La pesquería de pota, también conocida como calamar gigante, es la segunda actividad pesquera más importante del Perú, pero atraviesa una crisis que amenaza su sostenibilidad. En Inforegión hemos documentado las denuncias de pescadores artesanales sobre el trato desigual frente a la explotación de este recurso, especialmente por parte de embarcaciones extranjeras. Un decreto supremo diseñado para reforzar la regulación de estas naves presenta fallas que debilitan el control estatal y agravan el problema. Conoce más sobre ello aquí.
En esta segunda entrega por el Día Mundial de la Pesca, profundizamos en otra decisión estatal que ha intensificado la crisis: la ampliación indefinida del régimen de formalización diseñado para las cooperativas pesqueras. Se trata de la Resolución Ministerial N° 395-2024-PRODUCE, publicada en septiembre, que ha generado preocupación en el sector, ya que permitirá la incorporación de embarcaciones construidas ilegalmente. Esta medida, lejos de ordenar la actividad, debilita los esfuerzos por alcanzar una pesca sostenible y proteger el calamar gigante, un recurso vital para miles de familias.
Una crisis que se gestó en el tiempo
El problema no es reciente: desde 2006, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) recomendó restricciones para frenar la construcción de nuevas embarcaciones artesanales debido al crecimiento descontrolado de la flota. Estas medidas se endurecieron con el Decreto Supremo 006-2015-PRODUCE, que prohibió definitivamente dicha actividad. Sin embargo, esta regulación no ha impedido la construcción ilegal de embarcaciones.
A pesar de la entrada en vigor de la Ley N° 31982 a inicios de 2024, que tipifica como delito la construcción y modificación no autorizada de naves pesqueras, el problema persiste. La falta de control efectivo ha permitido un crecimiento desmedido de la flota pesquera, lo que genera un sobreesfuerzo en la captura de recursos marinos y afecta gravemente los ingresos de las comunidades que dependen de esta actividad.
Francisco Chiroque, presidente de la Asociación de Pescadores de Calamar Gigante de Paita, alertó sobre la situación particular en Piura: “En solo diez años, la flota artesanal pasó de 1500 a casi 5000 embarcaciones. ¿De dónde salieron? Nadie sabe. Y eso genera también el tema de la depredación”, expresó a Inforegión.
Intentos de formalización que agravan el problema
Ante el alto nivel de informalidad en la flota pesquera, el Gobierno implementó dos programas de formalización que simplificaremos como Siforpa I y Siforpa II. El primero, lanzado en 2016, se enfocó en regularizar embarcaciones menores, mientras que el segundo, en 2018, amplió el alcance a naves de mayor tamaño. Ambos procesos establecieron fechas límite para evitar incentivar la construcción de nuevas embarcaciones ilegales, pero no lograron frenar la proliferación de estas prácticas.
En septiembre de este año, Produce publicó una Resolución Ministerial que amplía, una vez más, el régimen de formalización de cooperativas pesqueras indefinidamente. “Ya vamos para siete años con este tipo de plan piloto y no ha dado resultados. Una ampliación abre las puertas para la ilegalidad, agravando el problema al fomentar la construcción de naves sin regulación, muchas de las cuales terminan ingresando al sistema de forma irregular”, subrayó a Inforegión Edwin Houghton, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal).
Houghton, quien también preside la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (Apamarpa), añadió: “Nosotros venimos pidiendo el cierre de la formalización como Sonapescal desde hace dos años y como Apamarpa desde el 2020”. Para él, la falta de un cierre definitivo no solo perpetúa la informalidad, sino que socava los esfuerzos por ordenar la actividad pesquera y proteger el recurso.
Formalización mal dirigida
Según el último reporte del proyecto Por la Pesca, publicado en mayo de este año, inicialmente se reconocieron 915 embarcaciones inscritas bajo el régimen de cooperativas. Sin embargo, la base de datos de Produce revela que, a la fecha, ya son 1495 las que han obtenido permisos de pesca en este marco. De estas, 1066 cumplieron con los plazos originales, mientras que 429 ingresaron tras la ampliación establecida por el Decreto Supremo 023-2023-PRODUCE.
La pregunta es: ¿cómo ingresaron más de 500 embarcaciones adicionales después de cerrado el plazo? Una posible explicación es la incorporación de nuevos socios, junto con sus barcos, a cooperativas ya inscritas. Esto plantea un grave escenario: con la reciente ampliación indefinida de plazos, se podría permitir la legalización de más embarcaciones construidas ilegalmente.
El vicepresidente de Sonapescal criticó la permisividad estatal que ha incentivado prácticas ilegales: “Se siguen construyendo naves en astilleros clandestinos porque algunos pescadores piensan que el Gobierno abrirá un nuevo régimen para incluirlas. Prolongan y nunca termina esto. ¿Cómo queremos tener una pesca sostenible cuando el mismo Gobierno permite estas malas prácticas?”.
Créditos que podrían alimentar la informalidad
En suma a este problema, se encuentra el reciente programa de créditos extraordinarios anunciado por Produce. Aunque el objetivo oficial es aliviar la crisis que afecta a los pescadores artesanales de pota, líderes advierten que estos fondos podrían terminar alimentando prácticas ilegales, como la construcción de embarcaciones no autorizadas.
En octubre, el ministerio informó sobre un programa de financiamiento que otorga hasta 113 mil soles por beneficiario, con tasas de interés de apenas 1%. No obstante, resulta alarmante que los créditos se destinarán a zonas como La Tortuga, La Islilla, Yacila, Parachique, La Bocana y Bayóvar, localidades donde se concentran varios astilleros ilegales.
Día Mundial de la Pesca: un llamado a la sostenibilidad
El Imarpe ha sido claro: la pesquería de pota está plenamente explotada, por lo que cualquier incremento en el esfuerzo pesquero podría precipitar su colapso. A pesar de esta advertencia, persisten los intentos de incluir nuevas embarcaciones en el sistema de formalización, como lo evidenció el Proyecto de Ley presentado en 2023 por el congresista, y también armador, José Pazo. Esta propuesta, impulsada apenas días antes de la conclusión del proceso Siforpa II, buscaba incorporar embarcaciones que habían quedado fuera del régimen. Esta persistencia en flexibilizar las normas pone en riesgo la sostenibilidad de un recurso clave.
