El Congreso de la República vuelve a poner en jaque el corazón natural del Perú. La reciente propuesta del congresista Jorge Flores (Podemos Perú) de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834) para permitir la explotación de hidrocarburos en Parques Nacionales y Santuarios es, sin rodeos, un grave atentado contra nuestro patrimonio natural y una bofetada a décadas de esfuerzo por la conservación.
La iniciativa, que busca abrir la puerta a la exploración y extracción de gas y petróleo bajo el pretexto de generar mayores ingresos para las regiones amazónicas, es un espejismo peligroso. Se argumenta la «necesidad pública e interés nacional» para justificar la «modificación y transformación del ambiente natural» en áreas que hoy son santuarios intangibles de vida.
Este es un intento descarado de legitimar la destrucción de nuestros ecosistemas más valiosos en nombre de un desarrollo que, históricamente, ha demostrado ser insostenible y generador de conflictos.
Un retroceso inaceptable para la conservación
Organizaciones de la talla de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) no han dudado en calificar esta propuesta como inconstitucional. Y tienen razón. Nuestra actual Ley de Áreas Naturales Protegidas prohíbe taxativamente actividades de alto impacto en estos espacios precisamente porque albergan una biodiversidad irremplazable y cumplen funciones vitales para todos nosotros, como la regulación hídrica o la captura de carbono.
«Permitir la extracción petrolera en estas zonas es desmantelar el marco legal que con tanto esfuerzo hemos construido para proteger nuestra megadiversidad».
Además, la propuesta busca debilitar gravemente el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), al subordinar la opinión técnica ambiental a los intereses de ministerios vinculados a la producción y la energía. Es como pedirle al lobo que cuide las ovejas. Esta visión miope ignora que la riqueza de nuestros bosques no solo radica en el subsuelo, sino en la inmensa diversidad biológica que albergan, en los servicios ecosistémicos que nos proveen, agua, aire puro, regulación climática, y en el hogar de innumerables comunidades indígenas.
¿Desarrollo a cualquier precio?
El argumento de generar mayor canon y sobrecanon para cerrar brechas sociales y de infraestructura es tentador, pero falaz. La historia del Perú está llena de ejemplos de cómo la explotación de recursos sin una planificación y fiscalización adecuadas ha dejado pasivos ambientales y sociales irrecuperables, en lugar de desarrollo sostenible. ¿Realmente creemos que la destrucción de un Parque Nacional traerá prosperidad duradera, o más bien un rastro de contaminación, conflictos sociales y la pérdida irreversible de especies?
Perú es uno de los países más megadiversos del mundo. Nuestros Parques Nacionales como el Manu, Cordillera Azul, Tingo María, o Santuarios como Manglares de Tumbes, o Ampay de Apurímac, o el Santuario Histórico de Machu Picchu, no son solo tesoros naturales, son pilares de nuestra identidad, focos de investigación científica y motores potenciales para un turismo sostenible que realmente genere bienestar a largo plazo.
Llamado a la conciencia
Es hora de que nuestros congresistas comprendan que la verdadera riqueza de una nación no solo se mide en barriles de petróleo, sino en la salud de sus ecosistemas, en la diversidad de su flora y fauna, y en la calidad de vida de sus ciudadanos.
«Abrir nuestras Áreas Naturales Protegidas a la explotación de hidrocarburos no es progreso; es un salto al vacío que nos condena a hipotecar nuestro futuro por ganancias efímeras».
Desde Inforegión, hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones ambientales, a los pueblos indígenas y a la comunidad internacional a levantar la voz y detener este proyecto de ley. La defensa de nuestras Áreas Naturales Protegidas no es solo una cuestión ambiental; es una cuestión de justicia social, de respeto a nuestros derechos y de asegurar un futuro viable para las próximas generaciones.
El costo de permitir esta propuesta es infinitamente mayor que cualquier beneficio económico prometido. No podemos permitir que el «alimento de los dioses» sea sacrificado por el «oro negro».
