Ucayali se ha convertido en uno de los principales epicentros de la expansión del narcotráfico en la Amazonía peruana, lo cual está afectando gravemente a territorios y comunidades como el pueblo kakataibo. Según un reciente informe interinstitucional, liderado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), se revela un alarmante aumento de pistas de aterrizaje clandestinas en esta región, utilizadas por las organizaciones delictivas para transportar cocaína hacia otros países, como Bolivia y Brasil.
El informe, titulado ‘Estudio sobre la dinámica de la cocaína en Perú’, se basa en el análisis de los decomisos realizados por la Policía Nacional entre octubre de 2020 y octubre de 2022. Durante este período, se identificaron un total de 311 pistas clandestinas en todo el territorio peruano mediante el uso de imágenes satelitales. Entre estas, 45 fueron localizadas en Bajo Ucayali, 24 en Aguaytía y 9 en Callería.
Según el informe, los grupos criminales financian la apertura de estas pistas en áreas sin supervisión estatal o en territorios de poblaciones vulnerables como las comunidades nativas, lo que advierte la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en estas zonas. Solo en Bajo Ucayali y Aguaytía, se han identificado 16 pistas clandestinas ubicadas en comunidades nativas.
Pistas clandestinas en territorios de comunidades nativas
El 21 de marzo de 2023, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) y Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) presentaron una carta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta señalaron que el Pueblo Indígena en Aislamiento Kakataibo, que reside en y alrededor de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada entre las regiones Loreto, Ucayali y Huánuco, enfrenta violaciones y amenazas inminentes a su vida y salud. Ello debido a las invasiones masivas de su territorio, deforestación por cultivos ilícitos, construcción de caminos forestales ilegales y pistas de aterrizaje clandestinas dentro de la reserva.
Se detalla que mediante imágenes satelitales, las organizaciones indígenas que monitorean el territorio kakataibo, detectaron por primera vez desde la creación de la reserva en julio de 2021, la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas. La primera, ubicada en el sector norte, fue identificada en mayo de 2022, mientras que la segunda, en el sector sur, fue encontrada en enero de 2023. Estos descubrimientos, junto con la aparición de otras dos pistas fuera de la reserva, en la comunidad nativa de Puerto Azul, fueron reportados al Ministerio de Cultura.
Un año más tarde, en marzo de 2024, otro sobrevuelo corroboró la existencia de tres pistas clandestinas en la reserva. Además, se constató que estas habían experimentado un considerable aumento en su tamaño, como señaló Herlin Odicio, vicepresidente de Orau, durante una entrevista con Inforegión. Según el líder, en el territorio kakataibo que forma parte de la región de Huánuco, los comuneros instalaron un alambrado para impedir el avance de los colonos. Sin embargo, una fotografía revela que uno de ellos, visiblemente armado, está desmontando esta medida de protección.
Otras actividades ilegales
Por su parte, Miguel Macedo, coordinador del Área de Políticas Públicas y Gestión de los Bienes Comunes del Instituto del Bien Común (IBC), resaltó en entrevista con Inforegión que desde hace años el territorio kakataibo enfrenta una constante presión y amenazas por parte de sectores extractivos.
Además, destacó que existe superposición con lotes petroleros o concesiones en áreas donde las comunidades están solicitando ampliaciones o títulos. “Esta presión proviene de actores legales e ilegales, incluyendo aquellos que esconden actividades ilícitas, como el lavado de madera a través de concesiones forestales mientras realizan trabajos fuera de norma en las comunidades”, señala.
Consecuencias sociales
Miguel Macedo menciona que durante la pandemia la situación se intensificó: «La atención del Estado estuvo concentrada principalmente en las zonas urbanas, dejando inicialmente desatendidas a las zonas rurales. Esto resultó en una especie de ley del más fuerte, donde hubo mayor libertad para invadir, amenazar e incluso cometer asesinatos”. En este contexto se produjo el trágico asesinato de Arbildo Melendez, líder kakataibo.
El líder de Orau también manifestó que la creciente expansión de la producción de hoja de coca y la tala clandestina de madera da lugar a la explotación sexual de menores captadas de comunidades indígenas. «También hay asesinatos de mochileros, que son jóvenes capturados que se van a cosechar la hoja de coca y cuando hacen el primer y segundo viaje les pagan, pero al tercero ya no y los matan. Esto está muy fuerte en la zona de Atalaya», denuncia Odicio.
Ante la falta de acción estatal, los pueblos indígenas han tenido que tomar medidas por su propia cuenta. «En el 2021, como pueblo Kakataibo, nos unimos para formar guardias indígenas que lograron capturar al asesino del dirigente Melendez. Ahora estamos considerando la implementación de la justicia indígena en nuestro territorio para protegernos, ya que algunos líderes se enfrentan a amenazas y se resisten a salir», advierte el vicepresidente de Orau.
Destinos principales de la producción de cocaína
El informe también revela que solo en 2022 hubo un incremento del 17.8% de la superficie cultivada a nivel nacional, alcanzando las 95 008 hectáreas, con 20 zonas de producción identificadas. Mientras que el transporte aéreo ilícito se convirtió en una opción preferida por los grupos criminales en Ucayali, dada la escasa conectividad terrestre y la cercanía a las fronteras.
Los vuelos no autorizados transportan principalmente cocaína base hacia Bolivia, considerado como lugar de tránsito, y en menor medida hacia Brasil. «Esta dinámica evidencia la creciente producción de cocaína base en el Perú, que ha superado en volumen a la del clorhidrato de cocaína, destinada principalmente a la exportación», destaca el estudio.
En cuanto a los destinos finales, Bolivia lidera el ranking con el 38.96% de los decomisos registrados, seguida por Países Bajos, Estados Unidos y España. No obstante, el informe también advierte sobre el abastecimiento a mercados emergentes en Asia, África y Oceanía, lo que sugiere una posible expansión futura de la demanda global.
Ante esta situación, las autoridades peruanas enfrentan el desafío de fortalecer sus estrategias de control y vigilancia en las zonas de mayor riesgo, en coordinación con las comunidades locales, para frenar la creciente influencia del narcotráfico en la Amazonía, así como de otras actividades ilegales.
