El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alerta sobre varios casos que afectan la libertad de expresión en el Perú, en su informe mensual de libertad de expresión del mes de abril. Entre los casos denunciados están el allanamiento a la vivienda de Juan Carlos Tafur, un proyecto de ley que obliga a la colegiatura de comunicadores y los comentarios de la presidenta Dina Boluarte a la prensa por el caso Rolex.
Caso Tafur
La casa del periodista de Sudaca.pe, Juan Carlos Tafur, fue allanada por la Fiscalía. Para ejecutar la medida se alega que Tafur se habría reunido con fuentes investigadas por la Fiscalía para favorecer a una de ellas. Se añade que Tafur publicó en Sudaca.pe dos artículos para desprestigiar a la fiscal Marita Barreto, quien ordenó el operativo.
Proyecto de ley restringe a periodistas a contratar con el Estado
La iniciativa legislativa fue propuesta por el parlamentario Jorge Flores. Plantea impedir que los periodistas que trabajaron en medios de comunicación, puedan contratar con el Estado por un año luego de dejar sus cargos de prensa. Se considera que la iniciativa afecta las futuras oportunidades laborales de un periodista. El proyecto se lee como una respuesta de congresistas descubiertos por la prensa como miembros del grupo “Los Niños”. Supuestamente, ellos traficaban influencias en el Gobierno de Pedro Castillo.
Iniciativa legislativa que obliga a la colegiatura
El congresista Luis Cordero propuso un proyecto de ley para crear el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú. Solo los comunicadores colegiados a esa entidad podrán ejercer la profesión de licenciado de las ciencias de la comunicación.
Además, para ser miembro de esa entidad es preciso haber obtenido el título profesional en ciencias de la comunicación. El proyecto fue firmado por legisladores implicados en presuntos delitos de tráfico de influencias.
Caso Espinoza
El parlamentario Darwin Espinoza amenazó al periodista de Latina TV, Renzo Bambarén. Esto sucedió cuando el comunicador le preguntó sobre el posible uso indebido de recursos públicos para un reportaje. Al respecto, Espinoza respondió que de emitirse el contenido lo denunciaría.
Caso Rolex
La presidenta Dina Boluarte criticó a la prensa por revelar e informar sobre el uso de relojes Rolex y joyería costosa que no consignó en sus declaraciones juradas. Además, sugirió que la cobertura mediática podría deberse a sexismo o discriminación.
Caso Mella
La periodista Romina Mella, jefa de redacción de IDL-Reporteros, sufrió la violación de sus datos personales cuando el canal Willax difundió la dirección de su casa. Poco después el grupo extremista autodenominado “La Resistencia” replicó la misma acción en su cuenta de X.
Caso SolTV
El gerente de imagen del Gobierno Regional de La Libertad, Miguel Urbina, quiso evitar que un periodista de SolTV entreviste a la vicegobernadora Johana Cabrera. El funcionario empujó al comunicador y se interpuso entre él y la funcionaria.
Caso Metropolitano
La periodista de Latina TV, María Elena Mamani, fue hostigada por agentes de seguridad del Metropolitano. En varias estaciones le dijeron que “está prohibido grabar”. Un agente la jaló e intentó taparle el lente de su cámara.
Caso Abancay
Indira Ruiz, exjefa de la Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Apurímac, querelló a dos periodistas de radio Titanka. Paul Pilco y Wilfredo Contreras fueron querellados por difamación agravada. Se sabe que ellos informaron sobre el incumplimiento del perfil en la contratación de Ruiz.
Caso Maynas
Se agredió al periodista Paul Vega, de radio Estación MIC, en Maynas, Loreto. El policía Cristian Pizarro golpeó el rostro de Vega mientras este cubría una protesta contra la empresa Electro Oriente.
Posición del CPP
Sobre el caso Tafur, el CPP considera que existe el riesgo de que la Fiscalía atente contra el derecho a la protección de las fuentes de información. A ello se añade el peligro que criminalice la relación del periodismo con sus fuentes. Respecto a los proyectos parlamentarios, el CPP considera que son un abierto atentado contra las libertades de expresión y de prensa. Finalmente, rechaza los ataques a periodistas perpetrados por funcionarios públicos.
