LIMA. “Que en este tiempo haya estado un poco paralizado, no es que el pueblo se haya olvidado. Estamos en época de repliegue, pero la resistencia continúa”. Estas fueron las declaraciones que brindó, hace más de un mes, a Inforegión Ketty Marcelo López, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) sobre las manifestaciones contra el Gobierno. 

Hoy la época de repliegue ha concluido. Las movilizaciones ciudadanas se retoman oficialmente el día de mañana con la “Tercera Toma de Lima”, que exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y del actual Congreso de la República, entre otras demandas.

Sobre ello, Inforegión entrevistó recientemente a Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, quien aseguró que el personal de la Defensoría establecerá mecanismos a favor de la protección de los ciudadanos, de la mano con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh). Pues, como se recuerda las protestas en rechazo al régimen, entre diciembre e inicios de este año, han dejado un saldo de más de 50 fallecidos, de los cuales “20 pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas estatales”, de acuerdo al informe final de la Amnistía Internacional sobre los hechos ocurridos en este periodo. 

Amenazas claras contra la democracia

A menos de 48 horas de iniciarse la nueva jornada de manifestaciones, según los analistas políticos tales como el sociólogo Dante Vera, el preámbulo sobre el resultado de estas sigue siendo negativo en materia de seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos. 

“La movilización de mañana tiene un profundo reclamo de dolor, indignación, y la responsable es la presidenta de la República, más los funcionarios que estaban al frente de la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas. No creo que las movilizaciones que ocurran mañana tengan la fuerza suficiente como para desestabilizar el régimen, salvo que ocurra por desgracia algún muerto en Lima o en alguna parte del Perú, y creo que el Gobierno y la Policía tienen que ser absolutamente conscientes de esa situación”, advierte el sociólogo. 

“Aunque, las declaraciones de la presidente, las declaraciones del Consejo de Estado y el desfile hecho por la Policía Nacional y más aún los cánticos con los que han hecho el desfile preocupan, y no solamente por lo que pueda ocurrir mañana, sino por el destino de la democracia, que ya es bastante de baja intensidad”, agrega. 

En medio de ese panorama, en el Congreso se espera debatir un proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, dentro de las facultades que le otorga la Constitución, que busca eliminar la etapa de la investigación preliminar, enviar a los ciudadanos a un proceso judicial directamente, sin el debido proceso, y endurecer las penas de algunos delitos, como el de disturbios, cuando se cometan en Estado de Emergencia. En este contexto, dicha propuesta legislativa podría limitar el derecho a la protesta pacífica.

Ante ello, Vera opina que el actual régimen demuestra constantemente una degradación democrática. “El Gobierno tendría que, en primer lugar, instruir abiertamente, francamente y públicamente a las fuerzas del orden para que actúen conforme a ley. La Policía tiene mandos profesionales que pueden controlar una movilización sin hacer una matanza de por medio, como ocurrió la vez pasada”, afirmó. 

La importancia de reconocer la libre determinación de los pueblos 

Por otro lado, en el marco de la situación que atraviesa el Perú, Vera señala que es fundamental considerar la capacidad de decisión y voluntad de movilización de los sectores populares y que no tienen relación con las economías ilícitas. Esto debido a que las declaraciones del Ejecutivo han dejado entrever, en más de una oportunidad, el desprecio contra la organización de diversos sectores ciudadanos en su derecho a movilizarse por una causa que consideran justa. 

“La señora Dina Boluarte debería escuchar no solamente la movilización de mañana, sino las encuestas. No se puede gobernar con el 14% de respaldo. Entonces, ella, desde mi punto de vista, debería renunciar. No queda otra que escuchar el sentimiento de la población y la ciudadanía para abrir un proceso de transición que permita un nuevo Gobierno en el Perú con mayor legitimidad”, recomienda el especialista.

“Abierto un proceso de transición, la oposición debe optar por un centro democrático, no importa si es de derecha o de izquierda, para que se convoquen a personalidades y líderes sociales y regionales que invoque a una plataforma, mesa o foro donde se vayan generando pensamientos, propuestas y se continúen las movilizaciones con carácter pacífico”, añade.

Finalmente, el sociólogo recalcó que es necesario y urgente seguir desarrollando una análisis sobre los caminos políticos que buscan las luchas en el país, a fin de determinar un justo equilibrio de los poderes del Estado, con la participación activa de la ciudadanía y el reconocimiento hacia su libre determinación. 

“Lo que se debe esperar ahora, si es que lamentablemente no se lograra la renuncia de Boluarte, es que la presión internacional continúe fuerte y más aún en los observatorios de derechos humanos, así como alertar sobre la situación de los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos y del ambiente que vienen siendo asesinados. Eso tiene que acabar”, concluyó.