La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín, intervino el pasado 10 de junio en el distrito de Tingo de Ponaza, en la provincia de Picota, donde inmovilizó más de 14 toneladas de carbón vegetal. Este operativo forma parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de productos forestales en la región.
Operativo en un predio privado
La intervención ocurrió a las 4:30 p.m. en un terreno propiedad de Ronald Andrés Moreno Enríquez, ciudadano ecuatoriano de 49 años. Durante el operativo, los agentes encontraron 210 sacos de polietileno con carbón vegetal de la especie quinilla, que pesaban un total de 14 700 kilogramos.
El propietario del terreno no presentó documentación que acreditara la legalidad del carbón vegetal, y aseguró que los permisos se encontraban en trámite. Sin embargo, al no poder sustentar su versión en el momento, el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba ordenó la inmovilización del cargamento.
Impacto económico y ambiental
El valor estimado de las 14 toneladas de carbón vegetal es de aproximadamente S/ 147 mil soles. Este decomiso pone de manifiesto el volumen del comercio ilegal de productos forestales en la región, que además de tener un impacto económico, contribuye a la deforestación y pone en riesgo la biodiversidad local.
El tráfico ilegal de productos como el carbón vegetal afecta directamente a los ecosistemas de la región, incluyendo los bosques secos y húmedos, fundamentales para la conservación ambiental y el equilibrio ecológico.
Acciones legales y prevención
La intervención subraya la importancia de los esfuerzos coordinados entre las autoridades para frenar el tráfico ilegal de recursos naturales. Las investigaciones continúan con el fin de determinar la procedencia del carbón y si existen otros involucrados en la cadena de comercialización.
Las autoridades han destacado la necesidad de reforzar las políticas de control y prevención del delito ambiental en la región. La extracción, transporte y comercialización de productos forestales sin la debida autorización constituye un delito sancionado por la ley, y las autoridades se han comprometido a seguir trabajando para proteger los recursos naturales del país.
