Los incendios forestales en Perú han alcanzado niveles críticos, afectando a 22 de las 24 regiones del país y causando daños irreparables en la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la economía. En este sombrío panorama, la llamada «Ley Antiforestal», que facilita y promueve actividades agropecuarias en tierras forestales protegidas, se muestra como un factor que agrava aún más esta emergencia.
El 14 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia esta polémica ley, que en la práctica legaliza la deforestación y degradación de los bosques. Desde su implementación, diversos especialistas han alertado que esta norma fomenta la destrucción forestal al vincular la titulación de tierras con la ausencia de cobertura boscosa y su uso en actividades agrícolas, incentivando así la quema y tala indiscriminada. En otras palabras, para obtener el título de propiedad, primero hay que deforestar.
Esta posición en contra de la controvertida ley es compartida por organizaciones ambientales e indígenas, comunidades y variados sectores de la sociedad civil quienes han manifestado su rechazo. En respuesta, se han realizado marchas y plantones en varias ciudades del país, demandando su inmediata derogación. Una protesta que sigue siendo un reclamo vigente.
Incendios forestales: Una oportunidad para actividades ilícitas
Los incendios forestales tienen varias causas, siendo la principal el uso inadecuado del fuego en actividades agropecuarias o la quema para la expansión agrícola. A esto se suman condiciones climáticas adversas, como sequías prolongadas y altas temperaturas por el cambio climático, que facilitan la propagación del fuego. Sin embargo, es esencial considerar el contexto legal que rodea este fenómeno, especialmente en nuestro país donde las normativas existentes, directa o indirectamente, fomentan prácticas que agravan la crisis forestal.
En entrevista con CNN, Manuel Pulgar-Vidal, exministro de Ambiente, explicó que ciertas políticas públicas están acelerando la deforestación y las quemas, como la Ley Antiforestal. Según el exfuncionario, esta ley pretende regular la deforestación para dar títulos de propiedad a pequeños productores y permitirles exportar sus productos, especialmente a Europa, donde las normas son más estrictas con respecto a la deforestación. “Al Congreso se le ocurrió dictar esta ley para decir: vamos a sanear la titularidad y todos van a poder exportar”, señaló. Sin embargo, esta medida es criticada porque incentiva la tala y quema de bosques bajo el pretexto de legalizar tierras.
Además, según Pulgar-Vidal, este incentivo negativo se suma a la invasión de tierras para construir viviendas y sembrar, así como a la minería y tala ilegal. En Perú, agregó, «se está promoviendo la impunidad para este tipo de actividades ilegales e informales», lo que empeora aún más la crisis ambiental.
Ana Leyva, coordinadora del Programa Amazónico de CooperAcción, ejemplifica las consecuencias de la Ley Antiforestal con testimonios recogidos en un evento en Madre de Dios. Según Leyva, varios dirigentes locales denunciaron que la norma había incentivado la llegada de traficantes de tierras, quienes aprovecharon la ley para depredar los bosques y legalizar sus acciones. “No eran agricultores, eran traficantes», subrayó a Inforegión. La ley facilitó que estos especuladores destruyeran áreas forestales para obtener ganancias, y según los testimonios, esta situación empeoró desde su implementación, generando gran preocupación en las comunidades.
Dictamen de derogatoria sigue sin ser debatido
A pesar que el pasado 9 de abril la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso aprobó el dictamen para la derogatoria de la polémica ley, el tema sigue sin ser debatido en la Comisión Agraria. Por lo tanto, continúa pendiente de votación final en el pleno del Congreso. Mientras tanto, la presión ciudadana continúa aumentando, en busca de respuestas más contundentes ante la crisis que se intensifica en el país.
Impacto en comunidades y ecosistemas
Asimismo, en una entrevista con Canal N sobre los incendios forestales, Christian Huamán Mendoza, director de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), manifestó que las prácticas ilegales, como las quemas para expandir la frontera agrícola, se han vuelto más frecuentes debido a la falta de sanciones efectivas y las lagunas legales presentes en la Ley Antiforestal.
Es fundamental entender que la deforestación no solo destruye la biodiversidad, sino que también agrava la crisis de incendios forestales al alterar el ciclo del agua, aumentando la vulnerabilidad de las zonas afectadas. Leyva destaca que la pérdida de bosques incrementa la sequedad y reduce la capacidad de regenerar agua. Además, árboles como el shihuahuaco son claves para la humedad del ecosistema, ya que pueden liberar hasta 3,000 litros de agua al día.
No obstante, incluso esta importante especie está en peligro, ya que el 11 de septiembre se alertó sobre el Proyecto de Ley 7085/2023-PE, conocido como la segunda Ley Antiforestal, que facilitaría la extracción de madera y reduciría la protección de especies amenazadas como el shihuahuaco.
Estado de emergencia y la falta de acción
A pesar de los reiterados pedidos de al menos 10 regiones para declarar el estado de emergencia, la presidenta Dina Boluarte solo declaró en emergencia a las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali. Sin embargo, los incendios continúan expandiéndose. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 22 de las 24 regiones del Perú han sido afectadas, con un saldo trágico de 16 fallecidos, 140 heridos y más de 370 animales muertos.
El desafío es claro: sin un cambio en las políticas públicas que fomentan la deforestación y con los efectos del cambio climático en aumento, Perú se enfrenta a una crisis ambiental que probablemente se agravará con el tiempo. Los expertos coinciden en que la Ley Antiforestal debe ser derogada para frenar la destrucción de los bosques y detener el ciclo de incentivos perversos que están devastando la Amazonía y otras áreas clave del país.
