El Perú inicia erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en la zona del Putumayo, en la frontera con Colombia. El Ministerio del Interior lleva a cabo esta acción por primera vez a través del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah).
Desde el último martes, los trabajadores del Corah, junto a las unidades élites de la Policía Nacional y el acompañamiento de la Fiscalía Especial de Tráfico Ilícito de Drogas, intervinieron en el sector Bellavista. Allí iniciaron sus labores con la erradicación de una hectárea de cultivos ilegales. Ello representa el primer paso en el proceso de erradicación en dicha zona de frontera.
Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, adelantó hace unos días el inicio de estos trabajos como parte de la intensificación de las acciones del Ejecutivo contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que buscan expandirse a nuevos territorios del país.
Hasta antes de la mencionada intervención, los trabajos de erradicación desde inicio de 2023, estaban focalizados en tres ejes operacionales: Callería (Ucayali), Constitución (Pasco y Huánuco) y Santa Lucía (San Martín).
En esta primera operación en el Putumayo los plantones de coca tenían una altura de hasta 2.50 metros, eran muy frondosos y estaban listos para ser cosechados en los próximos 20 días. Así lo reporta el informe de erradicación realizado.
En el operativo de erradicación se intervino una vivienda rústica en una esquina de la parcela de coca. En su interior se encontró insumos químicos y materiales para el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Entre ellos una compresora usada para la fumigación de plantas, la mejora del crecimiento y el control de plagas, y una motoguadaña moderna.
Avances en meta anual de erradicación
El Corah ha erradicado 12 116.95 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca en trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú. La cifra toma en cuenta la ampliación de labores en el Putumayo.
Esta reducción del espacio cocalero evitó la producción de más de 113 toneladas de clorhidrato de cocaína. Además, representa un avance de más del 60 % de la nueva meta anual de 25 mil hectáreas.
Como parte del trabajo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada, el proyecto Corah interveno 6502 parcelas de hoja de coca ilegal y destruyó ocho laboratorios rústicos para elaboración de droga.
Los trabajos seguirán realizándose en lo que resta del año como parte del “Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal: Promoviendo la Sostenibilidad Ambiental y Social en el Perú 2023”, aprobado por el Mininter, en el marco de la “Política Nacional contra las Drogas al 2030”, informó dicho ministerio.
Varias entidades entregan ayuda humanitaria a comunidades indígenas de Yurua, en la región Ucayali. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y las fuerzas armadas realizaron esta labor a favor de 27 comunidades nativas del distrito de Yurua, en la provincia de Atalaya.
El objetivo de esta acción fue la de contribuir con el bienestar y mejora de la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las áreas naturales protegidas.
Se hizo traslado de 3.2 toneladas de donaciones entre alimentos, arroz fortificado, medicinas, ropa y artículos de higiene. Todo ello en beneficio de las 21 comunidades nativas establecidas en este distrito que alberga a un aproximado de 1975 personas.
Al respecto, José Carlos Nieto, jefe del Sernanp, mencionó que es importante que las poblaciones locales aledañas a las Áreas Protegidas se desarrollen de forma sostenible sin perder su cultura, ya que las comunidades nativas son aliadas en la conservación de las joyas de la biodiversidad. Además, expresó su profundo agradecimiento a las fuerzas armadas por el traslado de estos alimentos.
Cerca del 98% de la población del distrito de Yurua pertenece a etnias indígenas como Ashaninka, Yaminahua, Yánesha, Asheninka, Amahuaca y el pueblo en contacto inicial Chitonahua. Todas ellas habitan cercan a la Reserva Indígena Murunahua.
El apoyo brindado se hizo en coordinación con la FAP, Camino de Vida y DAS Perú. Este consistió en el traslado de donativos con dos vuelos en helicóptero desde Pucallpa a Breu, capital del distrito. Allí el personal de la Jefatura del Parque Nacional Alto Purús hizo la entrega a los pobladores de las comunidades nativas, en coordinación con el alcalde distrital de Yurua, Manuel Arévalo.
De este modo se dio apoyo a este distrito que enfrenta una crisis sanitaria. Actualmente es uno de los sitios más vulnerables donde el cierre de las brechas sociales es prioritario. De esta manera se apoya a las comunidades impactando directamente en su salud y nutrición.
