Ni para combatir la delincuencia que día a día desangra a Trujillo y a la región La Libertad se había visto tanto despliegue de agentes policiales y soldados del Ejército como para las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
El jefe de la III Macrorregión Norte de La Libertad, general PNP Raúl Ríos Tiravanti, informó que para las manifestaciones a nivel nacional contra la mandataria, están centrando la atención en el distrito de Chao, provincia de Virú.
Tal y como sucedió en ocasiones anteriores, allí podría ser el epicentro de actos violentos y vandálicos para lo cual están previniendo cualquier desmán. Se sabe que, de los 300 agentes policiales, 200 serán de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y 100 de la Macrorregión La Libertad. Además, llegarán 100 soldados del Ejército.
El oficial dijo también que esperan contar con vehículos blindados llegados desde Tumbes para sumarse a la estrategia antidisturbio.
Otra de las acciones que se han desplegado es la disposición en esta zona de maquinaria pesada del Gobierno Regional de La Libertad para desbloquear posibles tomas de carreteras por parte de los manifestantes.
Esto fue dispuesto por el gobernador regional, César Acuñ,a cuyo partido, Alianza Para el Progreso (APP). como es de conocimiento público, tiene una sociedad política con el gobierno de Dina Boluarte.
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Se realizó un taller para brindar herramientas digitales que permitan a los operadores de justicia investigar de manera oportuna los delitos ambientales. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) ha colaborado de manera conjunta en su realización con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Cooperación Alemana a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
Esta iniciativa que abordó el uso de estas plataformas y cómo acceder a información relevante gestionada por el Osinfor se realizó en el marco de la fase II del proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en el Perú. La actividad se desarrolló en la región Amazonas.
En Chachapoyas se hizo la capacitación del 3 al 5 de julio con la asistencia de 29 operadores de justicia. Participaron oficiales de la Policía Nacional y especialistas de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor), Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) y la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de la región Amazonas.
A los participantes se explicó los beneficios de utilizar la Casilla Electrónica, el Sigosfc, plataforma del Osinfor. Esta contiene información histórica y confiable, producto de los procesos de supervisión, fiscalización y fortalecimiento de capacidades que realiza la entidad. También se explicó el uso del Sistema de Administración Documentario del Osinfor – Siado Región, para sus labores de investigación penal de delitos forestales en su ámbito de acción.
Asimismo, los asistentes conocieron el funcionamiento del Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre del Osinfor (Sisfor). Esta administra y ofrece información georreferenciada (ubicada en un espacio geográfico) de concesiones, permisos, autorizaciones y otras modalidades de aprovechamiento forestal supervisadas por la entidad.
Todas las plataformas abordadas durante el taller serán de ayuda a los operadores de justicia para desempeñar sus diversos roles, contribuyendo a que puedan acceder a data confiable con más rapidez.
“Hoy todos tienen un celular con el que se puede ingresar a esas plataformas. Las autoridades como la fiscalía, el ARA y nosotros lo podemos hacer en una intervención para verificar las concesiones, títulos habilitantes y guías forestales”, comentó Sessy Bardales, suboficial de la Policía Nacional, quien participó del taller.
También, los participantes conocieron la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales (RRG Forestal). Esta busca brindar orientación práctica para la construcción de casos de investigación para hacer frente a los delitos forestales, específicamente los asociados al comercio ilegal de madera.
Otras capacitaciones
En mayo se realizó una actividad similar en Tarapoto, región San Martín, con la asistencia de 21 especialistas. Participaron miembros de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, entre otros operadores de justicia. Ellos se familiarizaron con estas herramientas para acceder a información clave para abordar delitos como la tala ilegal y el tráfico de madera. Otras herramientas, como la Casilla Electrónica, permiten a las FEMA solicitar data e informes fundamentados sobre títulos habilitantes que se encuentran en el marco de una investigación penal, información que les sirve para sus investigaciones.
Alek Arora, oficial de Políticas del Equipo Ambiental de Unodc, resaltó la importancia del trabajo conjunto y el intercambio de experiencias e información entre los operadores de justicia y las autoridades administrativas. Esto con el fin de construir casos de manera efectiva contra el trafico de madera utilizando las herramientas digitales del Osinfor y la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales.
