El gobernador Zósimo Cárdenas Muje confirmó que la presidenta de la república, Dina Boluarte, llegará el próximo domingo 6 de agosto a la ceremonia del aniversario la Batalla de Junín, en conmemoración de los 199 años de esta gesta heroica por la independencia del Perú.
Cárdenas aseguró también que en las Pampas de Junín estarán presentes ministros, congresistas, gobernadores de otras regiones y alcaldes provinciales.
A fines de mayo, en la audiencia de rendición de cuentas en la provincia de Junín, Cárdenas dijo que había invitado a Dina Boluarte a presidir la ceremonia, en el santuario ubicado en las pampas de la provincia de Junín.
Gobernador dice que hay estabilidad en el gobierno
El gobernador Zósimo Cárdenas consideró que ya hay estabilidad en el gobierno, ya que los precios se han reducido, el dólar y el petróleo han bajado, por lo cual hay estabilidad política y económica.
Por ello, sostuvo que la conmemoración de los 199 años de la Batalla de Junín tendrá un símbolo especial. «No hay Batalla de Ayacucho si no hubiera habido la batalla de Junín», remarcó.
Zósimo Cárdenas sostuvo que respeta las opiniones de quienes lo llamaron traidor por defender al gobierno y por invitar a Dina Bolurte a que visite la provincia de Junín.
«Respeto todo tipo de opinión pero también quisiera que respeten la posición que tiene el Gobierno [Regional] de Junín, al margen de quien esté en la cabeza, en la presidencia de la república, en el Congreso», dijo, y añadió que hoy lo más importante es la reactivación de la economía.
«Llamo a la calma, a la unidad, y vamos a respetar cualquier protesta que exista, pero dentro del marco legal, que no trastoque la libertad e independencia de todos los peruanos porque cada uno tiene la libertad de expresión y de vida», afirmó.
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LIMA. El último sábado 22, en el Centro de Lima, se llevó a cabo una nueva manifestación en el marco del reinicio de las protestas contra el Gobierno. Durante la ‘Marcha Nacional’ cientos de personas llegaron hasta la Plaza San Martín. Lugar donde la movilización alcanzó su momento más álgido debido a la brutal represión policial hacia los protestantes. Las mujeres aymara de Puno fueron las más afectadas.
Una de ellas fue empujada desde los escalones de la estatua del libertador José de San Martín y otra denunció tocamientos indebidos por parte de la Policía. Ambas ejercían su derecho a la protesta de manera pacífica junto a otro gran grupo de manifestantes.
Las imágenes se compartieron rápidamente en redes sociales. Estas generaron la indignación de la sociedad civil y, una vez más, el rechazo a las fuerzas del orden, las cuales han sido acusadas de cometer 46 ejecuciones extrajudiciales y dejar un saldo de 912 civiles heridos, desde que comenzaron las manifestaciones el 7 de diciembre, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
Así se vivió la noche del 22 de julio en la plaza San Martin. A pesar de la represión fuerte los manifestantes lograron ocupar el espacio por unos minutos. Una brigadista y mujeres de la delegación aymara resultaron heridas por la @PoliciaPerupic.twitter.com/3QOLFt54yg
Como parte de un nuevo análisis sobre la coyuntura social y política del país, Inforegión conversó con Iris Jave, politóloga e investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien advirtió que “aunque parezca increíble estamos en un momento de los mínimos e indispensables para que se sostenga la democracia”.
“Creo que lo trae este Gobierno es una respuesta autoritaria, pero lo más preocupante es que esa respuesta se va consolidando, y, creo que eso sí es una amenaza y un peligro para la democracia en el país, que ya está bastante resquebrajada por el comportamiento del Ejecutivo y el Legislativo”, opina Jave.
Iris Jave, politóloga e investigadora en Derechos Humanos. Foto: Inforegión
Racismo: la herida colonial
Las fotos y videos sobre la agresión contra las mujeres aymara no se demoraron en llegar a las organizaciones de base puneñas. Esa misma noche anunciaron que enviarían más delegaciones a la capital y tomarían nuevamente contundentes medidas de lucha.
Esto en respaldo a sus hermanos y hermanas puneñas, quienes son mal vistos, al igual que otros ciudadanos de regiones por venir a expresar su sentir en las calles de Lima, ya no solo por la mirada limeña, el Gobierno y los medios de comunicación, sino también por la institución policial.
