Otra niña de 12 años, que vive en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco, está embarazada de 13 semanas. El embarazo es el resultado de una violación sexual que sufrió la menor. El agresor aún no ha sido identificado ni capturado.
La niña está internada desde el sábado 7 de octubre en el hospital Antonio Lorena de Cusco. Allí, una junta médica del Ministerio de Salud (Minsa) evaluará si puede acceder al aborto terapéutico.
Según Rubén Porcel, director ejecutivo del hospital Antonio Lorena de Cusco, la junta médica tomará en cuenta todos los aspectos para determinar si la víctima puede continuar o no con el embarazo. Entre estos aspectos están el riesgo físico y psicológico para la menor, su opinión y la de su madre, y el pronunciamiento del Poder Judicial.
Las autoridades del Minsa están enfocando todos sus esfuerzos para darle a la menor la atención y acompañamiento adecuado. También están trabajando para garantizar el acceso al aborto terapéutico a todas las mujeres que lo necesiten.
El aborto terapéutico es la interrupción legal del embarazo cuando este pone en riesgo la vida o la salud de la madre. En el Perú, el aborto terapéutico está permitido desde 1924, pero no hay un protocolo claro para su aplicación.
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El secretario general de Perú Libre, Vladimir Roy Cerrón Rojas, fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por la Sala Penal Transitoria de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín por el delito de colusión en el caso del aedródromo Wanka, un proyecto que impulsó cuando fue presidente regional en el periodo 2011-2014.
Conocida la sentencia, Cerrón Rojas pasó a la clandestinidad, tal y como lo hizo en agosto del 2019 con la sentencia en su contra por el caso de saneamiento de La Oroya.
Desde el viernes 6 de octubre el paradero de Vladimir Cerrón y los otros tres setenciados es desconocido pese a que el abogado Luis Mayhua adelantó que el líder de Perú Libre eventualmente se entregaría a la justicia. Por el contrario, en su cuenta de «X» el también exgobernador de Junín calificó de arbitraria la sentencia del Poder Judicial y en la cual deja entrever que no acatará la medida judicial.
De acuerdo con la sentencia judicial, Cerrón preparó los actos colusorios desde julio de 2013, cuando con un memorándum le ordenó al entonces gerente regional Henry Fernando López Cantorín iniciar el trámite para la declaratoria de interés regional la construcción del aeródromo Wanka.
“De Vladimir Cerrón Rojas, su actuar no se limita a la suscripción del contrato, sino a fases previas a la declaratoria de interés regional de la construcción del aeródromo Wanka, su actuar fue sucesivo y determinante para que se lleve a cabo la suscripción del contrato vulnerando así leyes y Decretos legislativos sobre la materia”, señala la sentencia.
“El acto colusorio y peligro potencial se concretizó con la participación de Luis García Morón, el delito y la responsabilidad penal está suficientemente acreditado”, agrega.
Aldrin Zárate modificó iniciativa privada de cofinanciada a autosostenible
Con Vladimir Cerrón fue sentenciado Aldrin Zárate Bernuy, exgerente de Desarrollo Económico y presdiente de la Oficina de Promoción (OPIP) de la Inversión Privada del Gobierno Regional Junín, quien recibió la misma pena.
“Se acreditó su actuar irregular en su cargo como presidente de la OPIP, variando sustancialmente la propuesta de proyecto de inversión privada de cofinanciada a autosostenible, a pesar que existía mandato legal de que la construcción de otro aeropuerto en la Región Junín era inviable”, señala la sentencia.
El pacto colusorio de Zárate fue con su coimputado Serafín Blanco Campos, representante del consorcio Aeródromo Wanka, “fue desarrollado indiciariamente, su responsabilidad está acreditada”, dijo la sala penal.
Pacto colusorio concluyó con la firma del contrato
El tercer sentenciado es Serafín Samuel Blanco Campo. La sala consiga que en representación del consorcio Aeródromo Wanka presentó una subsanación de petición de gracia y adjunta una declaración jurada donde sostiene que la iniciativa privada para construir el aeródromo no solicitará el cofinanciamiento del gobierno regional.
“Sin en embargo, es de verse que en la propuesta de participación se estableció estructurar un financiamiento del proyecto con 20 % de aporte del proponente y 80 % por financiamiento, precisándose en la parte final que efectivamente el proyecto no es autosostenible”, anota la sentencia.