Osinfor y Unodc, a través de la fase II del proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en el Perú, continuarán trabajando en el desarrollo de plataformas tecnológicas vinculadas al sector forestal y de fauna silvestre. Esto con el fin de apoyar la toma de decisiones de las autoridades y transparentar la información con la ciudadanía en general.
En medio de un clima de creciente tensión, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en la región de Ica ha decidido unirse a las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte.
A través de un comunicado emitido por el SUTEP Regional Ica, se convoca a una jornada de protesta. Este convoca a maestros, auxiliares, trabajadores del sector educativo, gremios y colectivos sociales de la región.
La manifestación está programada para el día miércoles 19 de julio, en el centro de la ciudad de Ica, coincidiendo con la fecha de la Tercera Toma de Lima en la capital. El punto de concentración será el local de la CGTP ubicado en la calle Callao N° 500, a las 5:00 p.m.
Piden la renuncia de Dina Boluarte
Los principales reclamos del SUTEP incluyen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y un nuevo Congreso. También exigen sanciones y prisión para los responsables de las muertes ocurridas durante las protestas.
Además, el SUTEP exige el respeto al derecho a la protesta en aras de cumplir con la plataforma de lucha del sindicato. Este busca destinar el 6% del PBI para la educación, la implementación del reglamento de la Ley de Deuda Social sin judicializarla, y el aumento de las pensiones para los jubilados. También se demanda el nombramiento en todas las plazas vacantes dentro del sector educativo.
No afectaría labores en colegios de Ica
La manifestación se dará desde las 5:00 p.m. y no afectaría las clases escolares en los turnos de mañana y tarde. La Dirección Regional de Educación de Ica (DREI) advirtió que los directores deberán elaborar una lista con el personal que no haya asistido a trabajar. Esto con el fin de aplicar descuentos en sus salarios.
La DREI también informó que en caso de que las movilizaciones generen una situación de riesgo que ponga en peligro la continuidad del servicio educativo, corresponderá a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) evaluar la pertinencia de suspender las actividades educativas en cada caso específico y zona de conflicto.
La situación en Ica se mantiene en constante evolución. Se espera que la manifestación convocada por el SUTEP en el centro de Ica refleje el descontento y las demandas de los trabajadores del sector educativo en la región.
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La toma de Lima se desarrolla este miércoles 19 de julio en la capital del país. Desde el viernes han llegado ciudadanos de distintas regiones del país unidos bajo tres pedidos mayoritarios entre otros: renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.
El gobierno ha dispuesto acciones para “garantizar la seguridad de los ciudadanos». Algunas de las cuales han sido cuestionadas por inconstitucionales, pero no han podido impedir que los ciudadanos se movilicen.
Los dirigentes de los diferentes gremios y organizaciones sociales del país, han asegurado que las manifestaciones serán pacíficas. Para este fin, han tomado medidas internas para detectar y expulsar a cualquiera que quiera cometer actos violentistas.
Solo pasajeros ingresan a los aeropuertos pasajeros
En los aeropuertos de Arequipa, Cusco, Juliaca en Puno y Lima, solo podrán ingresar los pasajeros que presenten su ticket de embarque y documento de identidad. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la medida se da en el marco de las anunciadas protestas en la capital. Solo aquellas personas que necesitan asistencia podrán ingresar acompañadas.
Redoblan número de efectivos policiales en ingresos a Lima
De acuerdo con la declaratoria de emergencia de la Red Vial Nacional hecha por el gobierno central, se ha reforzado la seguridad de todos los puntos de ingreso a Lima con efectivos policiales. El objetivo según manifestó el gobierno es detectar a las personas quieran ingresar sin contar con su documento de identidad.
A ciudadanos que viajan para participar de la toma de Lima, los intervienen por tercera vez en la carretera Panamericana. Esta vez en Chincha. Los ciudadanos consideran un hostigamiento la revisión de sus datos y pertenencias tantas veces.
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PIURA. Este lunes en la zona de Peña Negra Mar, en el distrito de El Alto, provincia de Talara se produjo el desplome de la plataforma «OO» en el Lote Z-2B, operado por la empresa Savia Perú. La estructura tenía 46 años de antigüedad y se encontraba inoperativa desde junio del año pasado.