“Es absolutamente discriminador que se intente proscribir o incluso agredir a las mujeres aymara que protestan. Existen una serie de narrativas de negacionismo, terruqueo y discriminación contra cualquier persona que proteste. Creo que estos discursos se hacen presentes, porque no se comprende al Perú como una nación donde todos compartimos los mismos derechos”, comenta Jave.
Miembro de la delegación de mujeres aymara. Foto: PL Prensa Latina
Históricamente, el Estado ha discriminado y considerado al ciudadano andino no igual al de la capital. En esa línea, a pesar que dicho problema estructural se ha visto representado en diferentes periodos, los esfuerzos gubernamentales para reducirlos continúan siendo insuficientes.
Pues, el racismo y la subestimación que, a la fecha, atraviesan las personas de origen indígena, rural y pobre en el Perú sigue pasando la misma factura, desde el Conflicto Armado Interno (1980 – 2000). De acuerdo, al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), «debido al racismo y la subestimación como ciudadanos de aquellas personas de origen indígena, rural y pobre, la muerte de miles de quechua hablantes fue inadvertida en la opinión pública nacional».
Hoy, ese mismo análisis parece no haber cambiado, respecto a las muertes de los ciudadanos de regiones, muchos de origen indígena y quechuahablantes, y la falta de un ejercicio de escucha por parte del Gobierno de Boluarte frente sus pedidos de respeto a la dignidad humana al momento de ejercer su derecho a la protesta.
“Este año se cumplen 40 años del Conflicto y 20 de la entrega del Informey seguimos presenciando las mismas dificultades, las mismas exclusiones y las mismas diferencias. Pero, esos problemas se arrastran desde la colonia. Nos hemos convertido en República, en Estado, pero sin resolver nuestros problemas sociales estructurales y eso nos pasa la factura”, señala la investigadora.
“Estos problemas radican en la enorme discriminación racial y étnica, pero también la enorme exclusión social, económica y cultural, que prevalece y que se reproduce y expresa en los discursos de las autoridades, actores políticos y medios de comunicación. Luego, es replicado por las personas que consumen estos medios y escuchan a esas autoridades, nublando a la sociedad”, añade la especialista en derechos humanos.
Reforma policial: una demanda en el olvido
Volviendo a la coyuntura actual, la reforma policial es una demanda que ha retomado poder entre los ciudadanos que se movilizan. Especialmente luego de las masacres en Juliaca, Ayacucho y Junín. Las regiones donde las fuerzas del orden arremetieron brutalmente contra manifestantes, incluso en personas que no participaban en las acciones colectivas de protesta.
Dentro de este último grupo se encuentran el ciudadano ayacuchano Christopher Ramos (15), quien murió de un disparo en el corazón. También, Ronaldo Barra (22), Jhonatan Tello (17) y Diego Galindo (40). Tres ciudadanos del distrito de Pichanaki, ubicado en la selva central de Junín, que recibieron disparos de proyectil de arma de fuego por la espalda.
En Ayacucho, el 15 y 16 de diciembre del 2022, el Ejército disparó a civiles, resultando con 10 muertos y 61 heridos. Foto: Difusión
El resultado de estas matanzas fuera de Lima causó graves cuestionamientos en contra de la Policía y la pérdida de la confianza por parte de la sociedad civil hacia la institución. “Es lamentable, porque es una de las instituciones que debería estar más cerca de la gente. Se vuelve a hablar de una reforma, sí, pero es una reforma que se ha perdido, que se ha deteriorado. Es un tema que no veo posible ahora, ni por voluntad política del Gobierno ni por la posibilidad de que algún equipo técnico con experiencia y legitimidad se incorpore para hacer esos cambios”, comenta Jave.
Hasta ahora, el Ejecutivo no se ha pronunciado acerca de una posible implementación de mecanismos que puedan contribuir a recuperar la seguridad en la Policía. El cuerpo policial, así como las Fuerzas Armadas, aún son respaldadas de manera firme por el actual régimen. Frente a ello, Jave invocó al Gobierno a escuchar a la representación democrática: a la ciudadanía.
“Hay que buscar espacios de interlocución con la ciudadanía. Hoy día los Gobiernos tienen que ejercer su mandato posibilitando escuchar a sus ciudadanos, sino se deslegitiman. Esos son los gestos que hablan mucho del Gobierno y de sus decisiones políticas, su mirada de cómo gobernar y de cómo entienden la democracia, el diálogo y la participación”, concluyó la politóloga.
