En el marco del Foro Social Frente al APEC, diversas organizaciones indígenas, junto con aliados como el Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU), denunciaron la exclusión de las comunidades en el desarrollo de la Política Energética Nacional al 2050. Entre las organizaciones participantes destacan la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
Durante el evento, las organizaciones resaltaron que el proceso liderado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) carece de mecanismos vinculantes de participación ciudadana y transparencia, elementos esenciales para garantizar un enfoque democrático y efectivo. Señalaron que se encuentran en un momento crítico debido a la crisis climática, y no contar con un plan inclusivo solo perpetúa problemas estructurales y daños ambientales irreversibles.
La crisis climática y sus impactos en la Amazonía
El sector energético peruano, basado en combustibles fósiles, genera un 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, siendo el transporte el principal emisor, según datos del Ministerio del Ambiente. Estos efectos se agravan en la Amazonía, donde las comunidades indígenas enfrentan constantes derrames de petróleo y contaminación en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Pese a estos daños, no se han implementado medidas de reparación.
«Las comunidades no cuentan con energía, las autoridades están pensando solo en extraer petróleo, pero no están pensando en dar energía a las comunidades (…). Debemos buscar energía como la solar que puede ser más saludable para los pueblos y la naturaleza. Nuestro derecho a la energía sigue siendo pisoteado por las autoridades, el Estado debe voltear a vernos como principales beneficiarios de acceso a energía», expresó Roberto Tafur, de ORPIO, al exigir un enfoque equitativo y sostenible.
Contradicciones entre riqueza energética y pobreza estructural
Aunque regiones como Loreto y Cusco concentran los mayores recursos de gas y petróleo del país, persisten problemas estructurales como la desnutrición crónica infantil y la falta de acceso a servicios básicos. Miguel Ganosa, del CGBU, comparó la situación actual con el caso del proyecto Camisea: “Han pasado 20 años desde su inicio, y Megantoni sigue igual, sin avances significativos. El Estado promete mejoras, pero no cumple”.
Estas realidades reflejan las contradicciones de un modelo extractivista que beneficia al resto del país mientras margina a las comunidades locales. Por ello, las organizaciones indígenas demandaron que el Estado no solo planifique la matriz energética con miras a la extracción, sino que repare los daños y garantice derechos básicos en la Amazonía.
Un llamado al diálogo
Frente a este panorama, las comunidades amazónicas enfatizaron la necesidad de establecer un diálogo genuino con el MINEM para incluir sus perspectivas en la planificación energética. La carta formal que se enviará al ministerio busca iniciar un proceso de consulta y participación que permita avanzar hacia una gobernanza energética inclusiva y ambientalmente responsable.
