Un grupo de 19 exministros y exviceministros de los últimos seis gobiernos ha expresado su rechazo a un proyecto de decreto supremo del Ministerio de la Producción (Produce), que podría despenalizar la pesca a gran escala en las áreas naturales protegidas (ANP) del país. Se trata de la Resolución Ministerial Nº 481-2024-PRODUCE, publicada el 7 de diciembre de 2024, que propone modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca, vigente desde hace más de dos décadas, así como el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras.
De ser aprobadas estas modificaciones, debilitarían la capacidad del Estado para sancionar actividades ilegales en áreas protegidas y abrirían la puerta a la pesca industrial en espacios como la Reserva Nacional de Paracas. Recordemos que esta ANP ha sido un epicentro de controversias a lo largo del 2024, precisamente porque terceros han intentado permitir la pesca industrial en esta área, a pesar de que está prohibida por ley.
«Manifestamos nuestro rechazo a esta iniciativa que debilitaría gravemente el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la impunidad. Esto resulta especialmente alarmante ya que beneficiaría también a las empresas ya sancionadas por pescar de manera ilegal dentro de la Reserva Nacional de Paracas con montos que ascienden a más de 12 millones de soles», enfatiza el comunicado.
Es importante señalar que ocho de estas empresas son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el gremio que agrupa a las principales empresas pesqueras del país y que, a lo largo de 2024, ha buscado de diversas maneras habilitar la pesca industrial en esta misma reserva. Solo en julio de ese año, estos mismos actores fueron beneficiados por el Congreso con una reducción del 80% de las multas por pescar ilegalmente en esta zona.
¿Quiénes son los funcionarios que rechazan este propuesta?
Los firmantes de este documento son un grupo de exfuncionarios de alto nivel que han desempeñado roles clave en el ámbito ambiental, de desarrollo social y de justicia en el Perú. Entre ellos se encuentran ex ministros y viceministros del Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y el Ministerio de Producción (Produce), entre otros.
Ellos son: Albina Ruiz Ríos, Hugo Cabieses Cubas, Gloria Montenegro Figueroa, Mariano Castro Sánchez Moreno, Cecilia Aldave Ruiz, Lucía Ruiz Ostoic, José De Echave Cáceres, Manuel Pulgar Vidal Otálora, Patricia Majluf Chiok, Kirla Echegaray Alfaro, Wilbert Rozas Beltrán, Modesto Montoya Zavaleta, Nancy Tolentino Gamarra, Luisa Guinand Quintero, Luis Miguel Incháustegui Zevallos, Iván Lucich Larrauri, Mariela Cánepa Montalvo, Gabriel Quijandría Acosta y María Soledad Pérez Tello.
¿Por qué las modificaciones a la norma amenazarían a las ANP?
El proyecto propone reemplazar las categorías de «áreas reservadas» y «áreas prohibidas» por “zonas no permitidas” y “zonas restringidas”, lo que modificaría también las infracciones según estas nuevas definiciones. Las nuevas categorías permitirían que las «zonas no permitidas» y «zonas restringidas» se regulen exclusivamente por Produce, sin tener en cuenta las restricciones impuestas por otros sectores, como el Ministerio del Ambiente, que prohíbe explícitamente la pesca industrial en áreas naturales protegidas.
Al no ser incluida en estas nuevas categorías propuestas, Produce ya no podría sancionar a las flotas industriales que operan en estas zonas. Por lo tanto, estas áreas protegidas podrían quedar fuera del alcance de las regulaciones del Minam, lo que permitiría que Produce asuma el control exclusivo de su categorización, debilitando así un marco de protección ambiental que ha estado en vigor desde 2001.
Como señalan los exfuncionarios, una de las consecuencias de aprobar este decreto supremo sería fomentar la impunidad en actividades como la pesca industrial. ¿Por qué es esto peligroso? Porque iría en contra de décadas de esfuerzos de conservación que han buscado proteger los ecosistemas marinos y garantizar la sostenibilidad. Además, esta medida protege a los pescadores artesanales al prevenir la competencia desleal y la sobreexplotación de los recursos.
En una nota previa sobre este tema, José Hernández, pescador artesanal y miembro del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, expresó: “Estamos preocupados y alerta. Hemos solicitado una reunión con el ministro del sector, Sergio González, para tratar varios temas que nos preocupan, entre ellos este. Expresamos nuestro rechazo a cualquier intento de permitir actividades de pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas sin ninguna regulación. Nos mantenemos atentos, no se pueden priorizar intereses particulares sobre la conservación y el bienestar de la comunidad”.
Un retroceso inaceptable
La Reserva Nacional de Paracas, reconocida por su biodiversidad y relevancia ecológica, se encuentra nuevamente en el centro del debate. «Exhortamos al ministro de Producción a poner por delante los intereses de todos los peruanos y cumplir con su rol de fiscalizar las actividades pesqueras, más aún en espacios tan importantes como la Reserva Nacional de Paracas y todas nuestras Áreas Naturales Protegidas», concluye el comunicado de los exfuncionarios.
El proyecto de decreto supremo está en consulta pública, pero su aprobación podría marcar un punto de no retorno en la protección de los ecosistemas marinos en el Perú. Mientras tanto, ambientalistas, pescadores artesanales y exfuncionarios públicos llaman a la acción para evitar que los intereses empresariales prevalezcan sobre la conservación y el bienestar colectivo.
