El excongresista Daniel Salaverry Villa fue acusado por el Ministerio Público de peculado por la presunta apropiación de casi 10 mil soles que le fueron asignados entre el 2017 y 2018 para cubrir sus gastos de las semanas de representación en La Libertad cuando era congresista.
El fiscal Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, solicita 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Según la acusación fiscal, Salaverry no cumplió con sus actividades de representación en su región, La Libertad, entre los meses de noviembre y diciembre del 2017, así como en enero, febrero y marzo de 2018, y no devolvió el dinero asignado, que asciende a un total de S/ 10,080.
Además, se le acusa de favorecer a cuatro trabajadores de su despacho con los viáticos asignados. En este caso, el despacho del fiscal Uriel Terán calcula que se llegó a un perjuicio total de S/ 9.537.80 entre enero del 2017 y marzo del 2018.
La acusación fiscal se basa en las pruebas y testimonios recogidos por la Fiscalía, entre las que se encuentran informes del Congreso, fotografías y testimonios de testigos.
Salaverry ha negado las acusaciones y ha asegurado que es una «denuncia absurda». El caso será evaluado por el juez Juan Carlos Checkley, quien dirigirá el control de acusación y determinará si el caso merece pasar a juicio en la Corte Suprema.
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En una operación policial, Bolivia logró decomisar más de 22 millones y medio de cigarrillos de procedencia ilegal de Paraguay, que tenían como destino final el sur de Perú. Este importante golpe al contrabando tuvo lugar en una hacienda ubicada en la provincia Cordillera, en la región Santa Cruz de Bolivia.
El decomiso de la mercancía adquiere una dimensión significativa en términos económicos, ya que su ingreso a Perú habría ocasionado un perjuicio considerable en forma de impuestos y aranceles no pagados.
Según funcionarios de la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando de Bolivia, el valor de este cargamento de contrabando asciende a casi 2 millones de pesos bolivianos, equivalente a más de 1 millón de soles.
La operación policial fue resultado de la colaboración entre la Fiscalía Departamental, la Aduana Nacional, el viceministerio de Lucha contra el Contrabando de Bolivia, así como fuerzas policiales y militares. La incursión en una finca en la localidad de Cuevo reveló tres camiones cargados hasta el tope con cajetillas de cigarrillos ilegales de origen paraguayo.
José Luis Mollinedo, gerente Regional de la Aduana de Santa Cruz, explicó que las cajetillas carecían de los timbres necesarios para certificar una importación legal desde Paraguay. Entre las marcas de cigarrillos decomisadas, la más destacada es Golden Beach, con un total de 509 mil 505 cajetillas. Precisamente, esta marca es una de las que mayor presencia tiene en el mercado peruano a través del contrabando, según datos de Kantar World Panel.
Además de Golden Beach, se incautaron cajetillas de otras marcas,
Fox 249 mil cajetillas
Carnival 238 mil 500 cajetillas
American Blend 68 mil 400 cajetillas
Carlyle 61 mil 200 cajetillas
La ruta del contrabando desde Bolivia a Perú
El decomiso habla del papel crucial que sigue teniendo Bolivia como punto de conexión en la red de contrabando de cigarrillos, con destino final en países como Perú y Chile.
Un estudio de la consultora internacional Euromonitor señala que la geografía, la falta de controles y los precios competitivos en comparación con los países vecinos han convertido a Bolivia en un país clave y principal centro de operaciones para el transporte de grandes volúmenes de cigarrillos hacia naciones fronterizas.
La ruta del contrabando de tabaco atraviesa todo el territorio boliviano, desde el sudeste del departamento de Santa Cruz, en la frontera con Paraguay, hasta la carretera Boyuybe – Charagua – El Espino.
Los contrabandistas utilizan diversas rutas para llegar a la frontera occidental y, de manera ilegal, ingresar tanto a Chile como a Perú a través de más de 200 pasos no habilitados en la frontera con estos países.
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El distrito huanuqueño de Monzón rindió homenaje a las personas desaparecidas por la violencia política entre los años 1980 – 2000. Así lo hizo en ceremonia realizada hoy que contó con la presencia de autoridades distritales, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), organizaciones de familiares víctimas de personas desaparecidas, etc.
