El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) publicó su informe mensual sobre libertad de expresión, correspondiente a junio de 2025. Entre los hechos más graves se encuentra el cumplimiento de 250 días sin que la presidenta Dina Boluarte brinde declaraciones a la prensa, el ataque con armas de fuego (13 balazos en total) a la vivienda del periodista Carlos Alarcón en Yurimaguas, y nuevas acciones de hostigamiento y deslegitimación contra medios de comunicación.
“En junio se retomó la violencia, esta vez con un ataque a balazos contra la casa del periodista loretano Carlos Alarcón, una situación que refleja la precaria situación de la prensa regional”, advierte el informe. El comunicador, que trabaja en Amazonía TV, había recibido amenazas por mensajes de texto menos de una semana antes del ataque. En lo que va del año, ya se han registrado dos asesinatos a periodistas, señala el CPP.
Silencio del Ejecutivo y restricciones en el Congreso
El reporte destaca que el 29 de junio se cumplieron 250 días sin que la presidenta Dina Boluarte responda preguntas de la prensa. La última vez que lo hizo fue en octubre de 2024, luego de 105 días sin declaraciones.
“Los silencios de Boluarte no son solo vocales, sino que implican también una limitación a la transmisión de información pública”, señala el Consejo.
El informe también da cuenta de que el Ejecutivo negó, por segunda vez, un pedido para acceder a los documentos relacionados con un proceso administrativo que podría derivar en un incremento del sueldo presidencial. En su justificación, acusó a la prensa de generar “confusión social”, “percepciones distorsionadas” y “presiones indebidas”.
Además, el Congreso reiteró mediante un memorando que sus trabajadores no pueden brindar declaraciones a los medios sin autorización previa, si estas pudieran afectar la imagen del Parlamento. Para el CPP, estas medidas refuerzan un patrón de “afectación a la transparencia”.
Hostigamiento legal y deslegitimación de la prensa
El informe también recoge nuevas expresiones estigmatizantes hacia los medios. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continuó utilizando el término “mermeprensa” y haciendo referencias a frascos de mermelada durante sus intervenciones públicas, en alusión a medios como Canal N. A esta narrativa se sumó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, quien calificó al diario El Comercio como un medio que responde a “intereses de constructoras” y difunde “medias verdades”.
“Continuó también la narrativa de prensa y periodistas ‘mermeleros’ por parte de alcaldes, en un claro intento de afectar sus niveles de credibilidad”, señala el CPP.
Por otro lado, la periodista Rosmery Tapara, de La República, fue víctima de hostigamiento tras una investigación sobre presunto fraude vinculado a una empresa de limpieza pública. Según el informe, recibió cartas notariales, fue víctima de suplantación de identidad, bloqueo de líneas telefónicas y mensajes intimidatorios.
En Andahuaylas, seis periodistas fueron denunciados por presunto lavado de activos. Entre ellos figura Analí Andrade, quien junto a sus colegas había difundido reportajes que cuestionaban la gestión del alcalde local. Para el Consejo, “la utilización de la ley como arma contra la prensa es ya pan de cada día en el Perú”.
Publicidad estatal y medidas que afectan la sostenibilidad
El CPP también reportó un presunto direccionamiento de publicidad estatal. De acuerdo con una investigación periodística citada, la empresa Fama y Asociados, vinculada al periodista Martín Valdivia, distribuye un presupuesto público de S/3 millones entre medios, incluyendo La Noticia, periódico que él mismo dirige y que, según el informe, tiene alcance limitado frente a otros medios con mayor trayectoria.
A esto se suma una modificación legal aprobada por el Congreso, que obliga a los proveedores de cable en regiones a incluir gratuitamente canales de televisión locales. El CPP advirtió que esta medida afecta la viabilidad económica de estos medios: “El Estado afecta la libertad de empresa de medios de comunicación, al establecer la gratuidad de sus servicios”.
Acción judicial a favor de la libertad de expresión
Finalmente, el informe reconoce como positivo que el Poder Judicial haya admitido a trámite una acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la ley que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La norma permite a la agencia limitar actividades financiadas por ONG y podría, según el IDL, restringir derechos fundamentales.
“El Consejo de la Prensa Peruana celebra que se haya admitido a trámite un amparo contra la modificación de las facultades de la APCI”, señala el documento.
El informe de junio expone una combinación de silencios desde el Ejecutivo, restricciones normativas, violencia directa y discursos de desprestigio hacia medios y periodistas. Para el CPP, estos hechos reflejan un deterioro sostenido del entorno para el ejercicio del periodismo en el país.