CUSCO. Desde hace nueve años, a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (Atffs) Cusco, el Serfor desarrolla la promoción, control y fiscalización de recursos del bosque. Con ello recuperó del tráfico ilegal, más de 991 mil pies tablares de madera aserrada de especies como el cedro, águano, y otras de alto valor comercial.
De la madera incautada casi 282 mil pies tablares se donaron a más de 70 instituciones de servicio del Cusco. Allí están instituciones públicas y educativas, centros de salud y municipalidades rurales, Policía Nacional y Ejército del Perú, establecimientos penitenciarios y comunidades campesinas y nativas a través de sus gobiernos locales. La entrega se orientó principalmente para confección de mobiliario educativo, mesas, sillas, armarios, puertas y ventanas.
Cabe citar que el Serfor, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cumple nueve años de labor en la gestión del Patrimonio forestal de la región Cusco y el Perú. Creado mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), el Serfor es la Autoridad Nacional y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor).
Más logros alcanzados
Destacan las concesiones para conservación otorgadas en el Cusco, Alto Pilcomayo en el Valle del Kósñipata y Camanti Sostenible en la provincia de Quispicanchi. Esto permite el monitoreo de más de 20 mil hectáreas de bosque. Se tienen registradas 830 plantaciones forestales en más de 14 mil hectáreas y aprobados 47 permisos forestales, en predios privados.
Para la adecuada comercialización de madera aserrada de procedencia legal se autorizaron 692 depósitos de madera en la región Cusco. Además, se impulsa el manejo sostenible y emprendimientos para la valoración del bosque en pie. Con ello se propicia el aprovechamiento de productos diferentes a la madera como frutos y semillas (tara) con alta demanda en mercados internacionales.
La Atffs Cusco tiene autorizados 11 centros de propagación de especies ornamentales (orquídeas). Su impulso significó la conformación de la Mesa Técnica de Orquídeas de la Región Cusco y que promueve el cultivo y aprovechamiento del bambú.
La gestión de fauna silvestre es una tarea importante para la conservación de la diversidad de especies animales silvestres que hacen de la región un referente nacional y punto de visita de observadores de aves y camélidos sudamericanos. En Cusco se aprobaron 60 declaraciones de manejo de vicuñas en beneficio de más de 10 mil familias campesinas por la venta de fibra de vicuña, la más fina del mundo.
Aun cuando no es deseable mantener especies silvestres fuera de su hábitat, se han promovido y autorizado 10 zoológicos en la región. Allí se da custodia a fauna silvestre recuperada del tráfico ilegal o hallada en abandono, que no ha recuperado su capacidad de sobrevivencia en silvestria por lo que no puedan ser devueltos a su hábitat. Esta acción es complementada con campañas de sensibilización para reducir el comercio de fauna silvestre.
En la protección de los recursos del bosque y la fauna silvestre se hace necesario un monitoreo permanente. Por ello el Serfor impulsa la conformación de los Comités de control y vigilancia. La tarea se inició en el Bajo Urubamba, donde la Atffs Cusco da asistencia técnica a directivos y miembros de comunidades nativas de Nueva Luz, Nueva Vida, Camisea, Ticumpinia y Puerto Huallana, pertenecientes a la etnia matsiguenka. Ellos serán reconocidos como custodios forestales y de fauna silvestre.
Finalmente, se añade que son innumerables los beneficiarios directos de estas acciones. Sin embargo, pobladores de zonas menos favorecidas, aun siendo posesionarios de recursos forestales y de fauna silvestre, no conocen las oportunidades que brinda la ley o no acceden a ellas por no tener el saneamiento legal de sus territorios. Este aspecto debe atenderse en el menor tiempo posible, pues el riesgo de perder los recursos que nos sitúan como uno de los países megadiversos es apremiante.
Luego de dos años del hecho ocurrido en Sucre, el Poder Judicial en Ayacucho condenó a 20 años de cárcel a Donal Ayala Llalliri (35 años) por el delito de violencia familiar en contra de su pareja.
La justicia dictó orden de captura para Ayala Llalliri, para que sea internado en un establecimiento penitenciario. Como parte de la sentencia, deberá pagar una reparación civil de cinco mil soles a favor de la agraviada, además de pasar una pensión de alimentos a sus dos hijos.
Donal Ayala golpeó a la víctima múltiples veces en el rostro y cabeza hasta provocarle una hemorragia nasal. Previamente, increpó a la madre de sus hijos por no saber su paradero y, luego, la amenazó de muerte.
