El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual de libertad de expresión correspondiente a enero de 2026, en el que expone un escenario de riesgo para el ejercicio periodístico. El documento reúne casos de agresiones, amenazas y procesos judiciales que, según advierte, podrían debilitar la rendición de cuentas y la protección a la prensa.
Como marco general, el CPP recoge datos del informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) sobre lo ocurrido en 2025. Ese balance registra 458 periodistas agredidos en el país y cuatro asesinatos, con 127 amenazas y actos de hostigamiento y 114 agresiones físicas. La ANP subraya que el Perú está “sólo por detrás de México en violencia letal” contra periodistas. Las principales fuentes de agresión identificadas fueron funcionarios públicos (217 casos) y agentes de seguridad públicos y privados (121 casos).
El caso Urresti y el mensaje a la justicia
Uno de los puntos centrales del informe es la situación judicial de Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustios en 1988. El Poder Judicial dejó al voto el pedido de nulidad y apelación presentado por su defensa, que cuestiona la inaplicación, por control difuso, de una ley del Congreso de 2024 sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad y de guerra previos a julio de 2002. En el proceso intervino la Defensoría del Pueblo.
Para el CPP, una eventual liberación tendría efectos que trascienden el caso concreto. Advierte que supondría un retroceso en la lucha contra la impunidad y enviaría una señal peligrosa en un contexto donde el año pasado fueron asesinados cuatro periodistas, con otros crímenes aún sin sanción.
Avances frágiles en crímenes contra la prensa
El informe también aborda el asesinato de Fernando Núñez, director de Kamila Noticias, ocurrido en diciembre pasado. En enero, la Policía Nacional capturó a un tercer presunto implicado, Marcos Lara Cruzado, acusado de haber realizado un ‘reglaje’ previo al crimen. Las investigaciones policiales y fiscales apuntan a que el asesinato habría sido encargado por personas que se oponían a la labor periodística del medio, que investigaba presuntos actos de corrupción en La Libertad.
El CPP advierte que la captura pierde sentido si los procesos no culminan en sanciones efectivas. La experiencia previa de casos que prescriben o concluyen sin condenas mantiene la desconfianza sobre el desenlace judicial.
En una entrevista, el político afirmó: “el señor Páez que se prepare para otra denuncia más”, y añadió: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a Páez”. (Foto: Difusión)
Hostigamiento digital y amenazas directas
En el frente de las amenazas, el informe detalla los ataques sufridos por la periodista Stefanie Medina, reportera de Contracorriente de Willax, tras emitir un reportaje sobre una denuncia por presunto abuso sexual que involucró a jugadores de Alianza Lima en Montevideo. En redes sociales recibió insultos y amenazas como “No te vuelvas a meter con Alianza porque te va a ir mal”, además de “hija de puta”, “cojuda” y “esta semana te cae tu visita a tu casa”. También se difundió un video con inteligencia artificial que la denigra, y se expusieron sus datos personales. Medina solicitó y obtuvo garantías del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El CPP incluye además las amenazas contra el periodista Ángel Páez, de La República, luego de publicar información sobre deudas tributarias de una empresa del candidato presidencial Rafael López Aliaga. En una entrevista, el político afirmó: “el señor Páez que se prepare para otra denuncia más”, y añadió: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a Páez”.
Una señal de alerta institucional
En su posición institucional, el CPP remarca que el caso Urresti es uno de los pocos en los que se alcanzó una sentencia por el asesinato de un periodista, aunque de manera tardía. Por eso, sostiene que cualquier marcha atrás tendría un impacto negativo en la protección de la prensa. El informe cierra con una advertencia: las amenazas a Medina y Páez evidencian la continuidad del hostigamiento cuando el periodismo revela hechos incómodos, con un riesgo adicional cuando las agresiones provienen de múltiples fuentes y desde el anonimato digital.
