La ExpoAmazónica 2025 fue el escenario del Foro Amazonía Intercultural, donde líderes de los pueblos indígenas del Perú lanzaron un enérgico llamado de alerta al Estado: el actual mecanismo de protección para los defensores ambientales es ineficaz y la única vía para frenar los asesinatos es garantizar la seguridad territorial y la titulación de sus tierras.
El evento, impulsado por el Grupo Perú de Pueblos Indígenas (CONAP, Aidesep y Anecap), puso en el centro del debate la trágica cifra de más de 36 líderes amazónicos asesinados por defender sus territorios de actividades ilegales. La exposición reveló las fallas estructurales del Estado y la urgencia de construir una respuesta que nazca desde el territorio.
La debilidad del Estado frente al crimen
Los líderes indígenas fueron categóricos al denunciar la inoperatividad del mecanismo multisectorial de protección. Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, criticó que el tema no sea una prioridad en la agenda nacional y que el mecanismo tenga «poca efectividad» por falta de recursos y voluntad política.
Oseas Barbarán Sánchez, presidente de CONAP, reforzó esta crítica, recordando el asesinato de líderes como Santiago Contoricón. Señaló que la violencia, alimentada por el narcotráfico y las actividades ilegales, se extiende paulatinamente. Ambos líderes coincidieron en que, ante la ausencia del Estado, las comunidades han tenido que recurrir a sus propios mecanismos de autodefensa, como las guardias indígenas.
La cogestión como «matrimonio con el Estado»
Erick Valerio Benavides, presidente del ECA AMARCY (Ejecutor de Contrato de Administración de Reservas Comunales Yanesha), aportó la perspectiva de los pueblos indígenas que se encuentran en la primera línea de la conservación. Su intervención se centró en la necesidad de seguridad territorial y la innovación institucional.
Valerio definió la relación con el Estado como un «matrimonio con el Estado», donde las comunidades cogestionan las reservas comunales. Sin embargo, aclaró que el rol de las organizaciones como ECA es el de ejecutores, y a menudo deben crear sus propias herramientas de gestión para forzar al Estado a cumplir su rol.
«Nosotros mismos tenemos que hacer todos los procesos… de georeferenciar las comunidades… para que se haga la actualización,» explicó Valerio, destacando que las comunidades están demostrando proactivamente su capacidad para la gestión territorial.
La seguridad territorial como prioridad
El líder indígena fue enfático: «Si no tenemos seguridad territorial, ¿de qué estamos hablando que tenemos los bosques?». La falta de titulación y la superposición de derechos territoriales con concesiones y actividades ilegales siguen siendo el principal obstáculo.
Valerio celebró que el Grupo Perú de Pueblos Indígenas (al que pertenece Anecap) esté impulsando el Programa Indígena Jurisdiccional, un proyecto innovador que busca beneficiar a las comunidades en los mercados de carbono. No obstante, insistió en que el Estado debe garantizar que los pueblos indígenas participen en la elaboración de todas las propuestas y proyectos, para asegurar que estos se adapten a las realidades locales.
La base del reclamo es el derecho a la autonomía. Valerio citó el caso de las comunidades de México, que tienen la autonomía para crear y pagar sus propios sistemas de educación, como ejemplos de experiencias que el Perú debería replicar. Con su intervención, el líder indígena de ECA AMARCY dejó claro que las organizaciones indígenas no solo reclaman, sino que están construyendo las herramientas para ser protagonistas del desarrollo sostenible de la Amazonía.
Titulación de tierras como prevención urgente
Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), aportó una visión crítica sobre la respuesta estatal. Señaló que el problema es más profundo que la cifra de asesinados, pues existen más de 500 casos de riesgo que involucran a 700 personas que viven con miedo.
Che Piu ilustró la ineficacia del Estado con un dato demoledor: el protocolo de urgencia del Ministerio del Interior para atender a los defensores, que debía aprobarse en 30 días, lleva más de 1500 días de retraso debido a la alta rotación de ministros. Además, advirtió que la policía tarda hasta seis horas en llegar a zonas rurales amenazadas.
Sus propuestas se centraron en la prevención y el fortalecimiento territorial:
1. Seguridad Jurídica: Enfocarse en la prevención, es decir, titular las tierras indígenas. La falta de claridad en los derechos territoriales es un caldo de cultivo para la criminalidad y las amenazas.
2. Gobernanza Comunal: Fortalecer las guardias indígenas y las jurisdicciones comunales, ya que el Estado no puede proteger a los defensores por sí solo en zonas de difícil acceso.
3. Interoperabilidad: Exigir que la información sobre defensores amenazados (como el caso de Santiago Contoricon se comparta entre los distintos ministerios (Justicia, Interior).
El foro concluyó que la protección de los defensores no es solo un tema de derechos humanos, sino una estrategia climática urgente. Los líderes indígenas demandan que el mecanismo de protección se eleve a la categoría de sistema, con recursos y un marco legal sólido que reconozca a las comunidades como los verdaderos guardianes del patrimonio nacional.
