Un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en Perú ha generado preocupación en el sector ambiental. En un informe de opinión, el grupo de especialistas “Análisis X Naturaleza” advierte que el Proyecto de Ley 11822/2024-CR constituye una reforma “inadecuada y perjudicial” que pondría en riesgo un sistema de conservación vigente y exitoso desde hace más de 65 años.
El documento, remitido a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, así como a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, recomienda archivar la iniciativa al considerar que amenaza la institucionalidad, el patrimonio natural y la seguridad jurídica del país.
Un equilibrio que se rompe
El Grupo Análisis X Naturaleza señala que el proyecto de ley rompe el modelo que ha permitido que el Sistema de ANP en Perú tenga una efectividad del 96%. La ley actual permite una gradualidad de estrategias, desde la protección estricta hasta el uso sostenible. Sin embargo, el PL 11822 busca eliminar la opción de una protección estricta, lo que, según el informe, sacrificaría la viabilidad del sistema a largo plazo.
Las críticas también apuntan a la gobernabilidad y la separación de poderes. El proyecto eliminaría la salvaguarda que exige que sólo el Congreso, mediante una ley, pueda modificar o reducir un ANP. En su lugar, el PL confiere estas facultades al Ministerio de Energía y Minas (Minem), superponiendo competencias y debilitando la especialidad que rige la gestión pública. Para los especialistas, esto politizaría la gestión de las ANP y pondría en riesgo el patrimonio más valioso de los peruanos, incluyendo sitios como Machu Picchu o el Parque Nacional del Manu.
La falacia del argumento económico
El proyecto de ley se sustenta en el argumento de que permitir actividades de hidrocarburos en ANP incrementaría el canon y, con ello, se cerrarían las brechas sociales. El informe califica esta premisa como «falsa» y «sin respaldo técnico o histórico». Los datos muestran que no existe una relación directa entre el aumento del canon y el bienestar humano, y que regiones con ANP bajo protección estricta no presentan desventajas en la recaudación.
Además, el reporte advierte que, lejos de atraer, la ley ahuyentaría la inversión privada. El documento señala que los periodos de mayor crecimiento e inversión en Perú coinciden con el fortalecimiento de la legislación e institucionalidad ambiental, no con su debilitamiento. Las ANP, con su legislación consistente y sus reglas de juego claras, han sido un factor de reducción de riesgos para los inversores.
El informe concluye que el PL 11822 no es viable y recomienda su archivo. La ley actual, resultado de amplios procesos de consenso, es una política de Estado exitosa que no debe ser modificada sin un proceso participativo y basado en evidencia.