Durante la agresión, la hija de ambos recurrió al celular para grabar evidencia del acto violento. Sin embargo, al percatarse del registro, Ayala volvió la agresión contra su hija. El menor hijo de la familia también recibió un golpe en la nuca y fue amenazado para no pedir auxilio.
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El nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, registra tres denuncias por parte del Gobierno Regional de Cusco, cuando conducía un programa de televisión en esta región, desde donde expresó afirmaciones que no se ajustaban a la verdad.
En 2020, el Gobierno Regional del Cusco presentó tres denuncias contra el entonces presentador del programa “Ronda Política” del canal Compañía de Televisión Cusqueña (CTC). Lo acusó de los presuntos delitos de contra la paz pública, grave perturbación de la paz pública y falsedad genérica. La investigación está actualmente con “archivo preliminar” en el Ministerio Público.
Una de las denuncias se relaciona con el reportaje emitido por CTC en mayo del 2020, en plena pandemia. En este «informe periodístico» se mostraba sin pruebas que en Cusco se estaba enterrando a fallecidos con coronavirus en una fosa común en el cementerio San José de Huancaro, en el distrito de Santiago.
Esta información causó pánico en la población y dañó la imagen de la ciudad ante el país y el mundo, debido a que la noticia se propaló en diferentes medios de alcance nacional e internacional. El mismo Alejandro Soto apareció en Latina Noticias para difundir las imágenes. Sin embargo intentó atenuar su versión de los hechos indicando que hasta el momento de presentar el «reportaje», desconocía la verdadera razón de la inhumación de esos cadáveres.
Lo cierto es que se trataba de cadáveres abandonados en la morgue de Cusco, que nadie reclamaba para sepultarlos y debido al colapso que originó la gran cantidad de fallecidos en pandemia, la Fiscalía decidió inhumar los restos mortales que en muchos casos estaban como N.N
En su momento, la entonces presidenta de la Junta de Fiscales de Cusco, Nataly Ugarte, indicó que era falsa la información relacionada al entierro de cadáveres en una fosa común. Además, anunció que denunciarán al canal de televisión CTC que emitió un informe al respecto.
Alejandro Soto denunciado por alterar la paz pública en Cusco[/caption]
Alejandro Soto se defiende de las denuncias en Cusco
El actual congresista por Cusco y ahora presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, es un abogado que ejerció como conductor televisivo en Cusco.
En plena pandemia por Covid-19, afirmó sin pruebas que en su región había una inhumación de cadáveres en una fosa común en el año 2020. Soto Reyes dijo estar indignado y sorprendido por el tratamiento que se dio a los cuerpos, que según él debían haber sido enterrados en tumbas individuales con sus respectivos ataúdes y lápidas.
El entonces gobernador regional, Jean Paul Benavente, acusó a Soto Reyes de difundir información falsa. El entonces presentador de televisión negó las acusaciones y afirmó que se ha querido malinterpretar la información difundida por su programa.
Según él, el Gobierno Regional del Cusco habría creado una cortina de humo con dicha información para cubrir supuestos actos de corrupción en pandemia, como la compra de mascarillas en ferreterías y tiendas de ropa. Asimismo, ratificó que a la fecha de emisión del «reportaje» no sabía el origen de los cuerpos ni podía afirmar o negar que fueran muertos por Covid-19.
Dijo también que no se les ocurrió buscar la versión de las autoridades antes de emitir la noticia y que posterior a su difusión recién se pronunciaron los involucrados. Agregó que la población cusqueña debía sacar sus propias conclusiones.
GORE pidió respeto a la verdad
El exgobernador Jean Paul Benavente negó que se haya realizado este tipo de entierros y calificó el reportaje como una falta de respeto a los difuntos y sus familias. Mientras tanto, la ciudadanía criticó el manejo de la información y pidió que se respete la verdad y la dignidad de los fallecidos.
El Gobierno Regional del Cusco exigió al Ministerio Público que actúe con celeridad y sancione al conductor del programa por los delitos cometidos. Actualmente el proceso figura en estado de “archivo preliminar”. Asimismo, este hecho afectó la imagen de Cusco y del periodismo local, por lo que el exgobernador regional Jean Paul Benavente pidió a los medios de comunicación que sean responsables y veraces al informar sobre la situación sanitaria y social de la región.
