también mercurio para obtener el oro metálico. En estas cuencas se produce el 9,2% del oro del Perú, estimado en unos 16 000 kilos anuales. Sin embargo, los beneficios para el Estado son mínimos en contraste con los graves daños ambientales y sociales que provoca esta actividad”, subraya el estudio.
Minería informal: camino hacia la formalización
En contraste, la minería informal, una actividad dentro de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), se realiza en zonas permitidas y con herramientas reguladas por la normativa vigente. Aunque no constituye un delito penal, enfrenta sanciones administrativas por operar sin cumplir los requisitos legales. A diferencia de la minería ilegal, la informalidad tiene la posibilidad de regularizarse mediante el proceso de formalización, un camino que ha mostrado avances limitados y desafíos significativos.
Creado en 2016, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) buscaba integrar a los pequeños mineros al sistema formal. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes: menos del 2.4% de los más de 87 000 inscritos han completado el proceso. Según Dante Vera, director de V&C Analistas, “los requisitos burocráticos y onerosos impuestos por el Estado han perpetuado la informalidad en un país donde más del 75% de la economía opera al margen de la legalidad”. Vera añade que “no se puede pedir la ampliación o prórroga del Reinfo si no cambiamos las condiciones y los compromisos para garantizar que la transición sea efectiva y viable”.
Reinfo: movilizaciones en la capital
Las incertidumbre ante la ampliación del Reinfo provocaron movilizaciones. Desde el 18 de noviembre, miles de pequeños mineros agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) exigieron en Lima y otras regiones la ampliación del plazo de formalización. En la capital, las manifestaciones frente al Congreso incluyeron consignas como “no somos ilegales” y “la ampliación va sí o sí”, mientras que en Arequipa e Ica los cortes de carreteras generaron tensión.
Finalmente, el 29 de noviembre, el Congreso aprobó, con 87 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, la extensión del Reinfo hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de una prórroga adicional de seis meses mediante decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El desafío del Reinfo
El debate sobre la ampliación del Reinfo ha expuesto fallas estructurales en la formalización minera. Críticos como Colectivo PAS y ComexPerú sostienen que la inscripción al Reinfo ha permitido que algunos mineros ilegales operen bajo un «manto de impunidad». Esto se debe a que el registro exime de responsabilidad penal a los inscritos, permitiéndoles comprar explosivos e insumos y trasladar mineral sin ser procesados por minería ilegal. Esto, afirman, convierte al Reinfo en un refugio para actividades ilícitas, en lugar de un mecanismo para combatirlas efectivamente.
Mientras tanto, el reto de transformar la minería informal en una actividad formal y sostenible persiste como una tarea pendiente para el país, enfrentando tanto las demandas de los pequeños mineros como las críticas por su posible instrumentalización por parte de actores ilegales.
El presidente de Confemin, Máximo Franco Bequer, concedió una entrevista a Inforegión días antes de la ampliación del Reinfo, en la que explicó los obstáculos que, durante estos años, han impedido a los mineros informales lograr la formalización. Conoce más sobre este tema y el Reinfo aquí.
