El Perú, reconocido como el segundo productor de oro en América Latina, enfrenta un panorama minero complejo. La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) desempeña un papel clave en la economía nacional, pero enfrenta desafíos relacionados con su formalización y sostenibilidad. Paralelamente, la minería ilegal sigue expandiéndose, causando graves daños ambientales, invadiendo nuevas áreas y alimentando actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. Reinfo
Es fundamental distinguir entre ambas prácticas. La MAPE, aunque en parte opera de manera informal, se desarrolla en zonas permitidas y puede regularizarse dentro del marco legal. En cambio, la minería ilegal se realiza en áreas prohibidas, ocasiona graves daños ambientales y está asociada a otros delitos. Esta distinción es esencial, ya que a menudo ambas actividades se confunden en el discurso público, lo que conlleva a generalizaciones erróneas sobre sus actores. Además, las implicancias normativas y operativas de cada una exigen estrategias de regulación específicas y diferenciadas.
Teniendo en cuenta ello, durante el 2024 se registraron diversos hitos que evidenciaron los esfuerzos y fallas en la gestión de estas problemáticas, con repercusiones proyectadas para 2025. Desde Inforegión, hemos seguido de cerca estas dinámicas, analizando su impacto en la economía, el ambiente y la sociedad, a través de entrevistas con expertos y actores clave. A continuación, presentamos un informe que detalla los eventos más relevantes del año, con una mirada hacia los desafíos y oportunidades que marcarán el 2025.
El reto de la formalización: movilizaciones y ampliación del Reinfo
El año comenzó con tensiones en el sector minero. En marzo, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) organizó marchas en Lima para exigir la derogatoria del Decreto Legislativo N.º 1607, que endurecía las causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo. Este registro fue creado para formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales, regulando sus actividades y reduciendo los impactos negativos de la minería informal.
En septiembre, la Confemin volvió a movilizarse, esta vez para pedir la prórroga del Reinfo, cuyo plazo vencía el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, esta demanda generó críticas de expertos que calificaron al Reinfo como un “fracaso”, ya que solo el 2.4% de los más de 87 000 inscritos habían logrado formalizarse. También advirtieron que el registro permite a algunos mineros ilegales operar bajo un “manto de impunidad”, ya que al inscribirse al Reinfo están eximidos de responsabilidad penal.
Esto avivó el debate sobre la efectividad del Reinfo, mientras crecían las tensiones por su posible sexta ampliación. En noviembre, las protestas escalaron con bloqueos de carreteras en Lima, Arequipa, La Libertad e Ica. Cientos de manifestantes se congregaron frente al Congreso, coreando consignas como “no somos ilegales” y “la ampliación va sí o sí”. Máximo Franco, presidente de la Confemin, denunció a Inforegión que el mayor impedimento para avanzar en el proceso de formalización ha sido la negativa de los titulares de concesiones a suscribir los contratos requeridos, un requisito indispensable para avanzar. Finalmente, el 29 de noviembre, el Congreso aprobó la ampliación del Reinfo hasta junio de 2025.
La expansión de la minería ilegal: un delito en ascenso
En abril, nos reunimos con los líderes wampís del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), un pueblo ubicado entre Amazonas y Loreto, quienes denunciaron la creciente presencia de minería ilegal en sus territorios y la complicidad de la policía con esta actividad ilícita. “Nuestros hijos, nuestros niños, van al río y regresan con picazón en la piel, algo que antes no ocurría. Los peces también tienen heridas. Antes cazábamos hasta diez peces, pero ahora apenas encontramos alguno”, denunció Andrés Noningo, sabio del GTANW.
En octubre, el boletín RAMI #44 alertó sobre miles de casos que evidencian la expansión de la minería ilegal en comunidades nativas, concesiones de reforestación y áreas naturales protegidas. Solo en la Comunidad Nativa Puerto Luz, en Madre de Dios, se registraron 125 alertas. El informe también destacó la aparición de nuevas infraestructuras mineras en el río Nanay, ubicado en Loreto.
Crisis y cambios en el liderazgo
El manejo de la problemática minera también generó inestabilidad política. El 5 de noviembre, el Tribunal Constitucional celebró una audiencia pública para evaluar la posible inconstitucionalidad de la ley que extiende el plazo del Reinfo. En esta sesión, participó el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas, Marcos A. Orellana, quien calificó al Reinfo como «inadecuado e ineficiente».
El 26 de noviembre, en medio de críticas por su incapacidad para abordar los desafíos del sector minero y por el retraso en la presentación de la nueva Ley MAPE, destinada a sustituir al Reinfo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue destituido por el Congreso. Su reemplazo, Jorge Montero, asumió el cargo el 2 de diciembre.
