Las viudas de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo llevan casi once años exigiendo justicia por el asesinato de sus esposos, líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya–Saweto. En 2014, ellos fueron asesinados por enfrentarse a las mafias de la tala ilegal en la frontera con Brasil. Esta semana, el sistema judicial peruano tiene una nueva oportunidad para no fallarles.
El miércoles 9 de abril, en Pucallpa, comienza la audiencia de apelación del juicio por el asesinato de los cuatro líderes indígenas. Este caso marcó un hito en las denuncias contra la tala ilegal en la Amazonía peruana y ha sido seguido de cerca por organizaciones nacionales e internacionales.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali será la encargada de revisar la sentencia dictada en noviembre de 2023, que impuso 28 años y 3 meses de pena privativa de libertad a cinco implicados. El proceso se desarrollará en varias sesiones a lo largo del mes y concluirá con una decisión de segunda instancia.
Revisión de una sentencia anulada previamente
Los asesinatos de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo ocurrieron el 1 de septiembre de 2014. Según la acusación fiscal, los líderes indígenas fueron asesinados mientras denunciaban actividades de tala ilegal en sus territorios.
El proceso judicial ha atravesado varios obstáculos. Una primera sentencia condenatoria fue emitida en febrero de 2023, pero fue anulada en agosto de ese mismo año por la Sala Penal de Apelaciones, lo que obligó a iniciar un nuevo juicio oral en noviembre. La sentencia actualmente en evaluación corresponde a este segundo proceso.
Los sentenciados son Hugo Soría Flores y José Estrada Huayta, como autores mediatos, y Euricio Mapes Gómez, junto a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Féliz, como coautores. Todos fueron hallados culpables del crimen en primera instancia.
Tres posiciones ante la apelación
En esta nueva etapa, las partes han presentado recursos de apelación con diferentes objetivos. El Ministerio Público ha solicitado que se confirme la sentencia, pero con un incremento de la pena a 35 años de prisión. La defensa técnica de las víctimas ha pedido también que se aumente la indemnización a las familias, mientras que los abogados de los condenados han solicitado la revocatoria total de la sentencia.
Durante la audiencia, la Sala Penal realizará una exposición de la sentencia recurrida y las apelaciones presentadas. Luego se permitirá la sustentación oral de cada parte y, si corresponde, la actuación de nuevas pruebas admitidas. El tribunal tendrá un plazo de 10 días para emitir la sentencia de segunda instancia, tras lo cual se notificará la fecha de lectura del fallo.
Preocupación por un posible precedente
Organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), junto con colectivos de derechos humanos, han advertido que este caso podría sentar un precedente relevante en el país. “Exigimos justicia para nuestros hermanos. Su asesinato no solo fue un ataque contra ellos, sino contra todos los pueblos indígenas que defendemos nuestro territorio”, declaró el vicepresidente de Aidesep, Miguel Guimaraes.
Desde 2013, se han registrado al menos 35 asesinatos de defensores indígenas en el Perú, según reportes de diversas organizaciones. Estos crímenes, en su mayoría relacionados con conflictos socioambientales, siguen en gran parte sin resolverse.
Próximas decisiones
El resultado de esta audiencia será clave para definir la respuesta del Estado frente a los asesinatos de defensores ambientales y la demanda de justicia de las comunidades indígenas. La Sala Penal podrá confirmar, revocar o anular la sentencia actual. La expectativa está puesta en que el proceso se resuelva con celeridad y garantice el acceso efectivo a la justicia para los familiares de las víctimas.
