SELVA CENTRAL. En el límite entre el distrito de Pichari, en la región Cusco, y el distrito de Río Tambo, en Junín, se ubica la comunidad asháninka Catungo Quimpiri. Lugar del país donde existe una fuerte presencia del narcotráfico, la tala ilegal e invasión de tierras; economías ilegales que constituyen un alto peligro para estos ciudadanos.
Desde 2019, la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 19 comunidades y 33 anexos de la cuenca del río Ene, viene trabajando para garantizar la protección de todos los miembros de esta comunidad nativa que solicita con urgencia al Gobierno poner en marcha la georreferenciación de su territorio.
Esto con el objetivo de reafirmar su seguridad jurídica para que las personas que realizan invasiones a sus tierras ancestrales tengan pleno conocimiento que su accionar constituye un delito. Pues, a pesar que la comunidad nativa cuenta con un título de propiedad inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) su territorio es constantemente vulnerado.
Sobre ello, la abogada de CARE, Irupé Cañari y el presidente de la organización indígena, Ángel Pedro Valerio, y Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad Catungo Quimpiri, conversaron con Inforegión. “Catungo Quimpiri tiene serios problemas en cuanto a invasiones de colonos cocaleros dentro de su territorio y la mayoría de ellos son migrantes. Hay una deforestación masiva del bosque para realizar el cultivo ilícito de hoja de coca, incluso, se ha encontrado ya pozos de maceración en la zona”, advierte Cañari.
En esa línea, la defensa de CARE recordó que, desde hace varios años, la jefa de la comunidad asháninka, Clementina Shinquireri Quispe, se encuentra amenazada de muerte por los grupos ilegales dedicados a estas actividades. La lideresa indígena, en octubre de 2021, solicitó protección al Estado por medio del Mecanismo Intersectorial, que brinda el Ministerio de Justicia para asegurar la vida de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, Shinquireri no ha tenido acceso a ninguna de las medidas preventivas hasta el momento.
“La jefa en la actualidad está siendo amenazada y hemos pedido la intervención del Ministerio de Justicia para que pueda estar inscrita en el Registro de Personas de Alto Riesgo. Ya hemos interpuesto muchas veces diversas denuncias ante el FEMA [La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA]”, indica la abogada.
“Ella no puede estar tranquila, tiene temor de que la puedan encontrar por ahí y la puedan desaparecer”, agrega Pedro Valerio acerca de la situación actual de la jefa de la comunidad nativa Catungo Quimpiri.
En total, desde el 2017, la comunidad nativa Catungo Quimpiri ha interpuesto 12 denuncias por delitos ambientales ante el FEMA del distrito de Ayna San Francisco, región Ayacucho. Como respuesta a ello, los grupos ilegales han presentado denuncias contra los miembros de la comunidad indígena luego que estos, como parte de sus actividades de patrullaje y vigilancia, incautaran algunos de sus objetos utilizados para talar sus bosques.
“Catungo Quimpiri ha hecho la incautación de motosierras y diversas herramientas que le sirven a los colonos para la tala ilegal, pero, incluso, las personas que han hecho el patrullaje han sido denunciadas por hurto”, señala Cañari.
Ante la compleja situación y el abandono del Estado, la autogestión y organización de CARE ha sido clave para proteger a esta y otras comunidades nativas del río Ene que se encuentran en riesgo permanente.
“Si bien existen nuestros comités de autodefensa, estos no están equipados y no tienen preparación en el tema de estrategias de poder enfrentar este tipo de problemas, pero estamos organizados y lo importante que tenemos es que aún existe el principio de solidaridad asháninka. Cualquier problema que haya nos convocamos y todos tenemos que ir a defender nuestros hermanos que están en peligro”, remarcó el presidente de CARE, Ángel Pedro Valerio.
Por todo ello, conseguir la georreferenciación de su territorio se ha convertido en una demanda urgente para garantizar su seguridad jurídica, reducir los conflictos territoriales y realizar la actualización de su plano con las coordenadas exactas. No obstante, hoy, existe la posibilidad que Catungo Quimpiri no pueda acceder al otorgamiento de este plano de propiedad localizado.
Punto de partida de la controversia
En el país, la Dirección Regional de Agricultura (DRA) es la institución encargada de llevar a cabo el trabajo de georreferenciación, el cual debe realizarse bajo las normas, directivas y lineamientos dispuestos por la Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr).
El órgano rector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que contribuye a facilitar los deslindes y titulación de predios individuales a comunidades nativas y campesinas, además de establecer las reglas para la adecuada administración de los bienes territoriales o llamados catastros a través del Sistema Catastral Rural (SCR).
El año pasado, CARE participó en distintas reuniones con representantes de la Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Geragri) y la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ). En una de ellas, la organización indígena trató de poner sobre la mesa, en un nuevo intento, su reclamo de georreferenciar la comunidad nativa Catungo Quimpiri, amenazada por el rápido avance del narcotráfico y la tala ilegal.
“La Gerencia Regional de Agricultura Cusco dijo que no tenía presupuesto y le daba la facultad a CARE de que busque ese financiamiento para que se otorgue, ya sea a la Dirección Regional de Agricultura Junín (DRAJ) o la Gerencia Regional de Agricultura Cusco a fin que se haga la georreferenciación, que ellos [Gerencia Regional de Agricultura Cusco] no tenían ningún inconveniente de quién haga el trabajo, siempre y cuando haya el financiamiento respectivo”, relata la abogada de CARE.
