UCAYALI. El abogado de las viudas de los cuatro dirigentes asháninkas asesinados, en setiembre de 2014, por denunciar actividades de tala ilegal en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la Amazonía peruana, Alberto Yusen Caraza, explicó a Inforegión que a raíz de la resolución de nulidad de la sentencia condenatoria en primera instancia a los cinco presuntos responsables del cuádruple asesinato, “todo debe regresar a un nuevo juicio oral en primera instancia”. Esto significa, comenzar el proceso desde cero una vez más.

«La decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Ucayali que declara nula la condena de 28 años y tres meses de cárcel efectiva que el Juzgado Penal Colegiado Permanente impuso a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, hallados culpables de instigar el delito de homicidio calificado, nos deja un sabor de indignación. Han pasado nueve años y no podemos acceder a una justicia real, efectiva, de una sentencia firme«, señaló en conversación con este medio.

Camino largo por la búsqueda de justicia

Yusen Caraza representa a las viudas de los líderes indígenas asesinados (Jorge Ríos Pérez, Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez). Desde el 2014, Ergilia Rengifo López, Julia Pérez Gonzáles, Lita Rojas Pinedo y Adelina Vargas Santillán emprendieron un camino en busca de justicia. Lamentablemente, en julio de 2022, Adelina Vargas falleció sin haber obtenido justicia para su esposo Francisco Pinedo, y, en su lugar, esta lucha ha sido asumida por su hija Lina Ruiz Santillán.

Según relató el abogado, el juicio oral en primera instancia inició el 20 de junio de 2022 y culminó casi ocho meses después, con la lectura de la sentencia, el 27 de febrero de 2023, que dictó 28 años y tres meses de cárcel efectiva a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, investigados como instigadores del delito de homicidio calificado en agravio de los cuatro líderes asháninkas. En esa oportunidad, el fallo también alcanzó al brasileño Eurico Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes sindicados como autores materiales del crimen.

Acusados permanecen en libertad

Este martes 29 de agosto, las familias de Ríos, Chota, Quintisima y Pinedo aguardaban la ratificación de la sentencia en primera instancia, un paso que los acercaba a la obtención de una sentencia firme. Sin embargo, la decisión de los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia fue volver a foja cero, lo que generó una sensación de impunidad entre las familias deudas y la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, así como en diversas organizaciones indígenas y la sociedad civil.

«Esperemos que este nuevo juicio oral no sea tan dilatado. Las viudas están un poco agotadas de este largo caminar, pero no significa que ellas van a permitir que la matanza de sus esposos quede impune. Ellas van a seguir luchando. En tanto, los acusados permanecerán en libertad. De hecho, durante el proceso anterior estuvieron libres. La sentencia del 29 de agosto le dice a las y los líderes indígenas y defensores de derechos humanos, que denuncia a los ilegales, sean taladores o mineros, que en el Estado no encontrarán justicia. Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía no han realizado su trabajo como debe ser», afirmó.

Errores fiscales y jurisdiccionales en caso Saweto

Yusen Caraza indicó, además, que “existieron responsabilidades fiscales y jurisdiccionales en el proceso en primera instancia”, lo cual dio argumentos para que la Sala Penal de Apelaciones anule la primera sentencia.  Entre estas acciones que afectaron el proceso, detalló el abogado, figuran la incorporación irregular de un testigo protegido y la ausencia del fiscal en algunas audiencias, en las que solo estaba presente su adjunto.

Por otro lado, destacó que, para su decisión, los jueces se basaron en la existencia de una “motivación aparente”, es decir, según este colegiado, no se demostró una motivación clara o evidente de los investigados en el caso Saweto. Asimismo, no estuvieron conformes con la valoración de pruebas realizada por la Sala en primera instancia ni con la estructura de las pruebas por indicios presentadas por la Fiscalía.  

«En el caso Saweto, la acusación realizada por la Fiscalía está construida a pruebas por indicios. ¿Qué significa ello? Que no hay prueba directa con la que se pueda incriminar a los cinco acusados, debido a que el crímen se cometió en una zona lejana de la Amazonía, cerca de la frontera con Brasil. Tanto la acusación fiscal como la sentencia en primera instancia deben trabajarse y realizarse bajo el artículo 158 del Código Procesal Penal, relativo a la prueba por indicios. Vamos a pedir a la Fiscalía que corrija sus errores y que incorpore, válidamente, al nuevo juicio oral a los testigos con los que no se pudo contar. No podemos tener este tipo de inconvenientes», expresó el abogado.

El 1 de setiembre de 2014, hace exactamente nueve años, los líderes indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, fueron asesinados cerca de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ubicada en el distrito Masisea, provincia Coronel Portillo, en Ucayali; cuando se dirigían a una reunión con sus colegas de Brasil. Las víctimas recibieron disparos de perdigones y, además, sufrieron la mutilación de sus cuerpos. Los cuatro indígenas asháninkas eran reconocidos por defender su territorio, buscar su titulación y porque habían denunciado la invasión de madereros ilegales.