El 8 de julio, cuatro organizaciones indígenas representativas de la Amazonía presentaron una carta formal al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, exigiendo atención urgente a varias demandas para las comunidades nativas de la provincia de Puerto Inca. Las organizaciones firmantes son la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka), la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (Feconapia), y la Unión de Nacionalidades Ashaninka Yanesha (UNAY).
Demandas
Entre las principales demandas se encuentra la promoción de políticas públicas de desarrollo sostenible, que incluyan proyectos de infraestructura, producción y alternativas económicas. Estas políticas deben reconocer los planes de vida de las comunidades nativas como herramientas de planificación, asegurando la participación activa de sus organizaciones representativas.
Además, las organizaciones solicitan la creación de un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, que funcione como un espacio de coordinación y diálogo para definir políticas públicas en favor de las comunidades nativas. Este grupo trabajaría en conjunto con todas las gerencias y direcciones del Gobierno Regional de Huánuco.
Otra demanda es la creación de una Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas dentro del Gobierno Regional de Huánuco, así como en los gobiernos provinciales y locales correspondientes. Esta nueva gerencia deberá contar con una unidad formuladora y ejecutora para asegurar su efectividad.
La carta también resalta la importancia de garantizar los derechos de propiedad territorial y la seguridad jurídica de las comunidades nativas, evitando el ingreso de terceros en sus territorios. Asimismo, se exige la implementación efectiva de la consulta previa, libre e informada en todas las decisiones de la administración pública que afecten a los derechos de las comunidades nativas.
Control territorial, educación y salud
Las organizaciones indígenas también abogan por el control territorial para enfrentar problemas como la deforestación, el cambio de uso de suelo, el narcotráfico y los aeropuertos ilegales. En el ámbito educativo, se pide ampliar la Educación Intercultural Bilingüe a todos los niveles y garantizar el acceso a estudios superiores para los miembros de las comunidades nativas.
En cuanto a la salud, se solicita fortalecer el sistema intercultural y ampliar la cobertura de salud pública, reconociendo la participación de promotores y agentes de salud comunitaria. También se demanda reconocer los mecanismos de autoprotección colectiva para asegurar la paz y la seguridad de los líderes y miembros de las comunidades nativas.
Finalmente, las organizaciones exigen la promoción de la participación efectiva de los pueblos indígenas en la administración pública, el consentimiento previo e informado sobre el manejo y los beneficios de las áreas naturales protegidas, y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
Las organizaciones firmantes fundamentan sus peticiones en diversos acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en la legislación nacional peruana.