Tras casi un año de búsqueda del financiamiento, a inicios de este año, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el que CARE tiene un convenio, asumió el compromiso extraordinario de transferir un presupuesto para que finalmente se ejecute el trabajo de georreferenciación.
Posterior a ello, Devida se reunió en primera instancia con la Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Gregari) para dialogar sobre la realización del trabajo, pero esta habría comunicado que, por decisión unánime, dejaba en manos de la Dirección Regional de Agricultura Junín (DRAJ) su implementación. Por tal razón, el organismo antidrogas terminó transfiriendo dicho fondo a la Dirección Regional de Agricultura de Junín.
Según la Digespacr, Catungo Quimpiri, por constituirse como una comunidad nativa ubicada territorialmente en dos regiones, las dos Direcciones Regionales de Agricultura, tanto de Cusco y Junín, son competentes de realizar la georreferenciación, desde el punto donde inicia y terminan sus lados territoriales correspondientes.
Algo que para la abogada de CARE representa un grave vacío legal, ya que, a la fecha, ninguna de las instancias competentes de agricultura de las regiones involucradas se han puesto de acuerdo para evaluar cuál de las dos dependencias llevará a cabo el trabajo a favor de la comunidad nativa.
“Cuando la Digespacr ha hecho la norma se han olvidado de este tipo de casos, porque Catungo no es el único, hay muchas comunidades que territorialmente pertenecen a dos regiones”, comenta Cañari.
¿Qué opina el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego?
Durante la realización de este informe, Inforegión consultó acerca de esta controversia con Midagri. La cartera de Agricultura dijo que si bien los límites departamentales los deberán asumir ambos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa de demarcación, la georreferenciación solo podría ser hecha por Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Gregari), debido a que gran parte del territorio de Catungo Quimpiri (90% aproximadamente, asegura Midagri) se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito cusqueño de Pichari.
Sin embargo, autoridades locales cusqueñas se han opuesto públicamente a la georreferenciación a favor de la comunidad nativa, aduciendo que el Gobierno Regional de Junín intenta invadir parte del territorio que también pertenece a la región de Cusco. Entre los opositores se encuentran Hernán Palacios Tinoco; alcalde del distrito de Pichari y Alex Curi Leon; burgomaestre de la provincia de La Convención.
A fines de marzo de este año, durante una entrevista con Radio Tropikana 102.5 FM centro Vraem, el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi León, en compañía de los regidores municipales provinciales Jaime Navarro, Saul Godoy y Percy Perales, declaró que:
“No pueden hacer ningún trabajo técnico de georreferenciación cualquiera sea el objetivo y lamento decir que Devida ha financiado este trabajo, y por lo tanto, llegaremos hasta la PCM. Contundente mi posición, primero, para defender nuestro territorio, nuestra soberanía y exigir al Gobierno nacional, porque esto es un tema de competencia de la Secretaría de Demarcación Territorial”.
Sobre estas declaraciones, Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE señaló: “Nos hemos reunido en Catungo Quimpiri con la presencia del alcalde provincial de La Convención, pero ha rechazado la actividad de georeferenciación por parte de la región Junín y se ha quedado paralizado este tema. Lastimosamente, también Pichari se ha levantado en contra, aduciendo que la región Junín quiere invadir su territorio. Nosotros hemos decidido estratégicamente que el trabajo lo haga [la Dirección Regional de Agricultura de] Junín por una cuestión de viabilidad”, manifestó a este medio el presidente de CARE, Ángel Pedro Valerio.
Por su lado, la abogada de CARE, Irupé Cañari opinó que: “[La gestión provincial de La Convención y el distrito de Pichari] están politizando la georeferenciación de Catungo [Quimpiri], confundiendo el conflicto limítrofe entre Junín y Cusco, con georreferenciación, perjudicando a la comunidad, que nada tiene que ver con el conflicto entre ambas regiones”.
En esa línea, Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad nativa Catungo Quimpiri expresó su descontento, puesto que afirma que no reciben apoyo por parte de la administración local de Pichari en respuesta a sus demandas. Además, enfatizó que la georreferenciación es necesaria para evitar el avance de los invasores de tierras y personas foráneas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
«Las invasiones no se van a detener si no hacemos la georreferenciación. En mi posición, yo le dije al señor [Hernán] Palacios [alcalde distrital de Pichari] ‘nosotros le hemos pedido varias veces que nos apoye, pero no hay resultado’. Nosotros, como organización, hemos tenido que ir a buscar presupuesto a otras instituciones, pero tienen que trabajar los dos juntos [los gobiernos regionales de Junín y Cusco]», indicó Shinquireri.
Debido a este complejo panorama, tal como mencionó anteriormente el representante principal de CARE Ángel Pedro Valerio, ahora el trabajo de georreferenciación en favor de la comunidad nativa Catungo Quimpiri se encuentra paralizado. Mientras tanto, la espera y las amenazas persisten y crecen las trabas para brindar protección legal al territorio de la comunidad indígena.
Hasta el cierre de esta edición, Inforegión solicitó pedidos de consultas al alcalde del distrito de Pichari; Hernán Palacios Tinoco y el alcalde de la provincia de La Convención; Alex Curi Leon, además de la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM a fin de conocer sus versiones oficiales acerca de la situación actual de la comunidad asháninka afectada y los descargos de sus autoridades. Sin embargo, no se obtuvo respuestas.
