El pasado 20 de julio se aprobó la Ley 32099 para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en el territorio peruano. Esta legislación se da en un contexto crítico, ya que estos ecosistemas vitales están siendo afectados por la urbanización, la contaminación y el cambio climático. Aunque la aprobación de la ley marca un hito, la implementación efectiva será clave para garantizar su éxito.
Los humedales abarcan más de 18 millones de hectáreas e incluyen ecosistemas diversos como bofedales, manglares y humedales costeros. Estos ecosistemas desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático. A pesar de su importancia, son ecosistemas extremadamente frágiles que enfrentan constantes amenazas. Ante esta situación, ¿qué propone la nueva normativa para hacer frente a estos desafíos?
Conversamos con Carlos Soria, abogado ambientalista y expresidente del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente, para analizar los desafíos y oportunidades que presenta la nueva ley, que aún debe reglamentarse. El plazo para la publicación de dicho reglamento vence en diciembre de este año, y su contenido será clave para hacer efectiva la normativa.
Pantanos de Villa: un ejemplo de los desafíos
Los Pantanos de Villa, uno de los humedales más importantes de Lima, han experimentado una grave degradación debido a la expansión urbana descontrolada, la construcción de infraestructuras y las actividades informales. La nueva Ley de Humedales exige la creación de Planes de Gestión Integral para estos ecosistemas, en los que los gobiernos regionales y locales, junto con otras autoridades, deben coordinar acciones para proteger, conservar y utilizar de manera sostenible los humedales. Estos planes incluyen medidas para preservar sus componentes ecológicos y establecer zonas de amortiguamiento.
Para los Pantanos de Villa, este plan representa una oportunidad para revertir años de deterioro. “El reto principal será asegurar la coordinación entre las autoridades locales y regionales para que las acciones se implementen de manera efectiva”, señala Soria, abogado ambientalista. La clave será diseñar un plan que no solo contemple la restauración del humedal, sino también el manejo adecuado de los residuos y la regulación de las actividades informales que lo afectan.
Soria también destaca la necesidad de involucrar a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al gobierno local de Chorrillos en la ejecución de este plan. “Los Pantanos de Villa han tenido problemas tanto en el pasado como en el presente. No se ha trabajado con el entorno y hay residuos sólidos, actividades informales y quema de residuos”, explica. «Es fundamental comenzar con un plan en Lima para ver qué obstáculos surgen y cómo superarlos», añade.
Fortalezas y debilidades de la ley
Una de las principales fortalezas de la Ley 32099 es que integra los principios de subsidiariedad y transectorialidad. “El principio de subsidiariedad es bueno porque cualquier amenaza al humedal debe ser resuelta por la autoridad más cercana. Además, la transectorialidad garantiza una acción coordinada entre las autoridades de los tres niveles: nacional, regional y local”, explica el experto. Esta coordinación es clave para enfrentar los problemas ambientales que afectan a múltiples sectores.
Otro aspecto importante es el enfoque ecosistémico, que aboga por una gestión integral de la tierra, el agua y los recursos vivos de los humedales. Esto promueve su conservación y uso sostenible bajo un enfoque justo y equitativo. “Es fundamental ver al humedal como un todo, y no fragmentarlo, porque sus problemas surgen de tratar sus componentes de manera aislada”, subraya el abogado.
Sin embargo, un reto pendiente de la ley es la falta de mecanismos claros para la participación ciudadana. Soria critica esta ausencia: “La ley nombra a las autoridades, pero no dice cómo participan los ciudadanos en esa conservación. En casos como los Pantanos de Villa o Puerto Viejo, los vecinos han sido clave en su defensa. Excluirlos debilita la efectividad de la norma”, señala, subrayando la importancia de involucrar a la comunidad en la protección de los humedales.
Zonas de amortiguamiento: una protección adicional
Un componente innovador de la Ley de Humedales es la creación de zonas de amortiguamiento, áreas adyacentes que deben protegerse para mitigar el impacto de la urbanización y otras actividades humanas. En los Pantanos de Villa, estas zonas son cruciales para reducir el daño causado por las construcciones y las industrias aledañas. Sin embargo, no será fácil implementarla debido a la gran cantidad de actividades informales en esas áreas, advierte el abogado.
Además de los Pantanos de Villa, otros humedales como los de Puerto Viejo y los de Chinchero también enfrentan graves amenazas. En Puerto Viejo, los ciudadanos han luchado contra la urbanización que pone en riesgo este espacio natural. Mientras tanto, los humedales de Chinchero han sido gravemente afectados por la modificación de los cursos de agua, lo que ha comprometido su sostenibilidad ecológica.
La nueva ley prohíbe claramente la modificación, desvío y rectificación de los cursos de agua que abastecen los humedales sin la autorización correspondiente. Soria destaca la relevancia de esta regulación: “Esto es importante porque busca evitar daños irreparables a los humedales, como lo que ya sucedió en Chinchero, donde se hicieron canales para sacar el agua de la zona”.
Un camino por recorrer
Aunque la Ley de Humedales representa un avance significativo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de los reglamentos y de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno. La supervisión y el monitoreo de las acciones que se adopten en los próximos meses serán claves para asegurar que no se conviertan en un mero documento.
“Queda una tarea importante: desarrollar normas, implementar programas de educación ambiental y fomentar la colaboración con las autoridades locales para hacer realidad esta ley. La participación ciudadana es clave en la conservación de la biodiversidad y sería un error dejarla fuera del proceso”, concluye Soria.
