Con el objetivo de consolidar oportunidades económicas lícitas en zonas vulnerables al narcotráfico, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) inició un proyecto de diversificación productiva en las provincias de Chanchamayo y Satipo, en la región Junín. La intervención promueve el cultivo de jengibre como una alternativa económica sostenible para 500 familias de 20 comunidades rurales.
Inversión y zonas de intervención
El proyecto contempla una inversión superior a los S/1.3 millones e incluye la instalación de 500 hectáreas de jengibre en los distritos de Perené, Pichanaqui, Río Negro y Satipo. Las familias participantes recibirán acompañamiento técnico especializado en manejo agronómico, mejora de calidad y procesos de producción.
Además, la intervención comprende la entrega de herramientas e insumos agrícolas, así como 30 mil plantones de cedro colombiano con fines de reforestación en las zonas intervenidas.
Enfoque de desarrollo alternativo
Según Devida, esta iniciativa se enmarca en el enfoque del desarrollo alternativo integral y sostenible, alineado con los lineamientos de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. “Esta nueva actividad responde al enfoque del desarrollo alternativo integral y sostenible, uno de los pilares de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. Apostamos por economías lícitas que transformen la vida de las familias y las alejen de escenarios de riesgo”, indicó un representante de la entidad durante el lanzamiento oficial.
La estrategia busca no solo generar ingresos legales, sino también fomentar prácticas sostenibles que contribuyan a la recuperación ambiental. La siembra de cedro colombiano forma parte de las acciones de reforestación destinadas a mitigar el impacto de actividades previas en las zonas afectadas.
Resultados esperados
Con esta intervención, Devida busca consolidar una cadena productiva con alto valor comercial, en la que los productores puedan integrarse a mercados formales y mejorar su calidad de vida. El cultivo de jengibre ha sido identificado como una alternativa viable por su demanda creciente en los mercados nacionales e internacionales.
La entidad sostiene que este tipo de proyectos refuerzan las acciones del Estado para ofrecer alternativas económicas legítimas a las poblaciones en riesgo, y contribuyen a una estrategia más amplia de lucha contra el narcotráfico basada en el desarrollo sostenible.
