La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali (Goreu) y la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (Aider), entregó 10 títulos de propiedad y 6 ampliaciones territoriales a 14 comunidades nativas en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.
Con esta acción, más de 1800 familias de los pueblos Shipibo-Konibo y Asháninka obtienen seguridad jurídica sobre aproximadamente 50 000 hectáreas de tierra, fortaleciendo así sus derechos territoriales colectivos.
Inversión estatal para georreferenciación
Para llevar a cabo este proceso, Devida transfirió S/544 800 al Gobierno Regional de Ucayali. Los fondos fueron destinados a labores técnicas como la georreferenciación y actualización cartográfica de los territorios comunales.
La formalización de estas tierras busca protegerlas frente a amenazas como invasiones, tala ilegal y cultivos ilícitos, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades locales.
Comunidades beneficiadas y zonas involucradas
Entre las comunidades beneficiadas se encuentran Shambo Porvenir, Santa Clara de Uchunya, Nuevo Ceylán, Betel, Nuevo San Rafael y Flor de Chengari, ubicadas en los distritos de Nueva Requena, Callería, Yarinacocha, Masisea y Tahuanía.
La ceremonia de entrega se realizó en la ciudad de Pucallpa y contó con la participación del presidente ejecutivo de Devida, Carlos Figueroa Henostroza; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay; la congresista Francis Paredes; autoridades locales y líderes indígenas.
Compromiso con el desarrollo alternativo
Durante el evento, el titular de Devida señaló: “Como Devida seguiremos apostando por que más comunidades nativas transiten a una vida lícita. Ustedes, con sus organizaciones y líderes, son los verdaderos protagonistas del cambio, defendiendo sus territorios y protegiendo la biodiversidad que es nuestro mayor legado”.
Esta iniciativa forma parte de la Política Nacional de Lucha contra las Drogas al 2030, que busca promover alternativas de desarrollo sostenible, garantizar la seguridad territorial y reducir la dependencia de economías ilícitas en zonas vulnerables.