— Katya Zevallos Ynmenso 🇵🇪🌳📽🎞 (@zevalloskaty) July 19, 2023
Los pescadores artesanales de Cabo Blanco venían advirtiendo sobre el estado de la plataforma marina hace varios meses, ya que temían que se produjeran daños en el sector de la pesca por posibles impactos ambientales. Ante ello, la comunidad pesquera solicitó de manera inmediata la presencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
No obstante, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) dio inicio a las acciones de supervisión el 18 de julio. Sobre ello, el OEFA ha informado que está realizando las labores correspondientes para determinar la causa de esta, así como la responsabilidad de los hechos y el impacto ambiental generado.
Antecedentes de contaminación en el mar
De acuerdo al Diario El Regional de Piura, la decisión de retirar la plataforma «OO», utilizada para realizar las operaciones de perforación y producción de pozos de petróleo y gas en el zócalo continental, se tomó debido a las difíciles condiciones oceanográficas actuales y a su antigüedad. Estas condiciones dificultaban significativamente las labores de reparación y mantenimiento de la estructura, la cual era soportada por un castillo metálico de cuatro patas sumergido bajo el agua.
En junio del año pasado, mediante la Resolución Directoral N° 079-2022-MINEM/DGAAH, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se aprobó el Plan de Abandono de la Plataforma VV, pero sin incluir a la plataforma «OO».
Como se recuerda, en diez años, el OEFA ha atendido al menos 40 emergencias ambientales de la empresa Savia Perú. El más reciente sucedió en abril del año pasado cuando se hundió en el océano la plataforma VV, ubicada a 7 km de la costa del distrito de Lobitos. Sin embargo, los pescadores artesanales de la zona continúan reportando derrames constantes.
SAN MARTÍN. Personal policial destruyó un laboratorio de clorhidrato de cocaína y más de media tonelada de insumos químicos en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín.
Esta acción fue realizada por el personal policial del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tingo María. En su accionar también decomisaron uno total de 20 kilos de droga.
La Dirandro desarrolló el operativo antidrogas tras implementarse una paciente labor de inteligencia operativa acerca del accionar ilícito de los traficantes ilegales de droga en dicha zona.
Es así que se ubicó un campamento rústico donde se halló una galonera de plástico conteniendo 20 kilos de alcaloide de cocaína en solución, 725 kilos de insumos químicos fiscalizados como acetona, cloruro de calcio, cloruro de magnesio y enseres.
También se hizo el hallazgo de electrodomésticos como hornos microondas, lavadora, cocinas, balones de gas, generador de energía eléctrica, prensa hidráulica, moldes metálicos y materiales para el embalaje de la droga.
El laboratorio tenía una capacidad de producción de 100 kilos de clorhidrato de cocaína por mes, según fuentes policiales. La acción policial afectó la economía de la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas por un monto de US$ 100 mil.
Se procedió a la destrucción de lo encontrado en el lugar por disposición del representante del Ministerio Público. La droga decomisada fue puesta a disposición del área de investigación de la Depotad Tingo María para las diligencias de ley.
Tras dos reuniones en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, se pronunció en contra de la movilización de este 19 de julio, que pide el adelanto de elecciones.
“No voy a permitir que se rompa todo este trabajo de estabilidad de gobierno al margen de quien esté”, exclamó Cárdenas.
Zócimo Cárdenas pidió al pueblo reflexionar sobre la estabilidad económica, que él considera existe.
«El petróleo está sobre los catorce soles; el dólar sobre los tres soles 60. Hay reactivación que enseña mantener la unidad de todos los peruanos”, dijo.
Con voz rotunda exclamó: “No vamos a permitir que por intereses ideológicos y filosóficos se trastoquen los intereses de todos los peruanos”.
Las reuniones con Dina Boluarte
El pasado 11 de julio, el gobernador Zósimo Cárdenas Muje se reunió por segunda vez con la presidenta Dina Bolurte con quien coordinó la construcción de la nueva carretera Central de acuerdo al trazo presentado por el gobierno regional, entre Cieneguilla y La Oroya y que es parye del contrato de gobierno a gobierno con Francia.
