El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) publicó su informe mensual de mayo sobre la situación de la libertad de expresión en el país. El reporte alerta sobre un deterioro sostenido en las condiciones para ejercer el periodismo, evidenciado en hechos tan graves como el asesinato de dos periodistas en lo que va del año, restricciones al acceso a la información pública y presiones directas desde diversas instancias del Estado.
Periodistas asesinados en Iquitos e Ica
El caso más alarmante es el asesinato del periodista Raúl Celis en Iquitos, ocurrido el 7 de mayo. Celis conducía un programa en Radio Karibeña y fue interceptado por dos sujetos en moto que le dispararon en tres ocasiones cuando se dirigía a la emisora. No le robaron ninguna pertenencia, lo que ha llevado a organizaciones de libertad de expresión a vincular el crimen con su labor periodística.
El informe también menciona avances en la investigación del asesinato de Gastón Medina, periodista asesinado en enero en Ica. La Fiscalía dictó nueve meses de prisión preventiva contra un presunto implicado. Sin embargo, periodistas de la región expresaron al CPP sus dudas sobre la responsabilidad del detenido. “Se requieren más pesquisas y pruebas”, señala el documento, que también cuestiona la falta de respuesta de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, a un pedido formal de reunión por parte de cuatro organizaciones de prensa.
Franja informativa obligatoria y acceso a la información
Otro hecho que ha generado controversia es la aprobación por insistencia de una modificación a la Ley 30364, que obliga a los medios a dedicar el 10% de su programación a informar sobre violencia contra las mujeres. Si bien el objetivo es visibilizar esta problemática, el CPP considera que la medida vulnera principios fundamentales. “El Congreso lo que busca es violar la autonomía de los medios y atentar contra la pluralidad, fiscalización e independencia”, afirma el informe.
El Consejo también criticó decisiones que limitan el acceso a la información pública. Por un lado, la Contraloría General de la República anunció que suspenderá la publicación de los anexos técnicos de sus informes por supuestos problemas operativos. Por otro, la Presidencia del Consejo de Ministros negó un pedido sobre el posible aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, al considerar que la información solicitada es “confidencial”. Para el CPP, esta interpretación “es incorrecta, habida cuenta de que Boluarte es una funcionaria pública a la que se le paga con fondos públicos”.
Hostigamiento, restricciones y pedidos inconstitucionales
El informe también recoge otras situaciones preocupantes. En Lima, el alcalde Rafael López Aliaga volvió a desprestigiar a medios de comunicación utilizando calificativos como “mermelera”. En el Congreso, periodistas fueron impedidos de ingresar a cubrir sesiones bajo argumentos de incumplimiento del código de vestimenta, a pesar de estar correctamente vestidos.
En Huaral, un medio digital recibió un pedido de una fiscalía para revelar su fuente sobre un caso de corrupción, bajo amenaza de incurrir en delito de desobediencia. El CPP recuerda que “los periodistas no están obligados a ello”, y advierte sobre “los cada vez más recurrentes pedidos de revelación de fuentes por parte de diversas fiscalías”.
Otro caso registrado fue el de la periodista Carolina Arredondo Villar en Loreto, quien fue hostigada y expulsada de un grupo oficial de prensa por intentar acceder a información sobre un juez condenado por corrupción.
Advertencia sobre clima hostil
“El periodismo en el Perú atraviesa hoy uno de sus momentos de mayor peligro”, sostiene el informe. La organización subraya que a los asesinatos se suman agresiones sistemáticas, restricciones injustificadas y un clima de creciente hostilidad hacia la labor informativa.
El Consejo de la Prensa concluye con un llamado a las autoridades a asumir sus responsabilidades en la protección de la prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. La persistencia de la impunidad, añade, “es un síntoma más de lo difícil de hacer justicia cuando la víctima es un periodista».