Alejandro Soto: Dos denuncias más
Otra denuncia contra Alejandro Soto Reyes se refiere a la difusión de información incorrecta y tergiversada sobre el salario de los trabajadores de construcción civil. Según el exgobernador Jean Paul Benavente, Soto Reyes afirmó que se había reducido la escala salarial de este sector. Sin embargo, Benavente, desmintió esta versión y aseguró que siempre se respetaron los derechos laborales.
La última denuncia enmarcada en alterar la paz pública tiene que ver con la información sobre el centro de salud de Acamana, destinado durante la pandemia a albergar a pacientes intermedios de Covid 19. El conductor del programa dijo que se había gastado S/ 16 millones de soles en esta obra y estaba en abandono sin ser útil a la población.
No obstante, el exgobernador señaló que la informacion que difundió Soto Reyes era errónea e irresponsable, aclaró que recién se había aprobado el Informe de Oportunidad y Conveniencia (IOAR) por S/ 4 millones 700 mil.
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El nuevo presidente del Congreso de la República es Alejandro Soto Reyes. Fue elegido por mayoría este miércoles 26 de julio para el periodo legislativo 2023-2024. Durante la sesión también fueron elegidos miembros de la Mesa Directiva los congresistas Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País).
Alejandro Soto nació en Cusco. Tiene 48 años. También tiene 55 carpetas abiertas en la Fiscalía, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros. Es el presidente que postuló la lista del fujicerronismo.
Ha sido vocero de Alianza para el Progreso (APP), la bancada que acumula el mayor número de congresistas denunciados por presuntos recortes de salarios a los trabajadores de sus despachos, los denominados “mochasueldos”.
Soto Reyes figura como imputado en 59 casos, la mayoría de estos, 57 son de Cusco, su ciudad natal y a la que representa en el Congreso. De estos, 55 están abiertos, según el registro total de casos a los que tuvo acceso El Foco. Estos expedientes fiscales van de junio del 2000 hasta diciembre del 2022.
Casos de estafa
Una de las carpetas abiertas data desde marzo del 2018. Es una investigación contra Alejandro Soto por estafa y apropiación ilícita común. La empresa de transportes Waynapicchu SA acusó a Soto por incumplir con el contrato para la elaboración de los estatutos de la empresa. Soto cobró 5 mil soles, el 50% del contrato, por el servicio, pero nunca entregó el trabajo.
La otra denuncia por estafa es por la venta de un terreno a Waynapicchu SA, empresa a la que asesoraba en ese momento por 53 veces más de lo que había pagado. Además, Soto no dijo la verdad a la empresa sobre el tamaño del predio. Lo consignó como de un área de 879 metros cuadros, pero en realidad, tenía solo 640 m2.
Al electo presidente del Congreso se le imputó por falsificación documentaria, enriquecimiento ilícito, peculado y abuso de autoridad. Y entre noviembre del 2005 y junio del 2022, se le abrieron carpetas de investigación por los delitos de falsedad genérica, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios públicos.
Denuncia abierta por participación en grupo armado
Una de las denuncias que más llama la atención en el expediente de Soto es la del 8 de agosto.Se le investiga en la Primera Fiscalía Superior Penal de Cusco por su “participación en grupo armado dirigido por extranjero para actuar en territorio nacional”.
Todo indica que por su hoja de vida, Alejandro Soto haya tenido que “defenderse” y por eso tiene en sus registros judiciales, 14 querellas contra periodistas. “Cuatro son contra Miguel de La Cruz (Qosqo Times); cuatro contra Ronald Calvo (Qosqo Times); tres contra Karerina Bayona (CTC); una a Víctor Gutiérrez (CTC); y una respectivamente para Yessica Bazalar y Carlos Carrillo de Cusco en Portada”, reportó “Perú21”, el pasado 19 de junio.
Soto Reyes, abogado de profesión. Se inscribió en el partido de Acuña recién en septiembre de 2020. En su última hoja de vida presentada al JNE, Soto –quien ejercía en Cusco como conductor de noticias– declaró dos sentencias, una del 2014 por indemnización de daños y perjuicios por inejecución de obligaciones, por cobros indebidos que realizó cuando era regidor del distrito de Santiago.
Alejandro Soto: Sentencia por difamación
Para el 2013, al ahora presidente del Congreso, lo sentenciaron a un año de pena reservada y al pago de S/10,000 de reparación civil. Por incurrir en el delito de difamación agravada en contra de un coronel de la Policía Nacional destacado en la comisaría de Cusco, según un informe de OjoPúblico.
