Luego de casi diez años de proceso judicial, el 22 de abril la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac absolvió a once defensores de derechos humanos y líderes comunales de las provincias de Cotabambas y Grau. Ellos habían sido condenados por participar en las protestas sociales del 2015 contra el proyecto minero Las Bambas. La sentencia anulada los declaraba culpables y los obligaba a pagar altas reparaciones civiles al Estado y a la empresa minera MMG Las Bambas S.A.C.
Las protestas se dieron en rechazo a la falta de consulta previa, libre e informada sobre el proyecto, así como por los impactos negativos que generó en las comunidades: contaminación del aire, ruido constante y alteraciones profundas en su vida cotidiana a lo largo del corredor minero.
Con este fallo, quedaron sin efecto las condenas contra Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronal Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Ccosnilla Gallegos, Jacinto Lima Lucas, Alem Torre Garcés, Maximiliano Huachaca Mamani, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Aysa, Lizbeth Abarca Peña y Cosme Bolívar Escudero.
Fallo histórico y sin precedentes
La Corte encontró que no existían pruebas que demostraran responsabilidad penal por parte de los acusados, y que la sentencia de primera instancia presentaba graves inconsistencias. Entre ellas, la acusación de autoría mediata no fue debidamente desarrollada, y el pago de las reparaciones civiles carecía de fundamentos legales. Por ello, los jueces decidieron absolver a los comuneros de toda responsabilidad civil y penal.
Durante el juicio, los defensores enfrentaban condenas de entre 8 y 9 años de prisión, además del pago de 50 mil soles al Estado y 88 600 dólares a la empresa minera. Incluso en la apelación, la Procuraduría del Ministerio del Interior pidió que se elevara la reparación estatal a 200 mil soles, lo que fue finalmente descartado por el tribunal.
El peso del corredor minero
El proyecto Las Bambas es una de las operaciones mineras más grandes del país y la más significativa de capitales chinos en América Latina. Cada día, alrededor de 370 camiones de alto tonelaje atraviesan más de 450 kilómetros de carretera desde Apurímac hasta el puerto de Matarani, en Arequipa, afectando directamente a 169 comunidades del corredor minero del sur. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado de forma reiterada los impactos sociales y ambientales que este megaproyecto genera en las comunidades locales.
Un precedente contra la criminalización
La sentencia fue celebrada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Front Line Defenders y CEJIL, que actuaron como observadores en el proceso. Para muchas de ellas, este fallo representa un precedente legal clave en la lucha contra la criminalización de la protesta social en el Perú.
David Velazco, abogado de los comuneros absueltos y representante de FEDEPAZ, declaró a la prensa: “Esta sentencia crea un importantísimo precedente, en el sentido de que no se puede atribuir una acusación sin precisar qué conducta penal asumieron los acusados y no se puede avanzar a un juicio sin que existan siquiera pruebas referenciales de la responsabilidad penal, menos si se trata de un proceso contra quienes ejercen su derecho a la protesta social pacífica”.