Datos
Yurua es el cuarto distrito de la provincia de Atalaya en la región Ucayali, frontera con Brasil. Está en zona colindante al Parque Nacional Alto Purús, la Concesión de Conservación y de la Reserva Indígena Murunahua.
El Ministerio del Ambiente, a través del Sernanp, tiene presencia permanente la zona y promueve un trabajo articulado con las comunidades nativas. Esto a través del desarrollo de actividades de vigilancia y control, así como iniciativas de manejo sostenible de recursos naturales. Esto se desarrolla en colaboración con DAS Perú para fortalecer acciones de conservación y de bienestar de la población.
SAN MARTÍN. Desde la comunidad nativa kichwa Túpac Amaru, ubicada en el distrito Chazuta, provincia y región San Martín, Marisol García Apagüeño, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), expuso una de las problemáticas más críticas que enfrentan las comunidades de la zona del Bajo Huallaga: el conflicto por la posesión de sus territorios ancestrales. Esta situación ―que obstruye el derecho de titulación territorial indígena― involucra a entidades del Estado, principalmente, al Ministerio del Ambiente (Minam) y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito a dicha cartera gubernamental.
La líder indígena señaló a Inforegión que cuando se crearon las áreas naturales protegidas (ANP), como el Parque Nacional Cordillera Azul (Pncaz), en 2001, y el Área de Conservación Regional ‘Cordillera Escalera’ (ACR-CE), en 2005, fueron despojados de sus tierras, por lo que mantienen “una lucha histórica” de más de 20 años para poder recuperarlas.
El Área de conservación regional Cordillera Escalera (ACR-CE) se encuentra localizada dentro de cuatro distritos de la provincia de Lamas y de cinco de la provincia de san Martín, en la región San Martín. Tiene una extensión de 149 870 hectáreas. / Foto: Minam.
En esa línea, precisó que sus demandas principales son la titulación de sus territorios ancestrales, incluso, sobre los que se superponen con una de las ANP mencionadas;y la participación en la distribución de los beneficios producidos por las acciones de conservación de sus propios bosques.
«El pueblo kichwa y las demás comunidades del Bajo Huallaga exigimos la titulación de nuestros territorios. Al convertir tierras ancestrales en ANP, el Estado nos quitó territorio y fuimos desplazados. Ahora dice que nos titulará las zonas de amortiguamiento, unas 150, 200 o 300 hectáreas, cuando la demarcación desde un inicio se hizo sin consultarnos. El Estado fue el que decidió de dónde a dónde son las denominadas áreas de amortiguamiento y de dónde a dónde ya no podemos practicar nuestras actividades ancestrales», cuestionó.
Marisol Garcia Apagueño, presidenta de la Fepikecha. (Foto: Marisol Aguirre).
¿Qué establecen algunas normas?
La Constitución, en su artículo 68, indica que “el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. Asimismo, el apartado 50.2 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas dispone que en los parques nacionales “está prohibido el asentamiento de nuevos grupos humanos y el aprovechamiento de los recursos naturales”.
En el mismo documento, específicamente, en el numeral 89.1, se regula sobre los derechos adquiridos previos al establecimiento de las ANP, tales como el derecho de propiedad o el derecho de posesión. De este modo, se estipula que el Estado reconoce la propiedad y posesión de las comunidades campesinas o nativas que habitan en las ANP con anterioridad al establecimiento de estas zonas de protección.
En tanto, la Ley de Áreas Naturales Protegidas (N° 26834), en su artículo 4, señala que las ANP, «[…] son de dominio público y no podrán ser adjudicadas en propiedad a los particulares«. Y, el Decreto Supremo que establece el ACR-CElimita el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, pues, las actividades deben ser definidas por el plan de manejo de la ACR o compatibles con los objetivos de la misma.
El Parque Nacional Cordillera Azul (Pncaz) se ubica en las provincias de las regiones San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Tiene una extensión de 1 353 190,85 hectáreas. / Foto: Sernanp.