Finalmente, Luis García Morón, representante del consorcio Aeródromo Wanka, con quien Vladimir Cerrón concluyó el pacto colusorio el 4 de junio de 2014, fecha en que cuando ambos firmaron el contrato para la construcción, operación y administración del aeródromo Wanka en terrenos ubicados en Orcotuna y Sicaya.
La resolución de la sala pone énfasis de que los sentenciados se coludieron pese a la existencia de normas que hacían inviable la construcción de una nueva infraestructura aeroportuaria en la región Junín.
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Comunidad nativa Cañete, ubicada en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, Junín, es el principal proveedor de cacao de la empresa Ecoandino. Suministra entre 400 a 500 kilogramos, junto a otros productores locales, para elaborar cacao en polvo, nibs y manteca.
Según informó la empresa, estos productos, que también pueden ser hechos a base de maca, yacón, maíz morado y aguaymanto, son exportados a unos 40 países. De esta forma, Ecoandino busca que la comunidad nativa sea parte de sus socios estratégicos.
Ecoandino adquiere entre 400 a 500 kilos de cacao de la comunidad nativa Cañete.
Nueva Planta de cacao en Junín
El pasado 6 de octubre, la empresa inauguró una nueva planta de producción de cacao y sus derivados. Al acto asistió Consiu Shanqueti, productor de la comunidad, y pudo observar el proceso por el que pasa el grano.
“Hemos invertido en toda la línea del cacao, desde la selección de granos hasta la obtención de manteca y polvo (…). La inversión de US$2 millones en línea del grano y derivados implica un impacto en la generación de empleos en Junín y en especial en la provincia de Concepción (lugar donde está la planta)”, dijo Gino Samaniego, gerente de Ecoandino.
Con esta nueva planta, la empresa Ecoandino espera duplicar la producción del grano orgánico en el primer año. De esta manera, la compañía apunta a crecer hasta US$10 millones en exportaciones.
La Contraloría General de la República identificó una sospechosa compra de bienes informáticos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA). El Informe de Control N°017-2023-2-0208-SCE reveló una compra fraccionada injustificada a un proveedor sin experiencia en el rubro y cuyos productos no cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas.
El monto total de la compra ascendió a S/ 116,600 e incluyó ocho laptops y una impresora multifuncional. Sin embargo, en lugar de agrupar los requerimientos en una sola compra, se hizo cuatro órdenes de compra por montos de S/ 35,100, S/ 34,000, S/ 23,700, y S/ 23,800, en favor del único proveedor, Jorge Fernando Díaz Vargas. Este último, además de no contar con la experiencia necesaria, no estaba habilitado por la SUNAT para realizar este tipo de operaciones.
Las discrepancias no se detienen allí. Se constató que los equipos entregados no poseían todas las características técnicas especificadas. Por ejemplo, en el caso de la Dirección de Incubadora de Empresas, se recibió dos laptops con procesador y modelo diferentes, y con tarjetas gráficas de menor capacidad.
Una situación similar ocurrió con las laptops de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, que presentaban discos duros de menor capacidad. Además, se adquirió un equipo multifuncional que no coincidía con lo solicitado.
Ica: Los implicados deben ser denunciados
Los funcionarios implicados en este proceso son Roberto Angulo Quispe (jefe de Abastecimiento) y Gino Mora Castillo (director de Incubadora de Empresas). Asimismo Aristides Lara Pujaico (director de Producción de Bienes y Servicios) y Angelita Martínez Contreras (directora de Innovación y Transferencia Tecnológica).
A pesar de las irregularidades, no se contó con la opinión de un especialista para la compra de estos equipos. Además las órdenes de compra se aprobaron sin verificar previamente que el proveedor no cumplía con los requisitos de actividad económica necesarios para la contratación.
Los resultados de este informe fueron comunicados al rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. También se informó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción. Esto con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes y se determinen las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
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El Perú reunirá a expertos de Brasil, Chile, México y España para analizar y definir estrategias agrarias que permitan conservar la calidad del suelo agrario. Así se realizará en la primera «Convención Internacional de Suelos 2023”, que organizará el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en alianza con la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm). El evento va del 4 al 6 de diciembre en Lima.
El evento busca transferir nuevas tecnologías agronómicas y proyectos de innovación relacionadas a la nutrición de cultivos, la restauración de suelos degradados y la gestión sostenible de recursos naturales. Esta actividad lleva esta frase como lema: “Nuevas Estrategias de Fertilización y Biorremediación».
