A través de una carta múltiple dirigida al Congreso y a varias entidades del Estado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y las organizaciones regionales que conforman la Plataforma PIACI exigen el archivamiento inmediato del Proyecto de Ley N° 11822/2024-CR. Esta iniciativa, presentada por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, busca permitir actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en todas las Áreas Naturales Protegidas del país, incluso en aquellas donde, por ley, no se permite ningún tipo de intervención.
Hace unas semanas alertamos que el congresista Flores Ancachi (Podemos Perú) presentó el Proyecto de Ley 11822/2024-CR, el cual propone modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834). Entre sus disposiciones, plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución del Proyecto de Exploración y Explotación del Lote 76, ubicado en la provincia de Carabaya (Puno), el cual se superpone en gran parte con la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios.
Ante ello, las organizaciones indígenas advierten que esta iniciativa pone en riesgo derechos fundamentales y amenaza directamente la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), quienes viven en al menos quince de estas áreas, como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri o el Parque Nacional Alto Purús.
“Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestro profundo rechazo al nefasto Proyecto de Ley N° 11822/2024-CR (…) por violar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, señala la carta enviada el 4 de agosto de 2025 por Aidesepy sus organizaciones aliadas.
Una población al borde del exterminio
El pronunciamiento advierte que el proyecto legislativo omite cualquier mención a los PIACI o al impacto que tendría sobre sus territorios. Esta omisión, afirman, es gravísima, ya que estas poblaciones extremadamente vulnerables podrían verse expuestas a epidemias, desplazamientos forzados y conflictos.
“Permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en estos territorios tradicionales donde viven nuestros hermanos los PIACI conllevaría a su exterminio”, advierten las organizaciones firmantes. Subrayan que se trata de una amenaza directa a sus derechos a la vida, salud, subsistencia e integridad.
El documento también cita evidencia antropológica que respalda esta preocupación. “Se estima que los primeros contactos ‘cara a cara’ causan la muerte de entre un tercio y la mitad de la población en los primeros cinco años, a veces más”, se indica, refiriéndose al altísimo riesgo sanitario al que estarían expuestos los PIACI ante cualquier tipo de incursión forzada.
Marco legal ignorado
Para las organizaciones indígenas, este proyecto además de ser peligroso en términos prácticos, también es jurídicamente inviable. Señalan que ignora el marco legal nacional e internacional que ampara los derechos de los pueblos indígenas y contraviene múltiples recomendaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Ministerio del Ambiente (Minam).
“La mencionada iniciativa legislativa respondería a fuertes intereses económicos sobre estos territorios ancestrales”, denuncian en la carta.
Las organizaciones consideran que esta motivación detrás del proyecto expone un desprecio por la vida y cultura de los pueblos más vulnerables del país.
En esa línea, también recuerdan que el Minam ya se pronunció en contra de una propuesta similar en 2023, impulsada por Perupetro S.A., señalando que tal modificación a la Ley de Áreas Naturales Protegidas “pondría en riesgo la conservación de los ecosistemas de las ANP”.
Rechazo colectivo y llamado urgente
Este no es el único rechazo manifestado al Proyecto de Ley 11822. Además de Aidesep y la Plataforma PIACI, otras organizaciones indígenas, ambientales y académicas han levantado su voz, entre ellas ONAMIAP, la Universidad Nacional Agraria La Molina, SPDA y la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales.
Asimismo, desde Inforegión nos manifestamos en contra de este «intento descarado de legitimar la destrucción de nuestros ecosistemas más valiosos en nombre de un desarrollo que, históricamente, ha demostrado ser insostenible y generador de conflictos».
*Accede a nuestro pronunciamiento aquí.
Las organizaciones exigen al Congreso archivar el proyecto de forma definitiva y llaman al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Cultura y a otras entidades a emitir dictámenes técnicos legales en contra de la propuesta.
Advierten además que, de aprobarse, el proyecto podría vulnerar incluso el marco del derecho internacional. “Podría representar una vulneración de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (…) respecto a la ‘asociación para cometer genocidio’, la ‘instigación directa y pública a cometer genocidio’ y la ‘tentativa de genocidio’”, sostienen con firmeza.
Defensa urgente de la vida y la dignidad
“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, recuerda la carta, citando el artículo 1 de la Constitución Política del Perú.
Las organizaciones que protegen a los PIACI hacen un llamado legal y moral para salvaguardar la vida de quienes eligieron permanecer en aislamiento, en armonía con su territorio.
Accede a la carta completa aquí.
