Nueve hectáreas de bosque secundario en áreas protegidas de San Martín han sido arrasadas por la tala y quema ilegal. Esta alarmante situación ocurrió en zonas de conservación de las provincias de Picota y Bellavista, y ha generado preocupación entre las autoridades ambientales y las organizaciones locales.
Uno de los casos más graves se registró en el sector Valle Oeste, en el distrito de Pucacaca (Picota), donde se detectó la deforestación de siete hectáreas. Según informó la Autoridad Regional Ambiental (ARA), se trata de un ecosistema clave del corredor de bosques secos relictos del Huallaga Central. Esta zona es cuidada por la Concesión para Conservación Ojos de Agua, gestionada por la Asociación Bosques del Futuro Ojos de Agua (ABOFOA).
Durante una inspección en la zona, realizada por personal de gestión forestal junto a la Fiscalía Ambiental y la Policía Nacional, se encontró una gran cantidad de árboles talados y quemados. Entre las especies afectadas estaban el pashaco, bolaquiro, quinilla, bolaina, machinga y moena. La evidencia apunta a que los responsables buscaban cambiar el uso del suelo para sembrar maíz.
Ecosistemas en peligro
Estas acciones ponen en serio peligro la biodiversidad de la zona y alteran el equilibrio ecológico de toda la región. Los bosques que han sido dañados son hogar de especies únicas. Además, en estas áreas nacen importantes fuentes de agua, esenciales para mantener el ambiente sano y sostenible.
“Algunos están aprovechando la flexibilización de la nueva modificación de la Ley Forestal para incrementar la explotación de los recursos, afectando especies protegidas y áreas de conservación”, advirtió la Concesión para Conservación Ojos de Agua.
Otro caso en Bellavista
A esta situación se suma la tala y quema de dos hectáreas adicionales en el área protegida administrada por la Asociación de Conservación y Protección Ecológica “El Valle del Biavo”, ubicada entre los distritos de Bajo Biavo y Huallaga, provincia de Bellavista. En esta zona, la verificación evidenció también la afectación de especies como quinilla y machinga, además del hallazgo de 300 pies tablares de madera, los cuales fueron decomisados por las autoridades.
Este espacio forma parte de una concesión de 6687 hectáreas de bosques secos tropicales, cuya protección se ha sostenido gracias al compromiso voluntario de las comunidades locales.
Investigación en curso
La Autoridad Regional Ambiental de San Martín ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables de estos delitos contra el patrimonio forestal. Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), estas acciones constituyen infracciones “muy graves”, al involucrar la realización de actividades agropecuarias en terrenos con capacidad de uso mayor forestal o de protección, y la invasión de áreas que forman parte del Patrimonio Forestal de la Nación.
Las concesiones otorgadas por el Estado son gestionadas por organizaciones que, sin fines de lucro, asumen el cuidado de territorios vitales para la regulación climática, la conservación del agua y la protección de especies en peligro. Su labor, sin embargo, se ve constantemente amenazada por presiones externas y el avance de actividades ilegales.