Pueblos indígenas u originarios son preexistentes a las ANP
Al respecto, la presidenta de Fepikecha sostuvo que no es responsabilidad de las comunidades que no hayan sido reconocidas oportunamente, sino del Ejecutivo y del Legislativo, y esto no implica que les quiten sus derechos. Además, refirió, que las comunidades indígenas existen desde mucho antes del establecimiento de las ANP. Con ese tipo de normas, dijo, solo buscan seguir excluyendo a las poblaciones indígenas del Bajo Huallaga.
En efecto, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el reconocimiento preexistente de un pueblo indígena y precisa que éstos son propietarios y poseedores de los territorios que han ocupado tradicionalmente. Esto debe tenerse en cuenta para cualquier regulación referente a los casos de superposición de las ANP con territorios indígenas. El Convenio 169 tiene el mismo rango de la Constitución y es de obligatorio cumplimiento desde 1995.
Para Marisol García, la falta de titularidad de sus tierras impacta en la soberanía y la gobernanza de los pueblos, así como en el principio del buen vivir que practican muchas culturas originarias, dejando en indefensión a las y los dirigentes y defensores indígenas ante actividades ilícitas. En los últimos años, más 31 defensores y defensoras ambientales han sido asesinados, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). A esto se suma la crisis climática, situación que ha sido advertida por la Organización de las Naciones Unidas, la cual comunicó que ya comenzó la ‘era de la ebullición global’.
Las comunidades kichwa del Bajo Huallaga que colindan con las ANP Parque Nacional Cordillera Azul y el AC-Cordillera Escalera exigen la titulación de sus territorios ancestrales. / Foto: Difusión.
Contratos de cesión en uso
En 2022, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) publicó una resolución que reconoce el derecho de las comunidades nativas de demarcar sus territorios ancestrales al interior de las ANP, siempre que respeten la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento. En esa misma dirección, años antes, en 2019, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín aprobó una directiva para otorgar contratos de cesión en uso y se pueda desarrollar actividades al interior de las ACR, como la ACR-Cordillera Escalera.
Sin embargo, según denunció Marisol García, el Sernanp y la y la Jefatura del ACR-CE ni siquiera quieren acceder a eso y siguen poniendo trabas para aplicar la resolución del Midagri. Añadió que “el territorio real de cada comunidad es de 1000, 5000, 10 000 hectáreas”, que ellos han estado cuidando y defendiendo. “Todo el pueblo pide que se le devuelva su territorio y no importa, dilatan el tiempo en los proyectos de titulación, pero si vienen dos, tres personas, o una asociación pidiendo concesionar 20 000 o 40 000 hectáreas, ahí sí los entregan”, advirtió.
Durante las fiestas jubilares por el 491° aniversario de Piura, el concejo provincial aprobó ―entre otras medidas― la vacancia del cargo de cinco regidores de minoría, al considerar que vulneraron su rol fiscalizador y se atribuyeron funciones administrativas que no les corresponden.
Se trata de los siguientes regidores, que denunciaron abuso de poder por la decisión adoptada en el pleno y anunciaron que interpondrán recurso de reconsideración ante el Jurado Nacional de Elecciones:
Carla Guiliana Nima Sandoval
Ricardo Javier Acuña Carrasco
Sergio Omar Valladolid Saavedra
Daniel Alonso Verástegui Urbina
Martín Gerardo Olivares Chanduví,
La solicitud de vacancia fue presentada por el abogado Francisco Andrés Núñez Vilela, sobre la base de tres supuestos que vulneran la Ley Orgánica de Municipalidades.
Los regidores solicitaron al alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, la suscripción de un convenio interinstitucional con la Junta de Usuarios Sector Hidráulico Menor Medio y Bajo Piura.
Ordenaron a la Secretaría General de la Municipalidad de Piura solicitar a la Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Tambogrande información sobre la situación contractual de una servidora municipal.
Solicitaron a la Gerencia Municipal, al jefe de la Oficina de Personal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Desarrollo un informe sobre las razones técnicas sustentadas de la rotación de una servidora municipal.
Según lo expuesto por el abogado Núñez Vilela, el pedido de vacancia se basa en que los cinco regidors transgredieron el artículo 11 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Dicha norma detalla que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción.
Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor, dice el documento. Tras la sustentación de la solicitud de la vacancia, uno a uno los regidores emitieron su voto que concluyó con una decisión mayoritaria de vacar de los regidores antes mencionados.
