El congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú) presentó el Proyecto de Ley 11822/2024-CR, que propone modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) para permitir la explotación de hidrocarburos y otros recursos en espacios actualmente protegidos como parques nacionales, santuarios históricos y reservas comunales.
La propuesta plantea cambiar nueve artículos de la norma vigente y añadir tres disposiciones complementarias. Entre los principales cambios figura la posibilidad de que estas áreas puedan ser modificadas mediante decreto supremo, y no solo por ley, como se establece actualmente.
Según el texto del proyecto, el objetivo es promover la inversión privada para incrementar los ingresos por canon y sobrecanon que reciben los gobiernos regionales y locales, con el fin de reducir brechas de infraestructura y sociales.
Se permitiría explotación si se declara “necesidad pública”
Uno de los puntos más cuestionados es la modificación del artículo 21, que actualmente prohíbe la extracción de recursos en áreas de uso indirecto, como los parques nacionales y los santuarios. El proyecto plantea permitir estas actividades si son declaradas de necesidad pública e interés nacional por decreto supremo.
Esto incluiría no solo la extracción de recursos renovables y no renovables, sino también transformaciones del ambiente natural “estrictamente necesarias” para los proyectos.
Entre las disposiciones complementarias, el proyecto declara de interés nacional el “Proyecto de Exploración y Explotación del Lote 76”, ubicado en la provincia de Carabaya (Puno), que se superpone en gran parte con la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios. También promueve la masificación del gas natural en regiones como Ucayali, Loreto, San Martín, Pasco, Huánuco y Madre de Dios.
SPDA cuestiona impacto sobre áreas protegidas
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) emitió una opinión legal en la que advierte que el proyecto representa un retroceso en la institucionalidad ambiental y en los mecanismos de protección de la biodiversidad establecidos en el país durante las últimas dos décadas.
“Los objetivos de conservación no pueden ser relegados por la potencialidad extractivista de un territorio”, señala el documento. Además, cuestiona que se pretenda aprobar una medida legislativa con impacto sobre territorios indígenas sin cumplir con el proceso de consulta previa, como establece el Convenio 169 de la OIT.
La SPDA también advierte que las áreas naturales protegidas cumplen un rol clave frente a desafíos como la seguridad hídrica, la deforestación y la captura de carbono, además de proveer servicios ecosistémicos que benefician a la población en general.
Antecedente similar fue rechazado en 2023
En mayo de 2023, el Ministerio de Energía y Minas impulsó un proyecto similar, que también proponía modificar artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. La propuesta fue rechazada por el Ministerio del Ambiente, así como por organizaciones indígenas, ambientalistas y centros de investigación.
En ese momento, la SPDA sostuvo que la iniciativa era inconstitucional y alertó sobre los riesgos que implicaba para la protección de los ecosistemas y los derechos colectivos de las comunidades.
El nuevo proyecto presentado por Jorge Flores aún debe ser evaluado en las comisiones del Congreso. Mientras tanto, especialistas y organizaciones continúan alertando sobre sus posibles impactos.
