El cacao peruano sigue abriéndose paso como sinónimo de calidad y sostenibilidad. En un hito para la economía local, la comunidad nativa Santa Clara de Raimondi, ubicada en la provincia de Atalaya (Ucayali), ha logrado un importante acuerdo comercial para suministrar aproximadamente 10 toneladas de cacao seco convencional para el cierre de la campaña 2026.
El compromiso de compra fue suscrito con la Cooperativa Agraria Industrial Atalaya, garantizando un mercado seguro para la producción del Comité de Productores Agropecuarios “Kanka Yami”, perteneciente al pueblo indígena Asheninka – Yine. Lo destacable de este lote es su característica «libre de pesticidas», un valor agregado cada vez más exigido por los mercados nacionales e internacionales.
Un modelo de negocio que protege el bosque
Este logro no es solo económico, sino también ambiental. Las 10 toneladas negociadas son fruto de un sistema agroforestal sostenible que permite cultivar cacao sin talar el bosque.
Según Bruno Francisco Fernández Quispe, Enlace Zonal del Programa Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam), este acuerdo «representa una oportunidad concreta para fortalecer la economía familiar comunal y reafirmar el compromiso de las familias con la conservación».

Actualmente, la comunidad Santa Clara de Raimondi, conformada por 189 habitantes (cerca de 70 familias), mantiene un compromiso de conservación de 8,269.29 hectáreas de bosques. Desde el 2024, y con financiamiento del Banco Mundial, han implementado un plan de inversión que incluye:
- Mejoramiento de la infraestructura productiva (incluyendo una miniplanta comunal).
- Asistencia técnica para elevar la calidad del grano.
- Fortalecimiento de la capacidad organizativa.
Resultados de la rueda de negocios
El acuerdo se concretó en el marco de la 1era Rueda de Negocios Atalaya 2025, celebrada entre el 11 y el 13 de diciembre. Este evento, organizado por la Mesa Técnica Productiva del Cacao con apoyo del Minam, congregó a más de 26 comunidades nativas y diversas empresas comercializadoras.
El espacio permitió que los productores indígenas no solo cerraran ventas, sino que fortalecieran sus capacidades de negociación, demostrando que es posible alinear la rentabilidad económica con la protección de la Amazonía peruana.