En respuesta, el concejal Ricardo Acuña sostuvo que evalúan acciones legales ante el máximo ente electoral para solicitar la reconsideración de lo actuado en la sesión de concejo.
“Se ha vulnerado totalmente nuestro derecho al debido procedimiento y a la defensa, no se nos dejó votar ni argumentar el voto», afirmó.
Lee la nota original aquí o visita Pirhua, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
El 70% del agua potable que consumen los habitantes de Lima y Callao proviene de la laguna de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli-La Oroya, en la región Junín. Sin embargo, los pobladores de este distrito y sus comunidades solo beben agua no potable, reclamó el alcalde de esta municipalidad, Marco Antonio Garay Meza.
La autoridad explicó que el agua que beben los comuneros proviene de manantiales de cada uno de los seis pueblos que conforman el distrito, pero no está potabilizada. Tras muchos años de olvido, su gestión viene elaborando el expediente técnico para el servicio de agua potable y desagüede su distrito.
El gerente de servicios públicos y del ambiente del municipio, Betuel Egoávil, precisó que ante la falta de agua potable y desagüe de Marcapomacocha, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ofreció apoyarles con la instalación del sistema de agua potable y alcantatillado, pero nunca cumplió.
El burgomaestre anunció, asimismo, que en un mes comenzará a sembrar mil queñuales en las fajas marginales de las lagunas y los ríos, cabeceras de cuenca y zonas altas de su distrito para hacer frente al descenso de las aguas de las lagunas de la zona que abastecen a Lima, por la sequía que trae el fenómeno El Ñiño.
El burgomaestre adelantó que también está estudiando la declaratoria en emergencia a estas fuentes de agua en su distrito.
«A una altura de 4400 metros sobre el nivel del mar, no se pueden sembrar eucaliptos ni pinos; la única especie adaptable, resistente a las temperaturas de hasta más de diez grados bajo cero y que almacena grandes cantidades de agua, son los queñuales. Por ello sembraremos esta planta nativa en el distrito capital», explica Garay Meza.
La ausencia de lluvias ha generado un descenso en los niveles de las lagunas que abastecen de agua en un 70% a Lima y Callao, pero hasta la fecha ningún representante de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), se ha comunicado, dice el edil.
Por su parte, la fiscal de la comunidad, Vilma Salazar Astudillo, también expresa su malestar. Detalla que no solo han disminuido las aguas de la laguna Marcapomacocha, sino de las 48 pequeñas lagunas que desembocan en esta y Antacoto, fenómeno que ocurre desde el año pasado, detalla.
“La comunidad está trabajando con técnicos para mejorar el desembalse de las aguas ante la indiferencia de Sedapal, principales beneficiarios de nuestras aguas, mientras nosotros nos perjudicamos y ni canon recibe nuestra comunidad”, denunció Salazar Astudillo.
No recibe canon hídrico
Pese a que la laguna de Marcapomacocha es la principal fuente del agua que consumen Lima y Callao, el alcalde precisó que su municipio no recibe ninguna retribución económica; no recibe canon hídrico.
La primera semana de julio el cardenal Pedro Barreto demandó al Estado peruano ser justos con Marcapomacocha y exigió el canon justo que les corresponde para este distrito que hace mucho brinda agua a la capital.
“¡Agua, sí! ¡Mina, no!”
Además del descenso de las aguas de las lagunas, hay otro tema que sigue preocupando a Marcapomacocha, la presencia de proyectos mineros en la zona como el proyecto minero Ariana que se iba construir en medio de las lagunas.
El alcalde Marco Garay Meza fue tajante al afirmar que ante cualquier proyecto minero que amenace las aguas, la flora y fauna, el ambiente, es su prioridad el agua pronunciándose:» ¡Agua, sí! ¡Mina, no!»
Del 6 al 8 de octubre, los comuneros de Marcapomacocha y la municipalidad presentarán en el campo ferial de Yauris los mejores ejemplares de llamas y productos derivados de su lana y su carne baja en grasas, en un festival que retomará después de los años de la panemia.
Lee la nota original aquí o visita HYTIMES.PE, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
La falta de lluvias en el altiplano puneño ha ocasionado una disminución en el nivel de agua del Lago Titicaca, afectando con ello los ingresos económicos de más de 700 familias, que en su mayoría se dedican a la actividad turística.
