Los días 22 y 23 de agosto se desarrolló el segundo encuentro de Tejiendo Ciudadanía en la ciudad de Trujillo. Este evento reunió a representantes del sector público, privado, sociedad civil y academia para abordar los principales desafíos que enfrenta la macrorregión norte del país. Organizado por la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), La República, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Red Científica Peruana, el encuentro se centró en la búsqueda de soluciones integrales a problemas como el crimen organizado, la migración, la gestión del agua, la educación y la salud.
Criminalidad y economías ilegales
Durante las discusiones, uno de los temas más debatidos fue la lucha contra la criminalidad y las economías ilegales. El coronel, Santos Arteaga, de la III Macro Región Policial de La Libertad, señaló la necesidad de un enfoque preventivo: «Estudiemos las causas del problema: ¿qué genera la minería ilegal, la trata de personas y el crimen organizado? Si no se aborda el origen, el problema seguirá surgiendo en cada lugar donde ataquemos».
Esta preocupación fue compartida por Pablo de la Flor, representante de Minera Poderosa, quien resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades policiales. «Es fundamental fortalecer las capacidades policiales, y eso pasa por tener presupuesto de capacitación orientado a dar pericias y competencias para intervenir en socavones, que es una actividad nueva para la policía», expresó.
Migración, gestión del agua y riesgo de desastres
Otro tema crucial fue la migración. Martha Silvestre, ex superintendenta de Migraciones, abogó por el desarrollo de políticas públicas con un enfoque multidimensional. Esto con el fin de facilitar la integración de los migrantes en la sociedad peruana. Carol Vera, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, respaldó esta iniciativa. Además, enfatizó la importancia de reconocer el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para garantizar el acceso de los migrantes a servicios básicos.
En cuanto a la gestión del agua y el riesgo de desastres, Melissa Donet del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (Cedepas) reveló datos alarmantes: aunque el 90% de la población en La Libertad tiene acceso al agua, solo el 25% dispone de agua clorada. Sobre este problema, la especialista destacó la necesidad de políticas de conservación de recursos hídricos, especialmente en áreas afectadas por la minería informal.
En cuanto a la gestión de riesgos, Fernando Biffi, director del Plan Hidráulico del Gobierno Regional de Piura, criticó la falta de coordinación y supervisión en la prevención de inundaciones. Propuso una mayor fiscalización y cooperación entre los niveles de gobierno para evitar pérdidas de inversión y mejorar la respuesta a desastres.
Salud y educación
El acceso a servicios de salud y educación de calidad también fue objeto de discusión. El exministro de Salud, Hernando Cevallos, abogó por una reforma integral del sector salud. Esta debería contemplar una revisión de los recursos humanos y la implementación de un sistema de salud unificado.
Por su parte, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajun-Wampis, denunció la violencia sexual que afecta a más de 500 niñas y niños en Condorcanqui, perpetrada por el personal educativo. Pioc pidió un reordenamiento de los servicios educativos y la implementación de políticas de protección para la comunidad estudiantil.
Participación del público
La participación ciudadana también fue un componente vital del encuentro. Rayssa Hija, de la iniciativa juvenil RedPública, alertó sobre la escasez de agua en Cajamarca y propuso campañas de concientización y la construcción de reservorios. Alisson Molin, por su parte, destacó la necesidad de educación sexual en las escuelas para prevenir la violencia sexual.