En el homenaje se recordó que se cumplen 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Además, de que ayer fue el ‘Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas’.
A su turno, Ethel Mendoza, gerente general de la Municipalidad Distrital de Monzón, recordó que esta localidad fue un distrito “fuertemente golpeado” por la violencia política. Añadió que, luego de 35 años hay ciudadanos que no han recibido una respuesta del Estado sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Se espera que las entidades involucradas propongan soluciones y unifiquen esfuerzos para aclarar desapariciones en el Monzón, sostuvo.
Foto: Municipalidad Distrital de Monzón
En tanto, Rosalía Sofía Storck, coordinadora regional de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Minjusdh, dijo que “nuestro país vivió una cruenta violencia entre 1980 al 2000. Incluso en nuestra región se prolongó hasta el 2012”. Agregó que esto dejó muchas víctimas; además, la población sufre las secuelas de esa violencia. Remarcó que el Estado implementa las recomendaciones formuladas por la CVR.
Entre esas acciones está el registro único de víctimas. Citó que este se implementa en las comunidades afectadas para concretar reparaciones colectivas que se desarrollan en el Monzón. Precisó que el Estado tiene la responsabilidad de buscar a las víctimas y de dar una respuesta a sus deudos.
Por su parte, Delia Andrade, representante del colectivo impulsor para el seguimiento de las recomendaciones de la CVR reconoció al distrito de Monzón por las reparaciones a las víctimas que se desarrollan. Remarcó que después de Ayacucho, Huánuco fue la segunda región más afectada por la violencia.
Emma Sánchez, familiar de desaparecido, recordó que desde 1992 no sabe del paradero de su padre. Dijo que para la gente que busca a sus familiares “ha sido un camino largo aprender a vivir sin ellos”. Afirmó que viven entre la esperanza y la desesperanza de que algún día ese familiar pueda ser encontrado vivo. “Saber algún día qué les pasó nos ayudaría en algo”, afirmó.
Foto: Municipalidad Distrital de Monzón
Tras el desarrollo de estas intervenciones, los asistentes a la ceremonia acudieron a dejar un arreglo floral en el Símbolo de la Paz, situado en la Plaza de Armas de Monzón. El recorrido, en el marco de este homenaje, culminó a orillas del río Monzón.
LIMA. Durante una conferencia de prensa transmitida este jueves 31 de agosto, las viudas de tres de los cuatro líderes indígenas asháninka asesinados el 1 de setiembre de 2014, cerca de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, en compañía de la hija del cuarto defensor fallecido, expresaron su indignación en respuesta al reciente fallo que anuló la sentencia en primera instancia del caso Saweto. Dicha sentencia impuso una condena de 28 años y tres meses de prisión efectiva para los cinco acusados de haber cometido estos homicidios, entre ellos los madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta.
Julia Pérez, quien fuera esposa del dirigente y activista ambiental Edwin Chota, cuestionó que, tras nueve años de lucha, aun no logran obtener justicia para ella, su familia y toda su comunidad. Por el contrario, manifestó que pareciera que esta justicia solo está dirigida para beneficiar a aquellos que cometen delitos.
La exlideresa de la comunidad nativa asháninka Alto Tamaya-Saweto Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos Pérez, recordó que su esposo fue asesinado mientras luchaba por su territorio y por el futuro de sus hijos, denunciando las actividades de los taladores ilegales. Además, sostuvo que como pobres y como pueblo indígena no tienen derechos y no pueden alcanzar justicia, y, sin embargo, continuarán defendiendo y cuidando su comunidad, sus ríos y sus bosques, de los taladores que depredan y contaminan el ambiente.
Adelina Vargas, Lita Rojas, Julia Pérez y Ergilia Rengifo (en orden de izquierda a derecha), viudas de los líderes indígenas asesinados Francisco Pinedo, Leoncio Quintisima, Edwin Chota y Jorge Ríos. Adelina falecció en 2022. / Foto: Pablo Sánchez (Mongabay Latam).