El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Puno, Sixto Flores Sancho, indicó que el nivel de agua del lago ha disminuido en 44 centímetros, ello desde septiembre de 2022, donde en la región Puno se vive una fuerte sequía.
A raíz de ello, el Titicaca alcanzó un nivel promedio mensual de 3808 metros cúbicos en junio de este año, el más bajo desde 1948, y continúa disminuyendo.
Flores Sancho, estimó que a fin de año el nivel del agua del lago podría bajar un metro aproximadamente, comparándose con el año 1996, donde llegó a 3808 metros sobre el nivel del mar.
Esta situación representa un gran perjuicio en la economía de cientos de familias de las Islas Flotantes de los Uros, pues actividades como el turismo, pesca, caza de aves y la recolección de huevos se han visto paralizadas, con ello 720 familias se han quedado sin ingresos.
Refirió que ello también afecta la actividad turística, pues en el Puerto Muelle ya no hay acceso para que los visitantes se trasladen hacia la isla de Los Uros, por lo que sus embarcaciones quedaron varadas, ya que el nivel del riachuelo que conduce a las islas solo ha alcanzado 70 centímetros, por lo que no pueden desplazarse libremente como antes.
Debido a ello, se han visto obligados a usar pequeñas lanchas a remo y con motor, las mismas que se traban por la presencia de algas en el lago y la poca profundidad del río.
Ante esto, los pobladores solicitan a las autoridades competentes ayuda inmediata para la limpieza y descolmatación del pequeño riachuelo y así continuar navegando hasta las islas, de modo que no se repita la situación del centro poblado de Uros Chulluni, donde ya no hay agua y los lancheros no pueden embarcarse.
Lee la nota original aquí o visita El Objetivo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
La región Puno se ubica entre los tres primeros lugares en todo el país con el mayor número de víctimas de trata de personas, cifra que se viene elevando año tras año, según alertó el especialista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Puno, Edgar Velásquez.
El funcionario precisó que en el año 2020 se registró un total de 692 denuncias por este delito en todo el país, y la región Puno ocupó el tercer lugar, con 53 denuncias.
El escenario fue más crítico en el año 2021, donde se registró 917 denuncias en todo el país, de las cuales 75 correspondieron a Puno, que se ubicó solo por debajo de Lima y Arequipa, revelando la magnitud del problema.
“Este es un flagelo que tiene como víctimas principales a jóvenes o personas necesitadas que son engañadas con un trabajo con salarios altos o algún tipo de incentivo económico, que desencadena en el delito de trata de personas”, manifestó.
Por ello, recomendó a los padres de familia a conversar con sus hijos, recomendarles y orientarles sobre las modalidades de captación, que son principalmente por motivos de trabajo, a fin de que estas cifras puedan disminuir.
Lee la nota original aquí o visita El Objetivo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
El próximo 23 y 24 de setiembre, mujeres víctimas de violencia física podrán acceder a cirugías reconstructivas en el rostro de forma gratuita. La campaña es organizada por la ONG Cabani Salud en coordinación con la Municipalidad Provincial de Maynas.
“Los médicos les harán cirugía plástica totalmente gratuitaen el Hospital Regional de Loreto”, indicó Clauco Velásquez, presidente de la Comunidad Homosexual Esperanza Región Loreto (CHERL).
Existen dos lugares para recibir el formato de consentimiento de los hechos: uno es el área de Gestión de la Calidad del hospital regional y en la Demuna de Maynas. Los documentos serán evaluados por los especialistas.
Se tiene programado intervenir a 30 mujeres entre el sábado y el domingo. Las beneficiarias deben considerar ciertos requisitos, como que su cicatriz tenga un periodo de al menos seis meses y contar con SIS.
Para mayor información, pueden comunicarse al WhatsApp 932358096 o a los números 943879502 y 965800910.
Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Pro & Contra, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
En la región Huánuco culminan el “V Concurso de Cafés Especiales Valle de Monzón”. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) llevó adelante este certamen en conjunto con la Municipalidad Distrital de Monzón, Alianza Café, la Agencia Agraria de Leoncio Prado y Municipalidad de Leoncio Prado.