También informó en su hoja de vida, en anotaciones marginales, que lo querellaron en tres ocasiones por el mismo delito. Debido a los mensajes que propala en su condición de conductor de un programa de televisión local.
Contra la paz pública y falsedad
Esto también originó que la Procuraduría Pública Regional del Cusco lo denunciara penalmente por los delitos contra la paz pública y falsedad. Al difundir en su programa información inexacta relacionada con la pandemia.
Los hechos se dieron en mayo del 2020 cuando en plena pandemia, Soto Reyes denunció sin pruebas el entierro de 16 cadáveres. Esto, en una fosa común del cementerio de Huancaro, en el distrito de Santiago, dejando entrever que fallecieron por el covid-19. Pero en realidad eran cadáveres NN, no identificados.
El Colegio de Periodistas de Cusco sacó un comunicado, diciendo que la información no cumplía con los principios básicos de la profesión. Como son, evitar el sensacionalismo, el pánico y la zozobra en la población por lo que la Procuraduría lo denunció.
En su defensa, el postulante dijo a OjoPúblico que su caso está en investigación fiscal, y que nunca causó alteración del orden público. “Por informar al pueblo, me han denunciado (…) La gente saca sus conclusiones, es la interpretación que ha podido hacer la gente. Yo soy el conductor del programa. No hago reportajes, y allá quién interprete a su modo”, dice en el mismo informe sobre Soto Reyes cuando era candidato al Congreso que ahora presidirá.
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La bebé de un mes, cuyo cuerpo fue encontrado en el cuarto de la pareja del papá en Chupaca, Junín, finalmente murió por traumatismo encéfalo craneano, según los resultados parciales de la necropsia revelados este martes, lo que, de acuerdo con la familia, afianza la tesis de que la bebé fue asesinada por sus secuestradores.
La bebé habría sido golpeada con un agente contundente duro, precisa el informe de Medicina Legal. La Fiscalía continúa las investigaciones ahora ya conociendo las causas de la muerte y esperan dar con la tercera persona que participó en el rapto.
Según la madre adolescente, su expareja Alex Quentiquiri Cruz, de 18 años la llevó con engaños a un descampando por el barrio Yauyos, donde la nueva pareja, Livia Yubali Inga Salvador, de 19 años, le quitó a su bebé en complicidad con otro sujeto.
La mamá corrió detrás de los secuestrados, pero no pudo alcanzarlo y denunció ante la Policía.
Mensajes de Whatsapp
Durante su manifestación, Alex Quentiquiri entregó su celular a los policías de la comisaría de Chupaca. En las conversaciones por WhatsApp se revela que él le ordenó a su nueva pareja que maté al bebé.
«Le dice mátalo por WhatsApp y también se visualiza que él mismo coordina que llevará a la mamá del bebé a orillas del río Cunas», dijo una fuente.
La bebé fue hallada en un costal de rafia en la habitación de Livia Inga, donde habrían tratado de deshacerse del cuerpo.
El móvil de secuestro y posterior homicidio sería el deseo del papá de rehacer su vida al lado de su nueva pareja, porque esperan un bebé. La joven tendría dos meses de embarazo.
Culminadas las diligencias preliminares, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva. Entretanto, los restos de la bebé se velan en un establo donde trabaja su abuelo Macario Ordaya, en el distrito de San Juan de Iscos, en esta misma provincia.
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Una vez más se realizará protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. La fecha anunciada es este jueves 27 de julio en la Ciudad Blanca. Así lo confirmó Elmer Arenas, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Sin embargo, a comparación de otras regiones, las marchas no se realizarán el 28 y el 29 por fiestas patrias.
“Este 27 se ha definido que ese día vamos a salir. Todos los sindicatos que han apoyado la vez pasada están apoyando y los que no también se les ha indicado que salgan a apoyar”, anunció Elmer Arenas.
Los dirigentes del Cono Norte también confirmaron su participación en las protestas. Según Felipe Domínguez, las movilizaciones serán a partir de las 9 de la mañana. A estas marchas también se confirmó la participación de la plataforma Andrés Avelino Cáceres quienes atenderán con normalidad hasta la 1 de la tarde para luego sumarse a las jornadas.
