MADRE DE DIOS. Alejandro Velásquez Hoskga es un minero en proceso de formalización que desde hace 10 años no logra culminarlo. Ha cumplido con todas las exigencias de ley, adecuándose a las normas ambientales. “Pero ya estoy cansado de insistir”, dice. Así se expresa porque son los mineros ilegales quienes extraen el oro dentro de su concesión. Esta se ubica en la localidad de Boca Unión, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata.
Él se inscribió en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con la concesión minera “Tentación”. Aquí construyó un campamento con áreas y ambientes (para gerencia, almacén de herramientas, combustible) con señalizaciones y plan de seguridad. Sus trabajadores tienen equipos de protección y seguridad. Cuenta con un registro de control de bienes fiscalizados, registro especial del régimen complementario de control de insumos químicos, ficha de registro de consumidor menor, libros de seguridad y salud ocupacional, etc.
Además, realiza la extracción minera con el método de explotación a cielo abierto por succión hidráulica. Es decir, todo conforme a ley. Sin embargo, hace tres años el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) no culmina la evaluación. Esta dependencia está en la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad).
En tanto, desde la Gerencia Forestal y la Dirección de Agricultura se otorgó una concesión para el manejo y aprovechamiento del aguaje y 10 certificados de posición agrícola dentro del área de la concesión de Velásquez. Además, que parte del área de la concesión esta superpuesta a territorio de la comunidad nativa Amarakaeri. Velásquez dice que tanto desde la comunidad nativa, la concesión de aguaje y de los titulares de los certificados de posición, ingresan mineros ilegales al área a la concesión minera. Denuncia que los titulares de los títulos habilitantes fueron obtenidos solo para cobrar regalías a los invitados que colocan para hacer minería ilegal. (Imágenes de drone para este reportaje confirman su denuncia).
Formalización minera estancada
De 9256 personas naturales y jurídicas inscritas en el Reinfo, solo se tiene a 367 mineros formalizados. “Esta cifra se mantiene inamovible desde el año pasado”, dice Julio Villegas, director regional de Energía y Minas del Goremad. De los mineros inscritos en el Reinfo, 7401 están suspendidos y no pueden formalizarse. Solo hay 1850 casos con prospectos formalizables en la Dirección Regional de Energía y Minas del Goremad. Ese es el avance tras 20 años del proceso de formalización. “Es probable que, para diciembre del 2023, se tenga un grupo de 60 mineros formalizados”, añade Villegas Girón con desánimo.
Según el Reinfo al 2012 había 3600 concesiones mineras tituladas en la región Madre de Dios. A la fecha, al no poder formalizarse, 1400 concesiones están extinguidas o caducas. Los concesionarios, al perder la titularidad, no pueden protegerse de la invasión de mineros ilegales provenientes de La Pampa. Estos se expanden dentro del corredor minero y en nuevas áreas. Esto se da “en 7 de los 11 distritos de la región Madre de Dios: Tambopata, Las Piedras, Inambari, Laberinto, Manu, Huepetue y Madre de Dios”. Esto lo registra el informe “Minería ilegal en la Amazonia Peruana”, hecho por la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú).
Problemas para la formalización
Velázquez denunció ante la Fiscalía Ambiental y la Policía Ecológica a los mineros ilegales que operaban en su concesión minera. Sin embargo, los operativos de interdicción fracasaron; ya que los mineros ilegales fueron alertados de los operativos y escondieron sus motores. En tanto, Velásquez es víctima de las interdicciones por denuncias de los titulares de certificados de posición. “No viene el personal de Energía y Minas, ni la Gerencia Forestal. No sé cómo hacen estos agricultores, pero ellos traen a la Marina y la Fiscalía para hacer ‘interdicciones falsas”, denuncia Velásquez.
Desde el 2019 se incrementó la solicitud de certificados de posesión para la titulación de predios agrícolas en plantaciones de papaya y cacao, según el registro de la Dirección Regional de Agricultura. En 2019 se otorgaron 632 certificados. Al año siguiente, 480 nuevos certificados de posesión y hasta marzo del 2021 se otorgaron otros 160. Por entonces se prohibió el otorgamiento de estos documentos. Ya se tenía conocimiento de que las nuevas solicitudes de certificados de posesión propiciaban invasiones a concesiones mineras, de madera, de castaña, de reforestación y de turismo. Si bien se solicitaban para realizar plantaciones (cacao y papaya) también eran solicitados por mineros ilegales.
Tras una evaluación realizada por la propia Dirección Agraria se halló que las entidades que otorgan derechos (la Gerencia Forestal, Agricultura, Minería) lo han hecho en una misma área. A la fecha se tiene investigaciones a varios funcionarios que otorgaron estos derechos al margen de la ley. Los resultados de estas investigaciones serán trasladados al Ministerio Público. “No podemos continuar con esto. Pese a estar reglamentado su otorgamiento, funcionarios han seguido otorgando estos certificados de posesión superpuestos a otros derechos, perjudicando al sector agrario, al sector minero y al sector forestal”, dijo Carlos Ortega Molleda, director regional de Agricultura.
En la región Madre de Dios hay 272 concesiones con títulos habilitantes, entre concesiones forestales y otros. Estas representan 198 773 hectáreas, que se superponen a un área de 498 296 hectáreas del área del corredor minero. La superposición de áreas es uno de los mayores problemas para la formalización de la minería. Las leyes aún permiten el otorgamiento de concesiones forestales, concesiones de aprovechamiento de otras especies, dentro del corredor minero.
Sin personal ni presupuesto para formalizar
La Dirección Regional de Energía y Minas no cuenta con suficiente presupuesto para la formalización. No hay suficiente personal para hacer las fiscalizaciones. No se cuenta con vehículos y embarcaciones para el traslado del personal a las zonas mineras. No hay profesionales con especialización en áreas afines a la minería. Por ejemplo, para el área de Asuntos Ambientales se requieren 15 profesionales, pero solo hay siete. Así lo informa el director regional de Energía y Minas del Goremad.
Desborde criminal
Alejandro Velásquez recibe amenazas (siente que lo vigilan cuando sale y entra de la zona y teme por su vida) desde formulara denuncias contra los mineros ilegales. Un grupo criminal armado vigila los caminos y ríos para dar seguridad a los concesionarios y transportistas, cobrando cupos bajo amenazas.
Velázquez señala que David Villavicencio Mamani, exservidor público, promovió que, a su padre, Rufino Villavicencio Báez, se le otorgue una concesión para el aprovechamiento y manejo del aguaje en el 2010. Igualmente habría promovido el otorgamiento de certificados de posesión con fines agrícolas (en áreas de 3 a 4 hectáreas) para su entorno familiar y amistades. Velásquez añade que en la concesión de aguaje no se maneja ese recurso, así como en las posiciones agrícolas. Estas se usan para hacer minería ilegal.
Se tiene información que del 2019 al 2020, personajes similares a Villavicencio promueven gestiones parecidas para invadir concesiones mineras, maderables y de castaña. Esto se registró en los distritos de Huepetue, Inambari, Tambopata, Laberinto, Madre de Dios y Las Piedras. Conforme se expande la minería ilegal los grupos armados avanzan -desde La Pampa en los siete distritos por donde llega la minería ilegal- ofreciendo seguridad y protección a las economías ilegales. “Al final el Estado ha sido el promotor de la ilegalidad”, consideró Velásquez.