Nueve años de lucha por justicia
El martes 29 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Ucayali, conformada por los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia, dispuso la realización de un nuevo juicio oral para el caso Saweto, lo que implica el reinicio del proceso.
La sentencia en primera instancia que condenó a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, señalados como los autores intelectuales; y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, junto con el brasileño Eurico Mapes Gómez, considerados los autores materiales; fue emitida el 27 de febrero de este año, luego de 8 meses de juicio oral.
Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, manifestó, durante su intervención en la conferencia de prensa, que se encuentra muy molesta por la justicia no alcanzada. “Mi esposo me ha dejado hace muchos años y con cuatro hijos pequeños. Estoy aquí para conseguir justicia, al igual que todas mis hermanas. Mis hijos sufren. ¿Quién piensa en nosotras, que nos hemos quedado viudas?”, declaró.
Foto: Aidesep.
En representación de su madre Adelina Vargas, quien fue la esposa de Francisco Pinedo y falleció en 2022; Lina Ruiz Santillán manifestó su rabia a causa de la decisión de los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali de anular la condena a los presuntos implicados en los asesinatos de su padre y de los otros dirigentes indígenas mencionados.
Ruiz Santillán se sumó a los pedidos de justicia para este caso y mencionó las carencias que hay en su comunidad: falta de agua y servicios básicos, y el derecho a la educación. “Me duele mucho. Tanto sufrimiento durante estos nueve años y los jueces no nos hicieron caso. […] Pero para los asesinos sí hay ‘justicia’”. Queremos justicia. Soy madre. […] Me duele que mis hermanos hayan crecido sin su padre, y ellos necesitan de su cariño, yo también. Mi padre no murió por gusto por luchar por nuestros bosques y por nuestro futuro”, señaló.
Jorge Pérez, presidente de Aidesep; Jamer López, presidente de Orau, y Lita Rojas (de izquierda a derecha) / Foto: Aidesep.
A su turno, el apu Jorge hizo un llamado al gobierno central para que garantice la protección de los líderes y defensores indígenas amenazados y asesinados. En ese sentido, se dirigió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate y señaló que “este es el momento para concretar acciones respecto a hacerse responsable de los deudos y los huérfanos”. Asimismo, indicó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) debe involucrarse, de manera inmediata, para que mientras se reinicia el proceso judicial apoye a las familias.
Por su parte, el apu Jamer dijo que el Estado Peruano debe comenzar a hablar de reparaciones colectivas, tanto para el caso Saweto como para otros similares, donde líderes indígenas amazónicos han sido asesinados, y que también están siendo judicializados.
«Este era un momento para abrir una ventana y demostrar que el Estado Peruano sí garantiza los derechos humanos. Sin embargo, el Estado ha retrocedido. Podemos decir que la actividad ilegal nos está ganando. La sentencia del caso Saweto iba a quedar como una jurisprudencia. Esperamos que pronto designen a los jueces para este nuevo juicio oral y que tengan una conducta intachable. No más corrupción en nuestros operadores de justicia«, comentó.
Representantes de 17 países que debatirán en Lima sobre problemática del agua potable. Los días 29 y 30 de noviembre se realizarán el XV Foro Iberoamericano de Regulación y la Asamblea Anual de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (Aderasa), respectivamente.
Estas actividades se organizan con el objetivo de compartir experiencias sobre los avances y desafíos en la implementación de políticas y estrategias relacionadas con el agua potable y el saneamiento. Se reunirán reguladores, expertos y profesionales de Iberoamérica y las Américas.
Cabe destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha otorgado carácter internacional al Foro y la Asamblea, en consonancia con la visión del Perú de asegurar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, reconociendo su papel fundamental en la salud pública, el crecimiento económico y la protección ambiental, entre otros aspectos cruciales.
Las actividades permitirán fortalecer las redes de colaboración entre reguladores, instituciones y otros actores involucrados en el sector del agua potable y saneamiento. El intercambio de ideas y buenas prácticas, así como el establecimiento de alianzas estratégicas, fomentan la cooperación regional y promueven la adopción de enfoques regulatorios más eficientes y efectivos.
