Hoy se conmemora el Día Nacional contra la Trata de Personas, un delito que afecta a casi seis peruanos cada día. Pese a la magnitud del problema, en 2024 el Estado peruano ejecutó apenas 2,6 millones de soles para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas, cifra equivalente a solo S/ 0,076 por habitante. El monto representa el 0,001 % del Presupuesto General de la República.
Desde 2020, el Ministerio Público ha registrado más de 13 600 víctimas, y según CHS Alternativo, organización especializada en derechos humanos, el presupuesto inicial de 21,8 millones de soles fue recortado primero a 11 millones y, finalmente, solo se ejecutaron los 2,6 millones mencionados.
Incumplimiento de una obligación legal
Desde 2019, la Ley 30925 obliga al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a coordinar con el Ministerio del Interior (Mininter) la implementación de un programa presupuestal multisectorial orientado a resultados. El plazo legal para cumplir con esta disposición era de 180 días. Sin embargo, han pasado más de 2,300 días sin que esta obligación se concrete.
“El presupuesto ejecutado para la trata en 2024 equivale a apenas el 0,001 % del Presupuesto General de la República, es decir, 0,076 soles por persona al año. Esta cifra refleja la escasa prioridad que el Estado le da a un delito que afecta sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
Valdés también advirtió que solo 12 de los 42 servicios contemplados en la Política Nacional contra la Trata de Personas cuentan con financiamiento específico, lo que genera una cadena de deficiencias en la prevención, detección y atención a las víctimas.
Falta de rendición de cuentas y debilidad institucional
Desde el año 2017, el Ejecutivo no informa al Pleno del Congreso sobre los avances en la implementación de la Política Nacional contra la Trata, a pesar de que esta rendición de cuentas estaba establecida como una obligación. En 2024, esta responsabilidad fue reducida, y ahora el informe se presenta únicamente a las comisiones de Justicia y de la Mujer.
Para CHS Alternativo, esta decisión invisibiliza la dimensión criminal y transnacional del delito. La organización considera necesario evaluar y reformular la política vigente al 2030, ya que no aborda adecuadamente aspectos críticos como el crimen organizado, la migración y la normalización de la violencia.
Baja respuesta judicial y riesgo de impunidad
El Ministerio Público ha registrado 7790 denuncias por trata de personas entre 2020 y 2025. Sin embargo, solo 498 casos, el 6,4 %, culminaron en una sentencia. Este dato refleja la debilidad del sistema de justicia penal frente a este tipo de crimen.
Además, la falta de presupuesto afecta directamente las acciones de las fiscalías especializadas. “Sin presupuesto no se puede garantizar justicia ni protección a las víctimas”, advirtió Berenice Romero, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
Contexto de violencia y criminalidad
La expansión de redes vinculadas a economías ilegales, como la minería ilegal y el narcotráfico, ha agravado la situación. Según CHS Alternativo, estos grupos aprovechan la pobreza, la informalidad y la falta de control estatal para operar con impunidad.
Por otro lado, los niveles de tolerancia hacia la violencia de género también inciden en la persistencia del delito. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del INEI (2024), tres de cada cuatro personas justifican o minimizan agresiones, mientras que el 71,3 % aprueba actitudes sexistas. Más de la mitad de los hombres (56,5 %) justifica la violación sexual.
Llamado a una respuesta urgente
En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, CHS Alternativo reiteró su pedido al Ejecutivo y al Congreso para que asuman su responsabilidad frente a este delito. Entre las demandas se encuentran la creación de un programa presupuestal específico, la restitución de la rendición de cuentas ante el Pleno del Congreso, y el fortalecimiento de las fiscalías, la Policía Nacional y los servicios de atención a víctimas.
“El combate contra la trata de personas no es opcional; es un deber ineludible del Estado”, señaló la organización en su pronunciamiento oficial. La situación actual, remarcan, requiere medidas urgentes y sostenidas, no solo declaraciones ni esfuerzos parciales.
