La reciente liberación del exministro del Interior Daniel Urresti, condenado en 2023 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido en 1988, ha encendido una fuerte alerta entre organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa en el Perú. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia de 12 años de prisión al considerar que la condena vulneró el principio de legalidad penal y se emitió luego del plazo de prescripción.
De acuerdo con el fallo del TC, no era posible aplicar retroactivamente la figura de crimen de lesa humanidad en este caso. El Perú suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 2002, por lo que, según el tribunal, no correspondía juzgar bajo ese criterio un asesinato ocurrido catorce años antes.
La presidenta del Tribunal Constitucional precisó en declaraciones a Canal N que el órgano no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Urresti. En la misma línea, el abogado del exministro señaló al medio de verificación PerúCheck que la defensa no solicitó que se le declarara inocente.
Para el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el impacto del fallo va más allá del caso específico. La organización advirtió que “la liberación de Daniel Urresti, a pesar de que no es inocente del asesinato del periodista Hugo Bustíos, supone un grave atentado contra la justicia de la familia Bustíos”.
El organismo también alertó que la decisión podría afectar otros procesos pendientes. Según el informe, este era “el único caso reciente de condena contra una persona acusada de matar a un periodista”, lo que convierte el fallo en un precedente delicado para la búsqueda de justicia en crímenes contra la prensa.
Restricciones a coberturas y hostigamiento a periodistas
El reporte del CPP también recoge otros episodios recientes que afectan el ejercicio periodístico en el país. Uno de ellos ocurrió durante la juramentación del nuevo gabinete ministerial del presidente José María Balcázar, cuando se impidió el ingreso de periodistas a la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.
Otro incidente se registró en Chiclayo, durante actividades de la comitiva oficial del papa León XIV en hospitales públicos de la ciudad. En ese contexto, los periodistas David Chiroque, de Exitosa, y Joel Larrea, de TV Perú, denunciaron hostigamientos y expulsión por parte del personal de seguridad, pese a contar con acreditación para cubrir el evento.
Para el Consejo de la Prensa Peruana, estas restricciones reflejan una tendencia preocupante. La organización sostuvo que “las limitaciones a las labores de la prensa (…) son ya moneda corriente a lo largo y ancho del país”, y rechazó que se impida el ingreso de periodistas a actividades públicas o previamente acreditadas.
Presiones judiciales y legales contra medios
El informe también menciona acciones legales o judiciales que involucran a periodistas que han difundido información de interés público. Entre los casos señalados figura la denuncia del periodista Marco Sifuentes, director de La Encerrona, quien informó que la Municipalidad de Miraflores busca iniciar acciones judiciales contra su equipo.
El conflicto surgió luego de que el medio revelara la filtración de datos personales de aproximadamente 60 mil vecinos del distrito a través de la página web municipal. Según Sifuentes, la municipalidad acusa a su medio de “traficar con datos informáticos” y solicitó a la fiscalía una investigación penal contra los periodistas Ernesto Cabral y Brandon Quevedo.
Otro episodio citado por el CPP involucra al productor general de La Encerrona, Jonathan Castro, quien fue citado con carácter “muy urgente” por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La fiscal Fanny Mendoza García solicitó su presencia como testigo en una investigación por la presunta falsificación de carnés de vacunación contra la Covid-19, un caso que el propio periodista había revelado públicamente en 2021.
Para el Consejo de la Prensa Peruana, este tipo de citaciones genera un riesgo para el ejercicio del periodismo de investigación. En su pronunciamiento, la organización sostuvo que “los periodistas que destapan casos de interés público no son testigos de los hechos sino intermediarios de la información”, por lo que considera que no deberían ser convocados por el sistema judicial en esa condición.
Amenazas desde el poder político
El informe también recuerda un episodio ocurrido durante la gestión presidencial de José Jerí. En ese momento, la Presidencia de la República difundió en redes sociales un comunicado en el que señalaba que evaluaba “acciones legales correspondientes” contra medios que informaron sobre contrataciones irregulares de personas cercanas al mandatario en el Estado.
El mensaje fue interpretado por diversas organizaciones como una presión hacia la prensa. Semanas después, Jerí fue censurado por el Congreso y el comunicado oficial fue modificado, eliminando el párrafo que hacía referencia a posibles acciones legales contra los medios.
Para el CPP, la acumulación de estos hechos refleja un escenario complejo para el ejercicio del periodismo en el país. El organismo advierte que restricciones a coberturas, presiones judiciales y decisiones que afectan la justicia en casos de violencia contra periodistas constituyen señales que merecen atención, en un contexto donde la labor informativa cumple un rol central para la transparencia y la rendición de cuentas en democracia.