Cabe citar que el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el actual presidente de Aderasa, organización compuesta por 17 países miembros. Estos son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Se busca impulsar el fortalecimiento, la interconexión y la mejora institucional de los organismos asociados mediante la coordinación y el intercambio.
La oficialización del XV Foro Iberoamericano de Regulación y la Asamblea Anual de Aderasa refuerza el compromiso de la región con la agenda global del agua, particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en especial el ODS 6 que aborda el acceso a agua limpia y saneamiento.
Un caso muy grave se ha detectado en la Unidad de Neonatología del Hospital Regional de Cusco, debido al reciente hallazgo de 15 frascos de medicamentos vencidos e incluso adulterados en la fecha que fueron inmovilizados por las autoridades sanitarias.
La representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz Córdova, consideró que se debe realizar una exhaustiva investigación y dar con los responsables directos de este hecho. Añadió que se maneja varias hipótesis sobre el origen de los fármacos vencidos y adulterados.
“Estamos hablando de la comisión de un delito. Por ello, hay que ver dónde está la responsabilidad de las compras y requerimientos de la dirección del hospital de acuerdo a la proyección que tienen”, señaló Santa Cruz.
La representante de la Defensoría dijo que vienen haciendo el seguimiento y las indagaciones del caso para emitir un informe. Recordó que se trata de tener fármacos para atender a la salud de la población, especialmente a los recién nacidos. Por ello, el fármaco detectado permanece inmovilizado para los análisis correspondientes.
Rosa Santa Cruz insistió en que el director ejecutivo del hospital debe tomar las medidas inmediatas para evitar que se repitan estos casos. También dijo que se debe realizar el registro correspondiente de los medicamentos vencidos y adulterados.
Medicamentos vencidos en Cusco: Temor entre los padres de familia
El hallazgo de medicamentos vencidos el hospital Regional de Cusco ha generado preocupación entre todos los usuarios. Algunos padres de familia han expresado su temor por la salud de sus hijos que han recibido atención en la unidad de neonatología. Otros han pedido una mayor fiscalización y transparencia en el manejo de los fármacos.
El hospital Regional de Cusco es uno de los principales centros asistenciales de la región. Atiende a miles de pacientes cada año, muchos de ellos procedentes de zonas rurales y alejadas.
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Por cuarto día consecutivo, personal de la Compañía de Bomberos, serenazgo y pobladores, continúan con los trabajos para extinguir el incendio forestal que se inició el último fin de semana en la comunidad Isivilla, distrito de Corani, provincia de Carabaya, en la región Puno. El siniestro deja hasta el momento una seria afectación a la flora y fauna silvestre.
Se trata de un incendio forestal de grandes proporciones que se encuentra activo desde hace cuatro días. Con la finalidad de extinguirlo, el personal de emergencias dividió los trabajos en dos grupos.
El primero acudió por el sector cordillera del cerro Humpiri y el segundo, por el sector Accopampa, margen de la vía interoceánica.
“La situación es crítica por los fuertes vientos que no hacen posible sofocar el fuego y los accesos accidentados de la zona no ayudan en los trabajos que se vienen realizando”, señalaron desde la brigada de rescate.
Asimismo, desde la comuna provincial de Carabaya hicieron un llamado al Gobierno Regional de Puno, a la Subgerencia de Gestión de Riesgo y desastres y al Centro de Operaciones de Emergencia Regional, a fin de que acudan a esta emergencia, dado que, los niveles distrital y provincial sobrepasaron la capacidad de respuesta.
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JUNÍN. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Dgbpd), realizó este 29 de agosto en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín, la feria informativa y de toma de muestras biológicas “Te seguimos buscando”, con el objetivo de acercar los servicios de este sector a los familiares de las víctimas de la región del periodo de violencia ocurrido entre 1980 y 2000.
La feria se organizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en la explanada del Lugar de la Memoria de Junín “Yalpana Wasi”, donde los familiares pudieron acceder a los distintos servicios que brinda el Minjusdh, como inscribirse en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade), registro a cargo de la Dgbpd. Asimismo, familiares de los desaparecidos participaron de la toma de muestras biológicas, de la cual se obtendrán los perfiles genéticos que se guardarán en el Banco de Datos Genéticos con fines de identificación.