Para ello, se analizarán temas referidos a estrategias del nuevo milenio para gestionar la fertilidad del suelo y la producción de microorganismos biofertilizantes y biorremediadores. Además, se verá la recuperación de suelos degradados, las tecnologías de biorremediación, los impactos de incendios forestales, entre otros temas.
Foto: INIA
Una convención hecha en el marco del Proyecto de Suelos y Aguas
La convención internacional forma parte de las estrategias que impulsa el INIA-MIDAGRI a través del Proyecto de Suelos y Aguas. Estas generan tecnologías para mejorar la calidad del suelo con fines agrarios, a través de una Red de 13 Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares (Labsaf), acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).
Esta red de laboratorios analiza: suelo agrícola, calidad de agua para riego, foliares, abonos orgánicos, alimentos y detección de metales pesados. Todo en beneficio de 72 750 productores directos y más de 250 000 productores a escala nacional. La red abarca San Martín, Pucallpa, Junín, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Puno, Arequipa, Moquegua, Chiclayo, Huaral y Lima.
Además, se han implementado Módulos de Investigación y Transferencia de Tecnologías en Abonos Orgánicos en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA. Esto mediante el cual se transfiere a los productores metodologías para la producción de compost, vermicompost, bioles, biosoles y biofertilizantes.
Foto: INIA
Así mismo, mediante cursos de capacitación, el INIA-MIDAGRI permitió que más de 450 agricultores reciban su certificación como Proveedores de Asistencia Técnica. Así se han convertido en especialistas en producción de abono orgánico y conservación de la calidad del suelo agrario. Las actividades de formación benefician a más de 35 mil productores del país.
Otros datos sobre la convención con sede en el Perú
Esta convención permitirá el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional. Está dirigido a productores, estudiantes, investigadores, expertos, funcionarios vinculados a la actividad agropecuaria, se informó a Inforegión.
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El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, emprendió su cuarto viaje de vacaciones del año a Europa por “motivos personales”. Este viaje se produce en un momento en que La Libertad está experimentando un aumento en los índices de criminalidad, con 264 muertes registradas solo en este año.
Acuña, dueño del partido Alianza Para el Progreso (APP), realizó su última actividad oficial el 5 de octubre, cuando la presidenta Dina Boluarte visitó Trujillo. Al día siguiente, comenzó su licencia y estará ausente hasta el 14 de octubre.
Como se recuerda, en medio de críticas, el Consejo Regional de La Libertad aprobó previamente sus vacaciones anticipadas. Las fechas establecidas fueron del 9 al 18 de junio, del 28 de julio al 5 de agosto, del 6 al 14 de octubre y del 9 al 16 de diciembre de 2023. Además, solicitó una licencia del 8 al 16 de abril. Todas estas solicitudes fueron por “motivos personales”.
Mónica Sánchez, portavoz del Observatorio Ciudadano de La Libertad, expresó su preocupación por el hecho de que Acuña se vaya a Europa en medio de una crisis de inseguridad ciudadana, con solo el 29% del presupuesto ejecutado y con graves problemas pendientes en la región.
Joana Cabrera, vicegobernadora, quien asume el cargo durante la ausencia de César Acuña, tratando de poner paños fríos a la crítica, dijo que mantendrá una “comunicación constante y diaria” con él. Afirmó que el trabajo en todas las áreas continuará sin interrupciones bajo su supervisión.
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El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah), erradicó 16 682.47 hectáreas de sembríos ilegales de hoja de coca. Los trabajos se realizaron en las regiones Ucayali, Loreto, San Martín, Pasco, Huánuco y Junín.
El personal del Proyecto Especial Corah alcanzó estas cifras durante la labor ejecutada en 8703 parcelas. También se eliminaron 155 m2 de almácigos. Actualmente, la erradicación se hace en cuatro ejes operativos: Constitución, Caballococha, Callería y Mazamari.
Las acciones cuentan con el apoyo de efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro – PNP). El trabajo conjunto permitió destruir ocho laboratorios rústicos clandestinos de elaboración de drogas cocaínas. Seis de ellos se ubicaron en la región Huánuco. Adicionalmente, uno fue hallado en la región Ucayali, y el otro en Pasco.