Impactos ambientales y socioeconómicos
En diciembre publicamos las respuestas del Relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, a un cuestionario enviado por el abogado especializado en derecho ambiental, César Ipenza. Estas declaraciones ofrecieron una visión internacional y crítica sobre los retos de la minería informal asociados ante la reciente extensión del Reinfo y la minería ilegal.
Orellana señaló que el Reinfo “ofrece la ilusión de que el flagelo de la minería ilegal está siendo abordado por el Estado con una política pública” y advirtió que las personas y comunidades siguen sufriendo los impactos del mercurio, utilizado en la minería artesanal y de pequeña escala. En este contexto, el Relator sugirió abandonar el fallido Reinfo, pues considera que “genera impunidad, fomenta el crimen organizado y agrava las violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, desde Inforegión abordamos el uso de mercurio en la extracción de oro y sus efectos en el ambiente y la salud. ¿Sabías que este metal es clave en el procedimiento de extracción? No obstante, genera consecuencias devastadoras al liberarse durante la quema o filtrarse en ríos y suelos. Contamina el aire y a los animales que viven en el río, como los peces, y pone en riesgo la salud de las comunidades amazónicas que los consumen. Los efectos de esta contaminación ya son visibles y preocupantes.
Conclusiones y desafíos hacia el 2025
Dante Vera, director de V&C Analistas y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), advirtió a Inforegión sobre una preocupante tendencia en la conflictividad social del sector minero durante 2024: la creciente expansión de la extracción ilegal de oro en los ámbitos de la pequeña minería y la minería artesanal. Esta actividad, infiltrada por organizaciones criminales nacionales y transnacionales, ha generado un cambio significativo en la naturaleza de la conflictividad social en el sector.
Según Vera, estas organizaciones criminales representan una nueva amenaza para la minería formal, dado que recurren a prácticas como robos, extorsiones, atentados y sicariato. Esta situación ha obligado a las empresas mineras a triplicar sus gastos en seguridad, además de reportar pérdidas millonarias debido al robo de minerales.
El especialista también destacó que estas organizaciones criminales afectan directamente a los pequeños mineros y a aquellos en proceso de formalización, sometiéndolos a extorsiones y amenazas de despojo de sus actividades. Esta problemática ya se evidencia en regiones como Pataz, el Cenepa, el Putumayo, Madre de Dios, Ático, y otras zonas del país. Asimismo, se registra la invasión de territorios pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonía y comunidades campesinas andinas.
Frente a esta problemática, Vera enfatizó la urgencia de que la pequeña minería y la minería artesanal aceleren acuerdos dentro del marco de la ley MAPE para avanzar en su formalización. Asimismo, advirtió que el sistema actual del Reinfo enfrenta serias limitaciones, como requisitos excesivamente burocráticos y costosos que dificultan el proceso. Además, señaló que este sistema no aborda uno de los principales obstáculos para la formalización: la exigencia de contratos de explotación que los pequeños mineros deben suscribir con los titulares de las concesiones.
De cara al 2025, Vera propuso una serie de medidas urgentes para enfrentar estos desafíos. Entre ellas, destacó la importancia de “sincerar” el Reinfo mediante un censo que identifique cuántos pequeños mineros existen, dónde operan y cuánto producen. Además, consideró fundamental implementar un sistema de trazabilidad del oro para frenar la infiltración de organizaciones criminales. Finalmente, planteó la creación de un fondo minero destinado a la renovación tecnológica, la capacitación en gestión empresarial y la promoción de la asociatividad entre pequeños mineros.
Inforegión, contra la minería ilegal
Este año nos ha mostrado, una vez más, que el camino hacia un sector minero sostenible necesita de un trabajo conjunto entre el gobierno, las comunidades y las empresas, siendo la única opción que puede redefinir el futuro de esta actividad y sus impactos en nuestro país. Mientras avanzamos hacia esa meta, no debemos olvidar que, en este mismo instante, hay comunidades, especialmente en la Amazonía, sufriendo los estragos de la minería ilegal.
Mientras debatimos políticas y regulaciones en Lima, en este instante, las comunidades amazónicas se están contaminando al consumir peces con altos niveles de mercurio, un veneno vertido en sus ríos por los mineros ilegales durante años. Cuando la minería ilegal llegó a sus tierras, estas comunidades quedaron atrapadas en un círculo de violencia donde la trata de personas, el trabajo forzoso, el robo de tierras y la extorsión se han vuelto parte de su vida cotidiana. Hoy estas comunidades están viendo los bosques donde crecieron, sus costumbres y su forma de vida desaparecer.
Esta crisis trasciende las fronteras de la capital y exige nuestra atención. Por ello, desde Inforegión continuaremos monitoreando y reportando, de forma descentralizada, este problema, con el objetivo de visibilizar su impacto y generar conciencia sobre su magnitud.
