El Perú ha mostrado avances en su desarrollo humano entre 2017 y 2024, destacando una recuperación parcial tras el impacto de la pandemia de 2020. Sin embargo, según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), persisten serias brechas sociales y territoriales que requieren una gobernabilidad más sólida y equitativa para consolidar estos logros.
El informe titulado «Actuar, confiar y conectar caminos: El valor de la acción conjunta para el desarrollo sostenible» subraya que, para lograr avances más rápidos y sostenibles, el país debe fortalecer la relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado, así como reducir las desigualdades que aún afectan a gran parte de la población.
Recuperación parcial del Índice de Desarrollo Humano
En el ámbito del desarrollo humano, el Perú logró un incremento del 2.1% en su Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre 2017 y 2024, alcanzando un valor de 0.662. Este crecimiento es especialmente relevante después de una caída del 7.6% durante la pandemia. Sin embargo, el país aún no ha logrado recuperar los niveles alcanzados en 2019 (0.668).
La esperanza de vida al nacer aumentó un 6.4% en este periodo, y el acceso a la educación mejoró en un 3.8%. A pesar de estos avances, los ingresos per cápita promedio de los hogares aún no han vuelto a los valores prepandemia. Las diferencias regionales son notorias, con las regiones de Lima, Moquegua, Arequipa, El Callao e Ica destacándose por sus altos valores del IDH, mientras que departamentos como Huánuco, Puno, Cajamarca, Huancavelica y Amazonas continúan con los valores más bajos.
Desigualdad, un obstáculo para el progreso
El informe también recalca la persistente desigualdad en el país. El Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad (IDH-D) muestra que la desigualdad redujo el valor del IDH en un 18.07% en 2024, apenas una leve diferencia con respecto al 17.98% registrado en 2017. Las regiones más afectadas por la desigualdad son Huánuco, Ayacucho, Ancash, Puno, Cajamarca y Cusco, mientras que Lima, El Callao, Ucayali e Ica presentan menores niveles de desigualdad.
En cuanto a la equidad de género, el Índice de Desarrollo de Género (IDH-G) mostró una ligera mejora entre 2017 y 2024, pasando de 0.93 a 0.94. Sin embargo, las disparidades entre hombres y mujeres siguen siendo una preocupación, especialmente en departamentos como Puno, Huancavelica, Cajamarca y Junín.
Avances en la provisión de servicios públicos
El acceso a servicios públicos también ha mejorado en el periodo de análisis. El Índice de Densidad del Estado (IDE), que mide la presencia de servicios públicos en áreas como salud, educación, agua, saneamiento y electricidad, aumentó en un 5.82% entre 2017 y 2024. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento del 36% en el número de médicos por cada 10 000 habitantes, lo cual responde a las medidas tomadas durante la pandemia.
Sin embargo, las desigualdades regionales en el acceso a estos servicios son evidentes. Las regiones más avanzadas en términos de densidad estatal son Lima, Callao, Moquegua, Arequipa y Tacna, mientras que Loreto, Ucayali, Puno, Huánuco, Amazonas y Cajamarca siguen siendo las más rezagadas. Además, aunque se han observado avances en las zonas más excluidas, los distritos con menor densidad poblacional y mayor dispersión siguen sin beneficiarse adecuadamente de la mejora en los servicios.
Desafíos de gobernabilidad
El informe también pone de relieve un problema clave en la construcción de un desarrollo más inclusivo: la baja confianza en las instituciones democráticas. Aunque la mayoría de los peruanos siguen valorando el sistema democrático, la insatisfacción con su funcionamiento y la falta de confianza en las autoridades son cada vez más evidentes. El ausentismo electoral ha aumentado, lo que refleja un distanciamiento creciente entre la ciudadanía y el sistema político.
El PNUD recalca que es esencial reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, así como fomentar un ciclo de gobernabilidad que fortalezca la legitimidad del Estado. Esto permitiría avanzar en la resolución de problemas clave como la inseguridad, la corrupción y la desigualdad social.
