La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) emitió este 22 de mayo un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las interpretaciones surgidas tras un reciente cambio normativo, que, advierte, podrían debilitar los mecanismos de conservación en el país. En su comunicado, la organización insta a fortalecer la coordinación entre los sectores responsables de la gestión ambiental y recuerda que la conservación de la biodiversidad es una responsabilidad compartida por todos los niveles del Estado.
¿Cuál es este cambio normativo?
El pronunciamiento hace referencia a la derogación de la tercera disposición complementaria final de los Lineamientos para la identificación de ecosistemas frágiles, aprobados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) el pasado 28 de abril. Esta disposición, cuya eliminación fue alertada por este medio, señalaba que, en caso de crearse áreas naturales protegidas (ANP) que se superpongan con ecosistemas frágiles, la lista sectorial debía ser actualizada en consecuencia. Según la propia resolución de Serfor, la derogación busca “garantizar la gestión integral de los ecosistemas frágiles sectoriales”.
El cambio normativo encendió las alertas entre expertos, comunidades indígenas y gobiernos regionales, ya que actualmente existen doce propuestas de Áreas de Conservación Regional (ACR), en distintas etapas, que se superponen con ecosistemas frágiles. Estas iniciativas, ubicadas en Loreto, Pasco, Tacna, Huánuco, Junín, Ucayali y Amazonas, representan años de trabajo técnico y cuentan con el respaldo de las comunidades locales y los gobiernos regionales.
Cabe señalar que el Serfor ya había observado el proyecto del Área de Conservación Regional (ACR) Medio Putumayo Algodón en Loreto, cuyo proyecto de decreto supremo fue publicado a fines de 2024. La observación se basó en su superposición con un ecosistema frágil, y fue realizada incluso antes de la derogación de la norma que permitía continuar con su proceso legal. Este antecedente, sumado a la reciente modificación normativa, generó preocupación entre los gobiernos regionales.
En respuesta, las gerencias de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de 24 gobiernos regionales del país emitieron un pronunciamiento en el que subrayan que las ACR no son incompatibles con los ecosistemas frágiles. Por ende, llaman a resolver la traba normativa que podría detener el avance de las 12 propuestas de ACR. A su vez, federaciones indígenas de Loreto también cuestionaron al Serfor por obstaculizar, con el mismo argumento, el reconocimiento legal de iniciativas impulsadas desde las propias comunidades, como el ACR Ere Campuya, la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas y el ACR Medio Putumayo Algodón.
Complementariedad, no competencia
En este escenario, la SPDA advierte que la modificación normativa está generando “interpretaciones y debates en torno a la coexistencia de las figuras legales de ‘ecosistema frágil sectorial’ y ‘áreas naturales protegidas’, así como al régimen de competencias asociado”.
Uno de los principales mensajes de su pronunciamiento es la necesidad de armonizar ambas figuras legales. Para la SPDA, no se trata de establecer jerarquías entre mecanismos de conservación, sino de reconocer que ambos tienen un fin común y este es preservar la biodiversidad.
“Enfatizamos que, tanto la figura de ecosistema frágil sectorial como la de ANP, aunque cuenten con bases normativas y de gobernanza distintas, apuntan a una misma finalidad: la conservación de la biodiversidad”, señala la organización.
En esa línea, proponen que ambas herramientas deben “tener una convivencia armónica y ordenada en el territorio nacional de tal manera que ambos mecanismos no se vean debilitados, sino más bien potenciados». La SPDA también sostiene que esta derogatoria no debe ser interpretada como una traba para la creación de nuevas ANP, ya que estas tienen su propio marco legal.
“Consideramos que la derogatoria (…) no debe ser interpretada como una restricción para la creación de futuras ANP. En primer lugar, porque dicha competencia no recae en el sector forestal y, en segundo lugar, porque estos procesos cuentan con su propio marco normativo consolidado en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, su reglamento y normas complementarias», se lee.
Llamado a la articulación institucional
Frente al riesgo de fragmentación de la política ambiental, la SPDA llama a las instituciones responsables, especialmente al Serfor y al Sernanp, para que coordinen mejor sus esfuerzos.
“Invocamos a las autoridades involucradas, especialmente al Serfor y al Sernanp, a articular esfuerzos para promover la conservación integral, conectada y eficaz del territorio”, propone la SPDA, recordando que esto contribuiría a cumplir con compromisos internacionales como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
La organización también subraya que no deberían ponerse trabas a iniciativas participativas lideradas por entidades competentes.
“No deberían imponerse restricciones a iniciativas de establecimiento de ANP impulsadas conforme a ley por las autoridades competentes como el SERNANP o los gobiernos regionales, menos aun cuando son producto de procesos participativos parte del propio procedimiento de establecimiento y creación de ANP”, advierten.
Ecosistemas frágiles: más protección, no menos
Actualmente, hay más de 188 ecosistemas reconocidos en la Lista Sectorial del Serfor. La SPDA considera urgente fortalecer esta figura, ampliando su protección legal, mejorando su gobernanza participativa y asegurando su complementariedad con otras herramientas de conservación.
Además, la organización recuerda que se deben prevenir los riesgos que estos ecosistemas enfrentan, como las actividades ilegales o el uso no planificado del territorio. “Estos esfuerzos deben destinarse a fortalecer su marco de protección jurídica, fomentar su complementariedad y conectividad con otras modalidades de conservación (…) y fomentar su gestión participativa y descentralizada”.
Finalmente, la organización destaca la importancia de considerar y evaluar técnicamente los aportes de diversos actores, como la academia, sociedad civil, autoridades regionales y locales, y pueblos originarios, que promuevan la conservación de la biodiversidad y el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Señalan que estos deben analizarse caso por caso, con sustento técnico y legal, aplicando criterios de razonabilidad y orientados a una gestión efectiva e integral de los ecosistemas.
*Accede al pronunciamiento de la SPDA aquí.