Zonas notables por las hectáreas erradicadas
En tanto, Ucayali (5229.51 ha) encabeza la lista de regiones en donde se erradicaron más hectáreas de sembríos ilegales de hoja de coca. Le siguen San Martin (4257.30 ha), Huánuco (3726.13 ha), Pasco (2317.46 ha), Loreto (1111.38 ha) y Junín (40.69 ha).
Veamos la erradicación registrada por distritos. En la región Ucayali esta labor arrojó las siguientes cifras: Callería (4187.37 ha), Masisea (627.94 ha) y Nueva Requena (414.20 ha). En la región San Martín: Pólvora (2282.42 ha), Tocache (1425.15 ha) y Uchiza (549.73 ha).
Además, en la región Huánuco: Yuyapichis (2049.24 ha), Cholón (1181.17 ha), Puerto Inca (266.91 ha), Codo del Pozuzo (124.07 ha) y Honoria (104.74 ha). En la región Pasco: Constitución (2282.22 ha) y Puerto Bermudez (35.24 ha). En la región Loreto: Teniente Manuel Clavero (754.36 ha) y Ramón Castilla (357.02 ha).
Foto: Inforegión
En lo que va del año se ha trabajado en seis ejes operacionales. La mayor erradicación de produjo en el de Santa Lucía (5438.47 ha). Le siguen Callería (5334.25 ha), Constitución (4757.68 ha), Putumayo (754.36 ha), Caballococha (357.02 ha) y Mazamari (40.69 ha).
Más datos
La erradicación realizada (16 682.47 hectáreas) representa el 83% de la meta proyectada para el presente año. A raíz de esta labor se evitó la producción de 155.79 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Los trabajos de erradicación comprendieron la intervención de 6753.55 hectáreas en plantaciones resembradas. Por otro lado, se intervino unas 9928.92 hectáreas correspondientes a nuevos cultivos, informó el Mininter.
MADRE DE DIOS. Alejandro Velásquez Hoskga es un minero en proceso de formalización que desde hace 10 años no logra culminarlo. Ha cumplido con todas las exigencias de ley, adecuándose a las normas ambientales. “Pero ya estoy cansado de insistir”, dice. Así se expresa porque son los mineros ilegales quienes extraen el oro dentro de su concesión. Esta se ubica en la localidad de Boca Unión, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata.
Él se inscribió en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con la concesión minera “Tentación”. Aquí construyó un campamento con áreas y ambientes (para gerencia, almacén de herramientas, combustible) con señalizaciones y plan de seguridad. Sus trabajadores tienen equipos de protección y seguridad. Cuenta con un registro de control de bienes fiscalizados, registro especial del régimen complementario de control de insumos químicos, ficha de registro de consumidor menor, libros de seguridad y salud ocupacional, etc.
Además, realiza la extracción minera con el método de explotación a cielo abierto por succión hidráulica. Es decir, todo conforme a ley. Sin embargo, hace tres años el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) no culmina la evaluación. Esta dependencia está en la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad).
Área superpuesta en la concesión de manejo y aprovechamiento del aguaje; abunda la minería ilegal.
En tanto, desde la Gerencia Forestal y la Dirección de Agricultura se otorgó una concesión para el manejo y aprovechamiento del aguaje y 10 certificados de posición agrícola dentro del área de la concesión de Velásquez. Además, que parte del área de la concesión esta superpuesta a territorio de la comunidad nativa Amarakaeri. Velásquez dice que tanto desde la comunidad nativa, la concesión de aguaje y de los titulares de los certificados de posición, ingresan mineros ilegales al área a la concesión minera. Denuncia que los titulares de los títulos habilitantes fueron obtenidos solo para cobrar regalías a los invitados que colocan para hacer minería ilegal. (Imágenes de drone para este reportaje confirman su denuncia).
Formalización minera estancada
De 9256 personas naturales y jurídicas inscritas en el Reinfo, solo se tiene a 367 mineros formalizados. “Esta cifra se mantiene inamovible desde el año pasado”, dice Julio Villegas, director regional de Energía y Minas del Goremad. De los mineros inscritos en el Reinfo, 7401 están suspendidos y no pueden formalizarse. Solo hay 1850 casos con prospectos formalizables en la Dirección Regional de Energía y Minas del Goremad. Ese es el avance tras 20 años del proceso de formalización. “Es probable que, para diciembre del 2023, se tenga un grupo de 60 mineros formalizados”, añade Villegas Girón con desánimo.
