La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el creciente deterioro de la libertad de prensa en Perú, marcado por un patrón de amenazas, ataques digitales, restricciones informativas y discursos de estigmatización contra periodistas y medios de comunicación.
En un comunicado, la organización señaló que estos actos provienen de figuras del poder político, autoridades institucionales y funcionarios públicos. “El hostigamiento a la prensa no solo pone en riesgo vidas, sino que debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada”, declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
En los últimos días, la periodista Rosmery Tapara, de la Unidad de Investigación de La República, fue víctima de hackeos y bloqueo de sus líneas telefónicas tras publicar un reportaje sobre el empresario Aniceto Argüelles, contratista del servicio de limpieza pública en Lima.
Hostigamiento a periodistas y medios
Otro caso reciente es el del periodista y columnista René Gastelumendi, también de La República, quien recibió amenazas de muerte junto a su familia. La situación se produjo tras una publicación que vinculó al alcalde Franco Vidal, del partido Avanza País, con el uso indebido de redes personales para fines de autopromoción.
Otros periodistas como Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros), Rosa María Palacios (La República) y Pola Ugaz (ABC de España) también han sido objeto de hostigamiento judicial y campañas de difamación debido a sus investigaciones.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, declaró que “los ataques sistemáticos y el clima de hostilidad que enfrentan periodistas y medios por cumplir con su labor de fiscalización” afectan el rol de la prensa en una democracia.
Falta de transparencia oficial
A las agresiones directas se suma la falta de transparencia en el ámbito oficial. Funcionarios del Despacho Presidencial cuestionaron la cobertura mediática sobre el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, señalando que genera “percepciones distorsionadas y confusión social”. Investigaciones publicadas por medios como El Comercio fueron descalificadas desde el Ejecutivo.
La SIP también identificó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como uno de los principales responsables de estigmatizar públicamente a periodistas que informan sobre su gestión, a través de declaraciones infundadas y discursos que agravan el clima de hostilidad.
Retrocesos en indicadores regionales
En marzo, una delegación de la SIP visitó Perú y documentó restricciones al acceso a la información pública, propuestas legislativas que afectan la libertad de prensa, procesos judiciales contra periodistas y campañas de desinformación desde entidades estatales.
Según el Índice Chapultepec 2024, elaborado por la SIP, Perú descendió del puesto 12 al 16 en la región y fue clasificado dentro del grupo de países con “alta restricción” de libertades informativas. El informe identificó al Poder Ejecutivo como el actor con mayor impacto negativo sobre la libertad de expresión, seguido del Legislativo.
El Consejo de la Prensa Peruana también alertó sobre el contexto adverso. En su informe anual, señaló que “el periodismo en el Perú atraviesa hoy uno de sus momentos de mayor peligro”.
Alerta ante el contexto electoral
La SIP advirtió que el escenario podría agravarse en el marco de las elecciones generales previstas para abril de 2026. La organización llamó a la sociedad civil, instituciones democráticas y líderes políticos a actuar frente a los intentos de censura e intimidación contra la prensa.
La SIP es una entidad sin fines de lucro con sede en Miami, integrada por más de 1.300 medios de comunicación del hemisferio occidental, y tiene como misión la defensa de la libertad de prensa y expresión en las Américas.
*Accede aquí al informe de mayo sobre la libertad de expresión en el país, elaborado por el Consejo de la Prensa Peruana.