Además, Elmer Arenas mencionó que se realizó un balance de la anterior jornada de marchas que se realizó a nivel nacional. Explicó que, para las bases de los gremios, las movilizaciones no solo en Arequipa, sino también en Lima y en las demás regiones fueron un “éxito”.
Gremios de Arequipa no comparten opinión del gobernador
MADRE DE DIOS. En la región Madre de Dios se está desarrollando una campaña de vacunación que tiene como meta alcanzar a 10 mil niños y a 5 mil adultos mayores. Desde de la primera semana de julio se realiza la campaña “Barrido de vacunación” en 91 establecimientos de salud de la región. El personal de salud vacuna contra la neumonía y otras enfermedades a niños de 1 a 4 años y a adultos mayores.
“Estamos en una etapa de vacunación que es casa por casa, buscando a los padres, a las madres de familia con sus hijos, para realizar esta vacunación”. Así declaro la Lic. Yula Magnolia Rojas Vega, directora ejecutiva del cuidado integral por curso de vida de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios.
“La región Madre de Dios tiene 91 establecimientos de salud, entre hospitales, puestos de salud y postas médicas. En todos ellos hay puntos fijos donde los padres van a encontrar al personal de salud, desarrollando esta jornada de vacunación. Si los padres esperan en sus domicilios, hay una brigada de salud que va a ir a buscarlos para vacunarlos”, añadió.
Hay un despliegue de brigadas de salud recorriendo trochas carrozables, caminos vecinales, por ríos y quebradas, en botes y vehículos menores. Estas buscan llegar a las comunidades nativas, centros poblados menores, caseríos de productores agrarios, de las tres provincias y 11 distritos de la región Madre de Dios.
“Durante los tres años de pandemia, los padres habían dejado de acudir a los centros de salud para llevar a sus niños y adultos mayores al control de salud que necesitaban de estas vacunas del calendario regular. Motivo por el cual la campaña y el despliegue del personal de salud en la región tiene como meta vacunar a 10 mil niños y 5 mil adultos mayores contra el neumococo que produce la neumonía, el Covid 19, sarampión, poliomielitis, entre otras enfermedades”, dijo Rojas.
La vacunación contra el neumococo y otras enfermedades hecha por la Dirección de Salud es gratuita. La vacuna recomendada contra la neumonía por la Organización Mundial de la Salud es la antineumocócica conjugada trecevalente. Las vacunas están disponibles en todos los centros de salud.
La policía nacional erradicó e incineró unos 63 745 plantones de cannabis sativa (marihuana). Este fue el resultado del trabajo policial que se desarrolló durante ochos días en el distrito y provincia de Huacaybamba, en la región Huánuco.
Con estas operaciones policiales se logró neutralizar la comercialización de más de 17 toneladas de marihuana. Este trabajo fue ejecutado por personal policial del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas Huánuco.
Los operativos se hicieron en coordinación con la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de TID sede Tingo María. Por información recibida de la División de Maniobra Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) Huallaga se dispuso acudir al sector de Huagsha. Esto en razón que allí habría una organización criminal dedicada al sembrío, cultivo, proceso de secado, prensado, acopio, transporte y comercialización de grandes cantidades de marihuana.
En la intervención policial en esa zona se encontraron cuatro viviendas rústicas, usadas como centros de acopio, y cuatro secadoras. Al registrar el lugar, se hallaron tres granadas de guerra, 84 costales con restos vegetales (hojas, tallos y semillas de Cannabis Sativa). Todo ello con un peso de 1242.3 kilos. También se erradicaron cuatro hectáreas y se incineraron 20 100 plantas. Con ello se neutralizó la comercialización de 5465 kilos de marihuana.
Luego, la policía se trasladó al sector denominado Valle de Acope. Allí se hallaron cuatro centros de acopio, cuatro secadoras y tres motocicletas. Además, se encontraron 41 costales de marihuana con un peso total de 975.1 kilos.
Además, durante esa operación se erradicaron nueve hectáreas de cultivos ilegales y se incineraron 43 645 plantones de la misma especie ilegal. Gracias a estas acciones, se neutralizó la venta de 11 869 kilos de cannabis sativa.
Por disposición del Ministerio Público se procedió al traslado de los 125 costales de marihuana, las granadas de guerra y las motocicletas. Además de la documentación que permitirá a la policía identificar a los integrantes de esta organización criminal dedicada a la comercialización de esta droga psicotrópica.
Alejandro Soto denunciado por alterar la paz pública en Cusco[/caption] 