Según el Reinfo al 2012 había 3600 concesiones mineras tituladas en la región Madre de Dios. A la fecha, al no poder formalizarse, 1400 concesiones están extinguidas o caducas. Los concesionarios, al perder la titularidad, no pueden protegerse de la invasión de mineros ilegales provenientes de La Pampa. Estos se expanden dentro del corredor minero y en nuevas áreas. Esto se da “en 7 de los 11 distritos de la región Madre de Dios: Tambopata, Las Piedras, Inambari, Laberinto, Manu, Huepetue y Madre de Dios”. Esto lo registra el informe “Minería ilegal en la Amazonia Peruana”, hecho por la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú).
Área superpuesta a la comunidad nativa de Amarakaeri
Problemas para la formalización
Velázquez denunció ante la Fiscalía Ambiental y la Policía Ecológica a los mineros ilegales que operaban en su concesión minera. Sin embargo, los operativos de interdicción fracasaron; ya que los mineros ilegales fueron alertados de los operativos y escondieron sus motores. En tanto, Velásquez es víctima de las interdicciones por denuncias de los titulares de certificados de posición. “No viene el personal de Energía y Minas, ni la Gerencia Forestal. No sé cómo hacen estos agricultores, pero ellos traen a la Marina y la Fiscalía para hacer ‘interdicciones falsas”, denuncia Velásquez.
Desde el 2019 se incrementó la solicitud de certificados de posesión para la titulación de predios agrícolas en plantaciones de papaya y cacao, según el registro de la Dirección Regional de Agricultura. En 2019 se otorgaron 632 certificados. Al año siguiente, 480 nuevos certificados de posesión y hasta marzo del 2021 se otorgaron otros 160. Por entonces se prohibió el otorgamiento de estos documentos. Ya se tenía conocimiento de que las nuevas solicitudes de certificados de posesión propiciaban invasiones a concesiones mineras, de madera, de castaña, de reforestación y de turismo. Si bien se solicitaban para realizar plantaciones (cacao y papaya) también eran solicitados por mineros ilegales.
Tras una evaluación realizada por la propia Dirección Agraria se halló que las entidades que otorgan derechos (la Gerencia Forestal, Agricultura, Minería) lo han hecho en una misma área. A la fecha se tiene investigaciones a varios funcionarios que otorgaron estos derechos al margen de la ley. Los resultados de estas investigaciones serán trasladados al Ministerio Público. “No podemos continuar con esto. Pese a estar reglamentado su otorgamiento, funcionarios han seguido otorgando estos certificados de posesión superpuestos a otros derechos, perjudicando al sector agrario, al sector minero y al sector forestal”, dijo Carlos Ortega Molleda, director regional de Agricultura.
Área invadida por mineros ilegales
En la región Madre de Dios hay 272 concesiones con títulos habilitantes, entre concesiones forestales y otros. Estas representan 198 773 hectáreas, que se superponen a un área de 498 296 hectáreas del área del corredor minero. La superposición de áreas es uno de los mayores problemas para la formalización de la minería. Las leyes aún permiten el otorgamiento de concesiones forestales, concesiones de aprovechamiento de otras especies, dentro del corredor minero.
Sin personal ni presupuesto para formalizar
La Dirección Regional de Energía y Minas no cuenta con suficiente presupuesto para la formalización. No hay suficiente personal para hacer las fiscalizaciones. No se cuenta con vehículos y embarcaciones para el traslado del personal a las zonas mineras. No hay profesionales con especialización en áreas afines a la minería. Por ejemplo, para el área de Asuntos Ambientales se requieren 15 profesionales, pero solo hay siete. Así lo informa el director regional de Energía y Minas del Goremad.
Desborde criminal
Alejandro Velásquez recibe amenazas (siente que lo vigilan cuando sale y entra de la zona y teme por su vida) desde formulara denuncias contra los mineros ilegales. Un grupo criminal armado vigila los caminos y ríos para dar seguridad a los concesionarios y transportistas, cobrando cupos bajo amenazas.
El exservidor público David Villavicencio (de polo blanco) acompañado del consejero regional Epifanio Condori (con gorro) entre otras personas.