Asimismo, la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) brindaron sus servicios al público que se acercó en gran número a dicha feria, esta última dando información sobre el sistema de reparaciones a su cargo.
De forma simultánea, el Minjusdh también participó en un acto protocolar en homenaje a los desaparecidos de esta región, el cual se llevó a cabo en el auditorio del Lugar de la Memoria “Yalpana Wasi”, en compañía de familiares. En esta ceremonia fueron develadas las fotografías de tres personas integrantes del caso Paccha y dos retratos de desaparecidos en Alto Paureli.
Por la tarde, en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), se realizó el foro: “La búsqueda humanitaria en la región Junín, en el marco de la Ley n.° 30470: El caso Huancayo Urbano”.
También la Dgbpd participó con el Grupo de Trabajo de apoyo de víctimas de la región, integrado entre otras entidades como el Ministerio Público y la Pastoral Social de Dignidad Humana (Passdih) del Arzobispado de Huancayo, el gobierno regional de Junín, además del apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El empresario Marlon Aguirre no quiere dejar el cargo de presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo y mandó a encadenar las puertas para evitar el ingreso de un grupo de agremiados que buscan restablecer el orden, tal como ordenó el Juzgado Constitucional Permenente de Huancayo.
“No estamos atrincherados ni encerrados, ni tenemos matones en el local de la Cámara de Comercio. Estamos en remodelación por los días feriados”, declaró Marlon Aguirre a Huanca York Times.
En su resolución, la jueza constitucional Doris Cajincho ordenó a Marlon Aguirre que entregue su cargo al presidente del Consejo Transitorio Complementario, Víctor Jesús Valderrama Romero, quien no pudo ingresar y solo constató las puertas cerradas.
Valderrama calificó dicha actitud como una “estrategia y una argucia dilatoria a la que Aguirre está acostumbrado para no cumplir con la Ley”.
Marlon Aguirre amenazó «con volver si a la prepo lo sacan» de la Cámara de Comercio. Agregó que entregará su cargo a personas que «respetan el ordenamiento jurídico».
Aguirre agregó que el mismo día que fue notificado de la resolución judicial, apeló y mientras no haya un pronunciamiento definitivo no está obligado a entregar su cargo ni el local de la Cámara de Comercio.
“Es una leguleyada. Una apelación no detiene ni bloquea una orden del juez”, señala por su parte, Víctor Valderrama.
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HUÁNUCO. El oso de anteojos se encuentra en riesgo debido a la ampliación de la frontera agrícola en la región Huánuco. Así lo denunciaron los integrantes del Colectivo Ambiental Región Huánuco.
Advirtieron que la ampliación de la frontera agrícola en la zona del distrito de San Pablo de Pillao, en la provincia de Huánuco, estaría poniendo en peligro al oso de anteojos el cual está considerado una especie representativa del ACR Bosque Montano de Carpish.
“Señores autoridades, hagan respetar las normas. No se debe de permitir hacer agricultura en territorios con capacidad forestal, además de exterminar la biodiversidad el cual pone en riego el recurso agua, porque los bosques producen agua”, consideró el ambientalista Alfredo Ciro Cornelio.
Sobre el asunto se aguarda la pronta intervención de las autoridades regionales en espacios naturales importantes como este, ya que es el hábitat del “ukumari”, nombre en quechua de este animal.
Cabe recordar que según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el oso de anteojos está en peligro de extinción, en la categoría “vulnerable”.
ACR Bosque Montano de Carpish
Datos:
El oso de anteojos es considerada como especie clave para el ecosistema y la biodiversidad del ACR Bosque Montano de Carpish. Esta área natural protegida tiene 50 559.21 hectáreas de extensión.
Entre las mayores amenazas que enfrenta están la pérdida y fragmentación de su hábitat por la deforestación y la expansión de actividades económicas; así como por su captura ilegal para la comercialización de partes de su cuerpo.
