El Congreso de la República aprobó por insistencia una modificación a la Ley 30364, generando preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) denunció que esta norma representa un intento de control sobre los medios de comunicación, al obligarlos a destinar el 10% de su espacio de contenidos a temas sobre violencia contra la mujer y el grupo familiar.
Si bien la lucha contra la violencia de género es una causa legítima y urgente, el CPP sostiene que esta legislación utiliza dicha problemática como excusa para imponer restricciones inaceptables a la autonomía periodística. “Emplear dicho tema como instrumento para controlar los espacios de los medios de comunicación sólo evidencia una estrategia contraria a la libertad de expresión, de prensa y empresa”, advierte el comunicado.
Una norma bajo sospecha
La modificación, publicada el martes 27 de mayo en el diario oficial El Peruano, forma parte de un patrón preocupante. El CPP recuerda que en marzo de este año el Poder Ejecutivo ya había propuesto que, durante estados de emergencia, los medios estuvieran obligados a transmitir los supuestos logros del gobierno mediante franjas informativas. Aunque esa propuesta no prosperó, la nueva ley se percibe como una continuidad de la misma intención de control.
En este contexto, el Consejo ratificó su postura frente a toda norma que limite la libertad de los medios: “Pretender obligar a los medios de comunicación a informar a la población en un espacio exclusivo sin posibilidad de edición, lo que se entiende como una ‘franja’, supone una exigencia informativa que interfiere con los principios de pluralidad de puntos de vista, de fiscalización y de independencia”.
Autonomía periodística en riesgo
Para el gremio periodístico, la norma representa un retroceso en la defensa de un ecosistema informativo libre e independiente. El CPP advierte que imponer contenidos sin posibilidad de edición atenta contra los estándares democráticos de pluralidad, y puede convertir a la ciudadanía en víctima de desinformación gubernamental.
Además, el comunicado recuerda que los medios de comunicación ya abordan de manera constante los temas de violencia de género, guiándose por principios éticos y mecanismos de autorregulación. Imponer un porcentaje obligatorio no sólo es innecesario, sino también contraproducente.
Llamado a la derogación inmediata
El Consejo de la Prensa concluye su pronunciamiento exigiendo la derogación de la norma aprobada por el Congreso. Para la organización, resulta fundamental que los responsables rectifiquen lo antes posible una decisión que vulnera la autonomía de los medios periodísticos y afecta directamente el derecho ciudadano a recibir información contrastada.