Ese día también estuvieron represesntantes de la sociedad civil que vigila el cumplimiento de la construcción de la autopista de la nueva carretera Central. La primera reunión fue el 25 de mayo, en que Zósimo Cárdenas y Dina Boluarte también hablaron sobre esta vía.
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Varias regiones del Perú amanecieron sin bloqueos viales este miércoles 19 de julio (19J) en el marco de una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
En Ica, La Laupa informó que la Panamericana Sur amaneció sin novedad respecto a los últimos días. La Policía Nacional, que pasó toda la noche allí, continúa resguardando la carretera a la altura del sector Barrio Chino, donde los transportistas temían que se les impida el paso, además de los sectores Expansión, El Álamo y Santiago.
Docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en la base Ica anunciaron que sumarán a la jornada de protesta en apoyo a la Toma de Lima. Se movilizarán desde las 5:00 de la tarde previa concentración en el local de la CGTP sito en la calle Callao N° 500.
En tanto, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica suspendió labores académicas en todas las facultades y en el Centro Preuniversitario (CEPU). Las clases se desarrollan de modo virtual desde el martes 18 de julio, como medida preventiva ante posibles contingencias.
19J: Bloqueos en Perú
En otros lugares del Perú, se registra un punto de bloqueo en la vía Libertadores, que une a la capital de Ayacucho con la ciudad de Lima. Un grupo de manifestantes bloqueó la vía a la altura del distrito de Socos, ubicado a una hora de Huamanga, según reportó Jornada.
En otros puntos de esta región, los vehículos circulan con normalidad y los comercios atienden a puertas cerradas. El mercado mayorista de Ayacucho no abrió sus puertas, pero los mercados de las zonas periféricas si atenderán.
En tanto, en Iquitos y en Cusco todo circula con normalidad, sin bloqueos, reportaron los medios Pro y Contra, y Cusco Post, respectivamente. La prefecta de Cusco, Gretel Pino, señaló que un grupo de manifestantes tiene «permiso» para movilizarse a las 10:00 a.m. y a las 4:00 p.m.
En La Libertad, las provincias de Trujillo y Virú amanecieron sin presencia de manifestaciones ni bloqueos de vías, según informó Noticias Trujillo. El representante de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero, dijo que se prevé movilizaciones en horas de la tarde, en Virú, Trujillo y Chao.
Agüero también mencionó que los gremios y asociaciones agroindustriales son los que han convocado a las marchas, en apoyo a la Toma de Lima. Policías de la DINOES y miembros del Ejército peruano se encuentran en las vías en la provincia de Virú.
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El cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, respaldó las protestas contra el gobierno que se realizarán este 19 de julio en todo el país. . “Las protestas son expresiones del dolor de un pueblo no escuchado, discriminado, fragmentado, enfrentado ante una clase política que no atiende sus demandas. Son los gritos y clamores justos con todo derecho”, señaló.
Barreto enfatizó que las movilizaciones son justas y un derecho e invocó que la represión de las Fuerzas Armadas y la Policía sean con «mucha mesura». «Una represión indiscriminada sería fatal y estamos lamentado todavía esas muertes de hermanos y hermanas. Ni uno más debe morir por esa situación«, expresó Barreto.
Barreto invocó a la clase política a aprender a escuchar y atender las necesidades de los pueblos originarios de la Amazonía, de la sierra, la costa y los campesinos quechuahablantes, sin racismo.
“Es imprescindible el diálogo con capacidad de escucha a pesar de las diferencias para alcanzar consensos”, puntualizó.
Sin embaro, Barreto evitó pronunciarse si la presidenta Dina Baluarte deba renunciar a su cargo.
Conferencia Episcopal: ¡Ni un muerto más!
Pedro Barreto respaldó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana que “reconoce el derecho a la protesta» y rechaza la violencia, venga de donde venga. Además, afirmó el respeto a los derechos humanos y a los bienes públicos y privados.
Para la Conferencia Episcopal, el gobierno “tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo peruano, no ser ajeno a las urgentes necesidades y justos reclamos. No hay democracia sin presencia y participación de la población”.
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LIMA. Organizaciones y colectivos sociales, gremiales y la sociedad civil reinician este miércoles la movilización, denominada la ‘Tercera toma de Lima‘, que exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y del actual Congreso de la República.