Velázquez señala que David Villavicencio Mamani, exservidor público, promovió que, a su padre, Rufino Villavicencio Báez, se le otorgue una concesión para el aprovechamiento y manejo del aguaje en el 2010. Igualmente habría promovido el otorgamiento de certificados de posesión con fines agrícolas (en áreas de 3 a 4 hectáreas) para su entorno familiar y amistades. Velásquez añade que en la concesión de aguaje no se maneja ese recurso, así como en las posiciones agrícolas. Estas se usan para hacer minería ilegal.
Se tiene información que del 2019 al 2020, personajes similares a Villavicencio promueven gestiones parecidas para invadir concesiones mineras, maderables y de castaña. Esto se registró en los distritos de Huepetue, Inambari, Tambopata, Laberinto, Madre de Dios y Las Piedras. Conforme se expande la minería ilegal los grupos armados avanzan -desde La Pampa en los siete distritos por donde llega la minería ilegal- ofreciendo seguridad y protección a las economías ilegales. “Al final el Estado ha sido el promotor de la ilegalidad”, consideró Velásquez.
El pasado 7 de octubre, varios ciudadanos salieron a caminar y tomar fotografías de Tingo María en el evento Photo Walk 2023. Isabel Guerra, fotógrafa profesional y encargada de dirigir al grupo, indicó que esta caminata buscaba promover la imagen de la ciudad.
Los participantes se reunieron en el jirón Aguaytía y recorrieron la avenida Alameda Perú y el mercado de la ciudad. Durante el trayecto, capturaron imágenes de todo lo que les rodeaba.
José Enrique Molina, uno de los integrantes del grupo, señaló que no esperaba una gran acogida por parte del público. Agregó que le pareció una buena idea hacer el evento en Tingo María, ya que hay poco respaldo a las actividades culturales.
Ciudadanos salieron a tomar fotografías de Tingo María en evento mundial Photo Walk 2023.
La belleza de Tingo María a través de fotografías
Después de la caminata, los participantes seleccionaron sus mejores fotografías y las subieron a la web oficial de Photo Walk. De esta manera, están participando en un curso a nivel mundial, además de mostrar la belleza de Tingo María al mundo entero.
“Es un entorno privilegiado. Tener una ciudad enclavada en medio de la selva y ver cómo te rodea la naturaleza. Esto no es algo que se vea muy a menudo. Debemos cuidar nuestro entorno”, dijo Guerra.
La encargada insta a las autoridades a organizar más eventos como este en Tingo María y los alrededores de la ciudad. También, comentó que estas caminatas podrían realizarse en zonas naturales, como parques nacionales o cataratas.
Participantes esperan que se realicen nuevas ediciones del Photo Walk en Tingo María.
Photo Walk 2023
El evento Photo Walk es una actividad que se lleva a cabo todos los años en distintas partes del mundo. En Perú, Tingo María fue la única ciudad que se inscribió para esta última edición de la caminata fotográfica.
Isabel Guerra explicó que las fotos tomadas por los participantes fueron subidas a la plataforma oficial del evento. De esta manera, se podrá mostrar a nivel mundial la belleza de la ciudad de la región Huánuco.
HUÁNUCO. En una acción conjunta de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María y el Departamento de Operaciones y Tácticas Antidrogas de Tingo María y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, se decomisaron 323 kilogramos de cocaína.
El operativo se realizó en un laboratorio clandestino, ubicado en el caserío de Chipaquillo, provincia de Huamalíes, que era utilizado para la elaboración de la droga. En el lugar, también se hallaron cilindros que contenían cocaína líquida, bidones, paquetes de tipo ladrillo, tres máquinas para moler, batidoras de madera y un motor de energía.
Asimismo, las autoridades encontraron insumos químicos que eran utilizados para la producción de la droga. Tras la acción conjunta, se procedió con la incineración de las herramientas incautadas que estarían valorizadas en US$320 mil.
Ministerio Público y Policía Nacional decomisó 323 kilogramos de cocaína.
Lucha contra la cocaína
Ante el hecho, el fiscal adjunto David Pérez Salinas inició las investigaciones preliminares contra los responsables del presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Además, el representante del Ministerio Público comenzó con las declaraciones y recepción de pericias.
Esas acciones policiales se llevaron a cabo en los sectores de Huancayo Bajo, Magdalena Azul y La Previsora, ubicados en el distrito La Morada, provincia de Marañón. También, se realizó la intervención en el distrito José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.
En mayo, se destruyeron seis laboratorios donde se elaboraba cocaína.
