El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) decidió ampliar hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para culminar la transferencia de funciones de fiscalización ambiental en los subsectores Transportes, Comunicaciones y Saneamiento. La medida, adoptada tras nuevos retrasos, vuelve a extender un proceso nacional diseñado para concentrar la supervisión ambiental en una autoridad especializada.
La ampliación implica que los procedimientos sancionadores y administrativos iniciados antes de que concluya la transferencia seguirán bajo responsabilidad de los ministerios sectoriales, hasta que se emitan resoluciones administrativas firmes. En la práctica, el esquema actual se mantiene por más tiempo, pese a los cuestionamientos que arrastra desde hace años.
Un cronograma que se dilata
El proceso de transferencia fue establecido mediante el Decreto Supremo N.° 006-2023-MINAM, publicado en mayo de 2023. Este fijó un calendario progresivo que incluía a varios ministerios, entre ellos Educación, Salud, Defensa, Cultura, Vivienda, Transportes y Comunicaciones. Para el MTC, tanto en Transporte como en Comunicaciones, el inicio estaba previsto para el segundo trimestre de 2025.
Sin embargo, los plazos se han ido ajustando por retrasos acumulados. Las resoluciones recientes del Consejo Directivo del OEFA justifican la prórroga en la necesidad de que las comisiones de transferencia completen de manera ordenada la entrega de competencias, recursos, acervo documentario y personal, conforme a la Ley N.° 29325 del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Transición prolongada, control fragmentado
Durante esta etapa, los procedimientos administrativos y los actos en curso ante el Senace relacionados con certificación ambiental continúan rigiéndose por las normas vigentes al momento de su inicio, salvo solicitud expresa de las partes interesadas. Aunque el marco legal está claramente definido, la prolongación del proceso mantiene un esquema de control fragmentado.
Desde una mirada crítica, la reiteración de prórrogas pone en cuestión la capacidad del Estado para concretar una reforma institucional anunciada como estructural. Cada extensión posterga la consolidación de una fiscalización ambiental estandarizada y especializada, especialmente en sectores con alto impacto territorial.
Lo que está en juego
El OEFA, como entidad autónoma con experiencia en fiscalización ambiental, tiene la capacidad de fortalecer la institucionalidad, elevar la calidad de las supervisiones y enfrentar la informalidad e ilegalidad en sectores estratégicos. Cada postergación retrasa ese escenario y mantiene debilidades conocidas en el sistema de control estatal.