En las vísperas de estas nuevas protestas, la mandataria señaló, durante una conferencia de prensa, que no entiende por qué se retomarán las marchas y aseguró que su gobierno no tolerará lo que considera “una amenaza a la democracia, al estado de derecho y a la institucionalidad”. Los ministros respaldaron esta postura con declaraciones en la misma línea.
«No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima, desde voces del Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esta es una amenaza a la democracia, al estado de derecho, a la institucionalidad, y nosotros, como gobierno democrático, no lo vamos a permitir«, manifestó la presidenta este martes.
Foto: Angela Ponce.
Desde que se anunció la ‘Tercera toma de Lima‘, no es la primera vez que Boluarte, los funcionarios de su gobierno y un grupo de congresistas se pronuncian en contra de las movilizaciones. Al respecto, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), expresó su preocupación ante “las señales, las acciones y el discurso que tienen los representantes del Estado” en torno a las marchas antigubernamentales.
«Las señales, las acciones y el discurso que tienen los representantes del Estado son similares a los que tuvieron en los meses de diciembre, enero y febrero. Desde la Cnddhh, pensamos que eso puede ser el preludio de nuevas situaciones de uso abusivo de las fuerzas del orden, incluyendo ejecuciones extrajudiciales«, sostuvo la especialista.
En ese contexto, invocó a los mandos policiales “a actuar estrictamente dentro del cumplimiento de sus funciones” y recordó que “los policías son puestos a disposición de la justicia, inmediatamente”. De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, durante las movilizaciones en diversas regiones del Perú, principalmente, en el sur, 67 personas fallecieron, de las cuales 49 eran civiles víctimas de la represión policial y militar. Asimismo, se registraron 1956 heridos, entre civiles y fuerzas del orden.
Foto: Fac.pe (Instagram).
Control de ingreso a Lima: medida inconstitucional
Por otro lado, Pérez cuestionó el plan de operaciones de la Policía Nacional, conocido como ‘Control Verde 2023‘, que bajo la justificación de garantizar la seguridad ciudadana en la capital, en el marco de la Tercera Toma de Lima, se vigilan los puntos de ingreso a la ciudad y se llevan a cabo registros a las pertenencias y equipajes de los pasajeros. La iniciativa se puso en marcha en mayo de este año.
«El plan Control Verde es inconstitucional y viola los estándares internacionales de derechos humanos, así como también los procedimientos operativos de la policía. La observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) señala, de manera explícita, que realizar controles de identidad y registros a personas por estar, presuntamente, vinculadas con una movilización, viola el derecho de la reunión pacífica», apuntó.
La abogada precisó que este tipo de acciones jamás deberían tener una base discriminatoria y que únicamente deben ejecutarse cuando existe una sospecha fundada de que se cometerá un delito grave. Participar en una manifestación, por sí mismo, no constituye un delito grave. Sin embargo, “los controles se están aplicando a personas que vienen del sur, a personas que vienen de pueblos indígenas”, lo que implica un claro sesgo racista.
Foto: AFP.
Delito de abuso de autoridad
En respuesta a lo dicho por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú, acerca de que la Policía tiene la facultad de solicitar la identidad de quienes ingresen a la capital, Mar Pérez afirmó que “el propio hecho de someter a una persona a un control supone de por sí una injerencia en los derechos”. Incluso si no se cometen vejámenes contra las personas o no se incautan sus pertenencias.
Según la abogada, con el plan ‘Control Verde’ se está cometiendo un delito: el de abuso de autoridad. “Los mandos policiales que han autorizado estas intervenciones y quienes directamente las realizan son responsables de ese delito. Se podría interponer un hábeas corpus para detener este tipo de acciones, ya que este procedimiento legal protege también la libertad de tránsito. Los controles que se están haciendo obstaculizan el traslado hacia el lugar donde se desarrollará la movilización, que es Lima”, añadió.
Finalmente, informó que la Cnddhh, como organización de la sociedad civil, monitoreará la situación y comunicará todas las violaciones de derechos humanos a las instituciones internacionales y a la población. El registro de los abusos que se comentan servirán para, posteriormente, interponer las denuncias correspondientes. No obstante, aclaró que la institución que tiene la obligación de garantizar los derechos es el Estado, como la Fiscalía.
