La controversia por la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca alcanzó un nuevo punto crítico. A pocos días de que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima emita su fallo sobre la legalidad del artículo 5.2 del Decreto Supremo 008-2021-MINAM, el cual permite esa actividad en la zona de aprovechamiento de la reserva, pescadores artesanales de todas las regiones costeras del Perú y un grupo de científicos nacionales e internacionales se han pronunciado públicamente para exigir que se respete la integridad de las áreas naturales protegidas.
Dirigido directamente a los jueces que tienen en sus manos este caso: Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca, un memorial firmado por 29 gremios pesqueros recuerda que:
“La Ley es clara. Desde hace más de 20 años, un reglamento ha definido que la pesca industrial no está permitida dentro de nuestras Áreas Naturales Protegidas”.
Advierten que permitir esta actividad va contra las normas actuales y beneficia únicamente a unos pocos, afectando con ello el equilibrio del mar y el sustento de miles de pescadores artesanales.
Este no es el único pronunciamiento. En la misma línea, un grupo de 21 investigadores, entre los que figuran expertos de universidades peruanas y extranjeras, difundió un comunicado en el que rechazan el uso de la zonificación vertical, una práctica que permite realizar actividades industriales en ciertas capas del océano dentro de zonas que deberían estar protegidas.
“Dejar desprotegida la parte más
activa y biológicamente sensible del océano es equivalente a declarar una reserva a nivel del suelo, pero permitir la cacería de las especies que habitan en la copa de los árboles», señalan.
¿Qué exigen y a quiénes se dirigen?
Ambos pronunciamientos están dirigidos a los tres jueces que tendrán que decidir si mantener o anular el artículo que permite la pesca industrial hasta los 1000 metros de profundidad dentro de la reserva. Recordemos que esta actividad cuenta con el respaldo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), gremio industrial que incluso participó en el juicio como tercero y que defendió la postura de que se trata de “derechos adquiridos” por embarcaciones que ya operaban antes de la creación de la Reserva en 2021. Sin embargo, los gremios de pescadores artesanales rechazan este argumento, y advierten que se trata de una interpretación «interesada», que contradice el objetivo de conservación que tiene un área protegida.
“La SNP quiere desafiar al sentido común”, señalan los pescadores en el memorial, donde también denuncian una campaña de presión legal y mediática del gremio industrial para cambiar la normativa. “Han ido al Sernanp, al Indecopi e inclusive al mismo Poder Judicial para cambiar esta prohibición, y en ninguna de esas instancias se les ha dado la razón”.
Con ello se refieren a los reiterados intentos de la SNP por revertir la prohibición de pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas. Hace unos meses, el Poder Judicial rechazó una demanda del gremio y ratificó que no se puede realizar pesca industrial en zonas como esta, porque la ley lo prohíbe de forma clara. Aun así, la SNP apeló y busca que se anule esa directiva, alegando que tienen “derechos previos” a la creación de la reserva.
Pero mientras en Paracas el Estado ha defendido con firmeza esa restricción, en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca la situación es distinta. En este caso, sí se permite la pesca industrial en una parte del área, amparándose en el mismo argumento de derechos preexistentes. Esta diferencia ha generado críticas y es observada con preocupación por los gremios de pescadores, ya que se trata también de un área marina protegida, pero donde se ha abierto la puerta a actividades industriales.
Frente a esta contradicción, el grupo de científicos firmantes exige que se elimine por completo la zonificación vertical en todas las áreas marinas protegidas del país. “El mar es un ecosistema tridimensional. Proteger solo el fondo marino y no toda la columna de agua fragmenta artificialmente el hábitat de especies pelágicas y migratorias y debilita la eficacia de las áreas protegidas».
¿Quiénes firman los pronunciamientos?
El memorial de los pescadores está respaldado por organizaciones de Áncash, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima provincias, Piura, Tumbes, Tacna y la macro región sur. Agrupa desde federaciones regionales hasta asociaciones de pescadores artesanales de caletas específicas como Paita, San Andrés, Laguna Grande en Paracas, Santa Rosa, entre otros.
En el caso del comunicado científico, este fue firmado por 21 especialistas de instituciones nacionales e internacionales. Entre ellos destacan Carlos Zavalaga, investigador de la Universidad Científica del Sur; Susana Cárdenas, del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Patricia Majluf, profesora afiliada al Instituto para los Océanos y la Pesca de la Universidad de British Columbia; Jaime Jahncke, del Estuary and Ocean Science Center en San Francisco State University; y Santiago de la Puente, del Norwegian Institute for Water Research. También figuran nombres como Joanna Alfaro (ProDelphinus), Kerstin Forsberg (Planeta Océano) y Daniel Pauly, uno de los científicos marinos más reconocidos a nivel global.
Todos coinciden en que la pesca industrial “es incompatible con los objetivos de un área protegida” y que sus impactos como la captura incidental, la sobrepesca, la contaminación y la perturbación de especies ponen en serio riesgo la biodiversidad.
Historia de la norma en disputa
La Reserva Nacional Dorsal de Nasca fue creada en junio de 2021 y constituye la primera área natural protegida exclusivamente marina del país. Con una extensión de más de 62 mil kilómetros cuadrados, protege montes submarinos y rutas migratorias de especies vulnerables. Pero el mismo decreto que la establece permite que se sigan realizando actividades de pesca industrial en la parte superior del océano si existían previamente.
La organización Oceana presentó una Acción Popular solicitando la anulación de esa disposición. Según su demanda, la norma va en contra del derecho constitucional a un ambiente sano, la Ley de Áreas Naturales Protegidas y tratados internacionales como el Protocolo para la Conservación de Áreas Marinas y Costeras del Pacífico Sudeste.
Durante la audiencia, el abogado de Oceana, Luciano López, explicó que los permisos otorgados a las empresas pesqueras no equivalen a derechos adquiridos y que el Estado puede revocarlos si entran en conflicto con el interés público. “El artículo 5.2 permite su destrucción, y eso es lo que estamos llevando a la justicia constitucional”, señaló.
*Conoce cómo fue la audiencia aquí.
Un juez bajo investigación
El debate adquirió además un matiz polémico por la situación de uno de los jueces que deberá decidir el caso. Bacilio Cueva Chauca, integrante de la sala, fue implicado por el exasesor Jaime Villanueva en el caso Benavides, que investiga presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia. Según la versión de Villanueva, Cueva habría coordinado el archivamiento de una investigación contra la entonces fiscal de la Nación y habría intentado frenar las pesquisas desde el Poder Judicial.
La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ordenó su incorporación formal a una investigación por presunto tráfico de influencias en 2024. Aunque aún no hay una sentencia, este antecedente ha despertado preocupación sobre su imparcialidad en sectores de la sociedad civil.
*Conoce a mayor profundidad este caso aquí.
¿Precedente o argumento para futuras disputas?
El fallo que se avecina marcará un antes y un después en la política ambiental del país. Si los jueces optan por eliminar la disposición cuestionada, se dará un paso clave hacia una protección marina real e integral, donde no tenga cabida la pesca industrial dentro de las reservas. Pero si la decisión va en sentido contrario, crece el temor de que se convierta en un argumento para reinterpretar la ley y abrir la puerta a la explotación de otras áreas protegidas como la Reserva Nacional de Paracas.
Más de 320 mil personas ya han firmado una petición para prohibir la pesca industrial en áreas protegidas. La presión crece, las voces se multiplican y todas las miradas están puestas en el Poder Judicial. El fallo que emitan no solo resolverá un caso, sino que podría definir el rumbo de las áreas marinas protegidas en nuestro país.