El encuentro contó con la participación de productores de cafés especiales del Valle del Monzón. En total se presentaron unas 28 muestras seleccionadas de productores promovidos por Devida.
Tras una rigurosa selección y los respectivos procesos de catación realizados por el panel de Q Grader, el equipo técnico de Devida y Alianza Café se determinaron a los ganadores en dos días de evaluación sensorial.
Clomalda Salvador Valverde fue la ganadora del primer puesto con una puntuación en taza de 87.55 con un café con notas a durazno, té de rosas y miel y en base de caramelo y mantequilla. Se trata de una verdadera obra maestra sensorial de la variedad geisha cultivada en la finca Oso Pampa a 1700 msnm en el caserío Macora, de la Cuenca del Valle del Monzón.
El segundo lugar fue para Primitivo Nolasco Caico con una puntuación en taza de 87.5. Este demostró que continúa esforzándose para conseguir el sabor y aroma ideal para el paladar de los expertos conocedores de café.
Demetrio Nolasco Caico alcanzó el tercer lugar con una puntuación de 85.2 en taza. Su producto mantiene un gran nivel y que puede competir con los mejores cafés de la región, consideró Devida.
El desarrollo del fenómeno del Niño es motivo de creciente preocupación en todo el mundo, debido a la incertidumbre que genera. En La Libertad, esta preocupación se intensifica debido al escaso progreso en las labores de prevención en distintas quebradas, lo que deja un panorama incierto frente a las próximas condiciones climáticas extremas.
Ante esta situación, Noticias Trujillo conversó con el biólogo y docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Carlos Alfredo Bocanegra García, quien advirtió sobre la inminencia de un devastador fenómeno del Niño con la posibilidad de lluvias de gran intensidad en la ciudad de Trujillo. Este fenómeno se debe a las elevadas temperaturas en el mar y en el ambiente.
Bocanegra García señaló que la temperatura actual está elevada, alcanzando los 24 °C, lo cual supera el máximo recomendado de 20 grados. Esto sugiere que si el mar está cálido, el ambiente lo mismo. Además, las consecuencias podrían ser incluso más graves que lo ocurrido en marzo pasado. En este contexto, se espera lluvias más intensas.
«El Niño no ha desaparecido, ha estado presente desde las lluvias ocurridas el pasado 10 marzo. El mar presenta una diferencia de temperatura de hasta 6 grados. Por tanto, el fenómeno persiste y, al terminar el invierno y comenzar la primavera-verano, las temperaturas aumentarán, lo que resultará en fuertes precipitaciones», precisó Bocanegra.
Lluvias de fuerte intensidad
Bocanegra advirtió que normalmente el periodo de lluvias abarca de octubre a marzo, pero debido a las circunstancias actuales del desarrollo del Fenómeno del Niño, se esperan lluvias intensas. Según el pronóstico, se anticipa que estas lluvias se presenten a partir de septiembre.
«El periodo de lluvias suele ser de octubre a marzo. Sin embargo, dado el pleno desarrollo del Fenómeno del Niño, que ya es complicado por sí mismo, las precipitaciones serán torrenciales. De acuerdo al pronóstico, se estima que a partir de septiembre comenzarán las lluvias», explicó.
Obras inconclusas podrían agravar la situación
El especialista advirtió que las lluvias podrían ser aun peores que las del pasado 10 de marzo, y la falta de conclusión en los trabajos en las quebradas podría exacerbar la situación en caso de un desastre.
«Esto puede generar una amenaza mayor. Lamentablemente, los informes de Contraloría, del colegio de Ingenieros y de los congresistas que visitaron las quebradas indican que los trabajos están inconclusos e incompletos. Además, están amontonando piedras, lo cual es altamente peligroso», enfatizó.
Además, añadió: «Entonces, el problema se complica porque anteriormente, con lo sucedido en marzo, ya nos asustó. ¿Se pueden imaginar la cantidad de lluvia y agua que ejercerá presión? Ya no va a fluir agua ni lodo por la quebrada San Idelfonso; en su lugar, arrastrará piedras sueltas».
Lee la nota completa aquí o visita Noticias Trujillo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
Como parte del trabajo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada, el proyecto Corah interveno 6502 parcelas de hoja de coca ilegal y destruyó ocho laboratorios rústicos para elaboración de droga.
